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Ni privatizar ni estatalizar son, de por sí, panaceas para mejorar la eficiencia y el cumplimiento de la misión social de las empresas.

Cuándo privatizar y cuándo no: basuras, acueducto y telecomunicaciones

Columna publicada por el diario El Espectador

En el caso de las empresas de acueducto y teléfonos de Bogotá, privatizarlas como propone Peñalosa puede ser tan mala idea como la estatalización de la recolección de basuras bajo Petro.

En muchos casos la empresa privada es mejor para la sociedad que la estatal, incluso en la pro-visión de ciertos servicios que se suelen llamar públicos. La recolección privada de basuras en Bogotá es un buen ejemplo. Su relativa eficacia se debe a que es posible montarle competencia a las empresas recolectoras de basura actuales desde el mismo sector privado, por lo cual hay que mantener los precios bajos y un servicio de buena calidad. Si no, la empresa se arriesga a perder el contrato.

Pero estas condiciones no se cumplen en el caso de los que se conocen como monopolios natu-rales, que incluyen el acueducto y buena parte de las telecomunicaciones. Dichos servicios pú-blicos son distintos, no tanto porque sean o no un derecho de la ciudadanía (si bien es cierto que lo son) sino porque su gran escala los hace fundamentalmente distintos de otras empresas a la hora de competir con ellos.

Tomemos el caso del acueducto. Para competir con el acueducto habría que realizar una inver-sión monstruosa en infraestructura antes de obtener el primer cliente, y el costo del servicio a ese primer cliente sería de billones de pesos. Por el contrario, para el acueducto ya establecido el costo de proveerle el servicio a ese mismo cliente es insignificante, y siempre podrá ofrecer precios más bajos que los de cualquier competidor potencial.

Tan peregrino sería tratar de competir con el acueducto que ningún empresario lo haría. No sería rentable. Y sin competencia, así esté en manos privadas, el acueducto no tendría incentivos pa-ra dar buen servicio al cliente (igual que sucede con ciertas empresas estatales). Pero además, y al contrario de lo que sucede con las empresas estatales, su objetivo principal sería maximizar ganancias en vez de asegurar acceso al servicio para todos a precios razonables. Sería lo peor de todos los mundos: ineficiencia burocrática y precios de usura.

Existe la opción de regular los precios de un monopolio privado en vez de esperar que le hagan competencia. Pero esta es una tarea difícil, que requiere montar toda una burocracia dedicada a la regulación. Y al monopolista privado le queda fácil, con sus recursos casi ilimitados, socavar la regulación de precios a punta de onerosas leguleyadas. Es por eso que estos monopolios na-turales deben mantenerse en manos del distrito.

El antagonismo entre una derecha que quiere privatizar y desregular por doquier, y una izquierda que quiere nacionalizarlo todo, demuestra un desconocimiento de principios económicos básicos por parte de todos los partidos. Decepciona, en particular, este tipo de propuestas por parte de una administración que se precia de tecnocrática.

Luis Carlos Reyes, Ph.D., Profesor Asistente, Departamento de Economía, Universidad Javeriana

 

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