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Habitantes de la calle serán tratados directamente por el Estado

Foto: Giuseppe Restrepo.
2.600 habitantes de calle pasan al mes por los Centros de Protección para la Vida.

 

El Decreto 1500 de 2014 definió a los habitantes de calle de Medellín con incapacidades mentales como interdictos, por este motivo el Estado intervendrá directamente a estas personas. De acuerdo con el secretario de Inclusión Social, Héctor Fabián Betancur, surgió: “Con el objetivo de proteger a estas personas”.

Según el secretario, en el área metropolitana hay 3.200 habitantes de calle, de los cuales aseguró que “no todo habitante de calle es interdicto. Aún no hay una cifra oficial de cuantos hay”. Para ellos, la Alcaldía invierte alrededor de $3.200 millones al mes, un promedio de $1’000.000 por cada uno.

La subsecretaria de Grupos Poblacionales, Luz Aída Rendón, señaló que “el primer requisito que se tiene para ser declarado interdicto es el consumo de sustancias psicoactivas. En la Avenida del Río hay un potencial muy alto”. También aclaró que “este decreto marca la ruta de protocolo de cómo se debe tratar a esta población”. Que cuenta con varias etapas: “llevarlos a centros de protección, luego al Hospital Mental, luego a la fase de urgencias, al Hospital de Estabilización, a la granja de resocialización y, por último, el egreso productivo”.

La Secretaría de Seguridad lidera intervenciones con habitantes de calle desde diciembre de 2014. En este realizaron seis operativos en el sector de la Avenida del Río, durante estos procedimientos fueron conducidos 472 habitantes de calle a los Centros de Protección para la Vida. Sobre estos operativos el secretario de Seguridad, Sergio Vargas, dijo que “los que tienen una condición mucho más grave y requieren una interdicción van a varios centros dispuestos para poder sacarlos de la calle”.

El personero de Medellín, Rodrigo Ardila,  afirmó que “interdictos son personas que no son cuerdas mentalmente y que no pueden representarse por sí mismas”, en ese sentido sostuvo que “desde la Personería se realizó una serie de recomendaciones a la Fiscalía y a la Policía para proteger sus derechos. Todavía no hay una política pública para los habitantes de calle”.

Sin embargo, para el secretario de Inclusión Social esta situación no es alarmante, teniendo en cuenta que “todas las ciudades tienen habitantes de calle, es que eso es una decisión personal. Lo cierto es que allí hay personas que están enfermas por un tema de drogadicción”, además agregó que “nosotros resocializamos 100 personas al año, pero el consumo aumenta. Por eso hemos tenido la tasa estable”.

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