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En este momento en el que, según las Farc, la paz “pasa por un tramo de dificultades” vale la pena tratar de entender cuáles son su promesa y potencial.

¿La paz para qué?

Un ejemplo notable de una y otro, que por desgracia se ha perdido un poco en nuestro habitual fárrago de sobresaltos cotidianos, es el acuerdo sobre desaparecidos al que llegaron el Gobierno y la insurgencia.

La desaparición es uno de los grandes delitos ignorados del conflicto colombiano. Me atrevo a decir que, junto con las masacres, es el peor caso de silencio cómplice que hemos sufrido. Pese a su atrocidad y a su enorme potencial de destrucción del tejido social, nunca entró a nuestro debate público. Esa indiferencia rayana en la complicidad se reflejó también en los diseños institucionales y las políticas estatales. Los buenos volúmenes que sacó el Centro de Memoria sobre la materia registran cuántos meandros se tuvieron que vadear para que al fin la desaparición fuera reconocida como un delito independiente. Y no se necesita ser un memorioso profesional para recordar que hubo una política anti-homicidios, y otra anti-secuestro, y aún una anti-desplazamiento —que comenzó de manera tardía y a regañadientes, obligada por la Corte Constitucional: pero política al fin y al cabo—. No hay nada que se compare en el lóbrego mundo de la desaparición. Pese a los esfuerzos de las víctimas, nunca arrancó una política propiamente dicha contra ella. Hay una unidad en la Fiscalía, y un par de orientaciones sin muchos dientes. Y pare de contar. Varios paramilitares han relatado en Justicia y Paz que desaparecían a la gente, en lugar de dejar tirado el cadáver, para evitar que se les “calentara” el territorio. Es que sabían que desapareciendo prácticamente garantizaban el silencio del Estado y la sociedad.

No: no se trata de un delito atroz pero cuya ocurrencia sea relativamente esporádica. El RUV, la principal base de datos estatal sobre víctimas del conflicto, registra más de 90.000 afectados por la desaparición, de los cuales la mitad aproximadamente son “víctimas directas” de diversos perpetradores. Ya estoy en condiciones de decir sin muchas dudas que creo que esto es una grosera subestimación —no, obviamente, porque sugiera que hay manipulación de las cifras, sino por el diseño del RUV así como por las especificidades del delito—. Miles, acaso decenas de miles, de desaparecidos están aún por contabilizar. Son números e historias que no se pueden ignorar, que no pueden quedar en el olvido.

Y que ahora, gracias a los acuerdos que van saliendo del proceso, podrán recuperarse. Esto implica echar a andar un proceso de reconstrucción social, institucional y moral que no hubiera sido posible sin la paz. Quizás nos evitemos una segunda, también terrible, desaparición de estas víctimas. Cuánto se equivoca el Consejo Gremial cuando sugiere que lo único que resolverá la paz será la entrada de un par de sediciosos a la vida civil, porque es más barato y más simple. De hecho, el Consejo escoge en su misiva el peor ejemplo de todos los malos ejemplos posibles para ilustrar su punto: el del modelo de desarrollo agrario. Pero a eso me tendré que referir por separado. El asunto es que esta paz tiene muchos sentidos. Uno en efecto es el de la terminación de una guerra brutal por medios expeditos y factibles. Pero otro es el de la apertura de ventanas de oportunidad para llevar a cabo reformas y políticas que hubieran sido inimaginables en medio de la guerra y en una política que se desarrollare a la sombra de temas bélicos.

Como lo revela el acuerdo sobre desaparecidos, algunos de estos cambios son indispensables para arribar a una Colombia vivible.

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