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¡Y esa máquina tapahuecos no sirvió, no!

¡Y esa máquina tapahuecos no sirvió, no!

La noticia es demoledora: la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de 10 años a María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora General de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá. ¿Por qué? Por las irregularidades presentadas con la contratación de la llamada máquina tapahuecos. Así se cierra un capítulo más de una historia de ilusión que empezó muchos meses atrás.

En efecto, para los bogotanos que transitan por las calles sorteando cientos de miles de huecos y cráteres, las palabras máquina tapahuecos parecían un sortilegio, algún tipo de hechizo que iba a reconstruir las vías de la ciudad. Pues resulta que es, realmente, apenas una máquina que no hace milagros.

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María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora General de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, durante la lectura del fallo en su contra.

En un principio se creyó que era un elemento prodigioso. Tanto que mereció un viaje del alcalde Gustavo Petro a Londres para conocerla y ordenar su compra. Lo que ningún mandatario de la ciudad había logrado en administraciones pasadas, lo iba a hacer él: desaparecer de la faz de la tierra –inyectando asfalto- a los 220,000 huecos que florecen por todas partes.

La meta, acordada con le empresa Green Patcher en el contrato que se firmó el 27 de diciembre del 2013, era rellenar 60 mil huecos. Hoy, según registros de la UMV, se han rellenado 15,804. Es decir, falta por cumplir con el 70% de la meta. Además, según denuncias de muchos vecinos, varios de los ya tapados son tercos y vuelven a germinar como si nada.

Por eso, se produjo la destitución. Según argumentos de la procuradora, María Gilma Gómez se celebró un contrato bajo ciencia y tecnología cuando debía ser de obras de infraestructura.

El contrato, por ser por un monto superior a los 11.000 millones de pesos, debía celebrarse por medio de una licitación pública y la ex directora lo celebró con contratación directa.

Además de las críticas y las severas sanciones, la situación no parece que vaya a terminar así nada más. También están esperando una decisión de la Procuraduría, María Constanza Aguja Zamora, secretaria general de la UMV; y Olga Patricia Mendoza Navarro, asesora jurídica de la entidad.

Las irregularidades fueron expuestas a la atención pública por el concejal de partido Mira, Jaime Cardoso. En enero del año pasado denunció a Green Patcher como una empresa falsa constituida seis meses antes de la firma del contrato con activos cercanos a los cinco millones de pesos. Esta acusación resultó en la imputación de cargos contra el actor Juan Pablo Posada, gestor de la constitución de la empresa cuestionada.

Hoy las calles de Bogotá siguen llenas de huecos y la magia no está en las cuatro máquinas que no han podido taparlos. Lo que sí ha aumentado es la pericia de motociclistas y conductores de vehículos para esquivarlos.

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