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Cárcel para Paola Salgado y los demás imputados

En síntesis existen dos Paolas Salgado. La una, es una vehemente defensora de la vida, que pasa horas enteras brindando su conocimiento a las víctimas del conflicto, en especial a las mujeres; y la otra, un ser que representa un peligro para la sociedad. Esa es a primera vista la conclusión de lo ocurrido con el desenlace judicial del caso que ha centrado la atención de los bogotanos.

En efecto, las miradas estaban puestas sobre Paola Andrea Salgado Piedrahíta no sólo por sus antecedentes de trabajo social sino porque tiene contratos con la administración distrital.  La jueza 72 de control de garantías de Bogotá decidió que ella y las otras doce personas detenidas el pasado 8 de julio, y señaladas como las presuntas responsables de hechos terroristas cometidos durante un disturbio que se presentó en la capital en 2014, debían ser cobijados con medida de aseguramiento.

Los detenidos están acusados por los delitos de terrorismo, rebelión, violencia contra servidor público y tráfico, porte y fabricación de elementos explosivos. De esta manera la jueza acogió los argumentos presentados por la Fiscalía en el sentido en que las personas capturadas representaban un riesgo para la sociedad.  (Vea  Otro capítulo de los falsos positivos judiciales)

Además de Paola, la decisión cobija a David Camilo Rodríguez alias ‘El Profe’; Herley Lamprea, Jerson Yacumal, Sergio Segura, Luis Daniel Jiménez, Andrés Parra, Víctor Ariza, Félix Gutiérrez, Stefanny Romo, Daniel Eduardo Muñoz, John Fernando y Lizeth Acosta Bogotá.

El diario bogotano habló con uno de los abogados de la defensa que aseguró que “esta misma tarde (marte) se interpondrá ante el tribunal el recurso de apelación, es decir, pedirle a un juez superior que reconsidere la decisión que tomó la jueza”. Es muy posible que el Inpec indique como sitio de detención La Modelo, señaló el abogado. Ella, por su parte, podría ir a El Buen Pastor.

Paola Salgado estaba junto a su pareja sentimental en su residencia en el barrio Nicolás Federman, cuando hombres de la Policía y la Fiscalía la detuvieron en un allanamiento autorizado por el ente acusador al tener pistar de ser integrante del ELN.

La contratista del Hospital de Suba y reconocida activista por los derechos sexuales de la mujer, inicialmente fue señalada por el vicefiscal general de la Nación Jorge Perdomo de ser terrorista. La acusación fue recogida por el presidente Juan Manuel Santos quien aplaudió la rápida y eficaz respuesta de las autoridades pues apenas cinco días atrás la ciudad había entrado en pánico por dos explosiones, una en el centro financiero y otra en la zona de Puente Aranda.

A Paola Salgado, abogada de la Universidad Nacional, salieron a defenderla varias organizaciones. Entre ellas, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que alertó de que los capturados, varios de ellos activistas, estudiantes y comunicadores, eran sindicados, pero no había decisiones judiciales que los declararan culpables. En un comunicado, por su parte, el Congreso de los Pueblos declaró que en el grupo hay varios de sus integrantes y “las detenciones estaban encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social”. Se habló incluso de un “falso positivo” judicial.

La juez, sin embargo, conceptuó lo contrario.  “El hecho de que sean jóvenes, estudiantes y líderes no los exime de su buen comportamiento y del cumplimiento de las normas”, sentenció. “Si los dejamos en libertad no solo podrían entorpecer la investigación sobre una serie de atentados en Bogotá, tratando de influir sobre testigos, sino que además podrían poner en peligro a la Universidad Nacional”, concluyó en su argumentación.

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