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De la destitución de Alcaldes o la puerta giratoria de la anti democracia

@ecofilo28

Es importante aclarar que quien escribe estas palabras no votó en octubre de 2015 por el entonces candidato a la alcaldía de Bogotá Enrique Peñalosa. Por ende, esto no se convierte en una tribuna de defensa de una persona de la cual personalmente no apruebo la gestión que le ha dado a la ciudad. En las últimas semanas, el tema de la destitución de alcaldes -el cual llega a la centena de casos, es decir el 10% de los municipios del país- ha estado altamente registrado por la prensa nacional, en especial porque dentro de ese “paquete” de alcaldes se encuentra el de la capital de la República.

El tema de fondo aquí es pensar el papel que juega nuestro modelo político democrático. Bien es sabido que la tan llamada, defendida, agredida y poco comprendida democracia, otorga el poder justamente al pueblo a través de un proceso de representación o delegación que la sociedad delega sobre las personas que considera las más aptas para representarlos y defender sus intereses. En ese orden de ideas si yo como votante delego el poder a una persona determinada, debería tener igualmente el poder de destituirla si esta persona no llegase a cumplir con los deberes impuestos.

Una de las grades preguntas que se deben hacer en torno a la destitución del alcalde Enrique Peñalosa es saber quiénes votaron por él. Difícil cuestión en un país en donde el voto es (y debe seguir siendo) secreto. Pero la pregunta propuesta toma sentido si se pudiera contrastar aquellas personas que votaron por él (cerca de 900 mil) y los dos millones y medio de personas que podían votar en aquella fecha y no lo hicieron sean las razones por las que lo hayan decidido. Entonces si aquellas personas que no votaron se encuentran en los firmantes para destituir al alcalde vemos que de una forma u otra están pasando por encima de la decisión de cerca de un millón de bogotanos que decidieron ir a las urnas y apoyar a su candidato. Cierto es que la democracia es la dictadura de las minorías y que está lejos de ser el modelo perfecto, pero es el que tenemos y hasta que la constitución no disponga de lo contrario debemos ajustarnos a nuestras reglas. Ahora bien, los que apoyan la destitución del alcalde pueden ser también parte de los más de 1.5 millones de personas que votaron por candidatos como Clara López (a quien se dirigió mi voto), Rafael Pardo o Francisco Santos. Entonces, esto también podría ser visto como revanchismo político buscando ajustar cuentas con Peñalosa ante el fracaso del candidato de su preferencia. También podría ser tomado como acción política de oposición de sectores petristas que han convertido la bandera de Bogotá Humana en tribuno de oposición a Bogotá mejor para todos. Lo que sería triste y preocupante es que la movilización por la destitución del alcalde de Bogotá y de otros municipios sea por motivos políticos y no realmente por razones del orden administrativo y de la eficacia de las gestiones de dichos alcaldes.

Tan pronto como el alcalde cumplió los primeros 365 días en el palacio Liévano comenzó la recolección de firmas y lograron sin duda alguna una labor genuina al recoger cerca de 600 mil firmas de las 200 mil requeridas. Pero, ¿podemos juzgar al alcalde solamente al haber cumplido un cuarto de su mandato? Considero que es temprano para lanzar esos juicios.
Lo que está sucediendo en Colombia puede ser una puerta giratoria para que, a través de la destitución de funcionarios electos popularmente, pueda ser contraídos, desde un punto de vista político, a través de estos mecanismos.

Esto tiene dos implicaciones, la primera, como lo manifesté anteriormente, atenta contra la voz de la minoría (insisto, somos más de 8 millones de bogotanos y a Peñalosa lo eligieron menos de un millón de personas, es la inmensa minoría, cierto, pero es la regla del juego que todos hemos aceptado) que votó por el alcalde Peñalosa. Cierto es que su voto se concentró en sectores de las clases medias y altas, y de allí que las políticas establecidas vayan en detrimento de los sectores populares que se habían visto beneficiados por más de una década de gobiernos de izquierda. El otro aspecto destacable es que, en aras de la defensa de los funcionarios por defenderse y mantenerse en sus cargos, descuiden el que hacer de sus administraciones. Bien fue sabido como la lucha entre el funesto ex Procurador (y por desfortuna hoy candidato a la presidencia) Alejandro Ordoñez y el ex alcalde Gustavo Petro llevo a este último a dar una dura y justa pelea por mantenerse en su cargo. No obstante, esta lucha consumió parte de sus energías en la defensa más que en la gestión de los asuntos más importantes de la agenda administrativa.

Llegar a una suerte de “destitucionistis” que se convierta en deporte nacional no hace más que afectar la democracia que tanto creemos defender. Este tipo de figuras deben ser utilizadas con cuidado, con respeto de las instituciones (las destituciones generan malestar e inestabilidad, no permiten el avance y progreso de las políticas públicas y generan inconformidad en los electores) y especialmente con conciencia ciudadana de hacer lo correcto. El día que se compruebe la apropiación de recursos públicos o cualquier otra infracción por parte de funcionarios públicos, yo seré el primero en firmar por su destitución, pero no lo haré por una suerte de revanchismo político que pueda poner en riesgo la estabilidad institucional, sino por un reflexión personal y ciudadana de respeto y compromiso colectivo. Sin duda el debate está abierto, pero antes de las críticas, pongamos por encima de nuestros egos esa pasión por la cosa pública que nos enseñaron los antiguos griegos y romanos.

Finalmente, mi intensión con esta crítica es invitar a que la ciudadanía en general se apropie del voto como elemento fundamental de participación política.

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