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La sin-vergüenza del funcionario público

Parece que fueron inútiles las denuncias, las múltiples columnas de opinión, las peticiones de sensatez y las exigencias de decencia que durante varias semanas se hicieron desde los medios de comunicación al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien ni se inmutó ante las voces que le exigían explicaciones sobre las diversas acusaciones de maltrato laboral que se conocieron en su contra.

Se le pidió al Defensor que respondiera a dichas denuncias que lo señalaban como un hombre déspota, irrespetuoso en el trato, agresivo, insultante y maltratador con sus compañeros de trabajo, la mayoría subalternos. Él guardó silencio. Entonces, cuando en nombre de la magistratura moral, o incluso de la decencia, se le pidió que se apartara del cargo, nuevamente se quedó callado. Pero no sólo Otálora guardó silencio, también lo hizo el Procurador Alejandro Ordoñez, quien es su juez natural y de quien tampoco se puede esperar una pizca de autoridad moral.

¿Qué nos dicen de la institucionalidad colombiana estos “probos” funcionarios públicos? Ciertamente no habla bien de nuestro Estado. Durante todo el año 2015 el Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de esta misma Nación fueron amplia y duramente cuestionados por el manejo que dieron a sus respectivas instituciones y la forma atrevida en que ellos, como personas, influyen en la institucionalidad. En este año se ventilaron escándalos como los multimillonarios contratos entregados por el Fiscal Eduardo Montealegre, los maltratos del Defensor Jorge Otálora y se evidenció, una vez más, la selectiva celeridad o congelamiento de las investigaciones que están a cargo del Procurador Alejandro Ordóñez. Estos hechos, entre otros, nos causaron indignación, pero los tres funcionarios públicos lograron culminar el año en sus puestos, con sus sobresalientes ingresos y sin una investigación seria en su contra.

Los periodistas insisten en señalar que en otros países esto no sucedería, que funcionarios públicos de otros lugares del mundo que se vieran envueltos en situaciones similares a las del trío Otálora-Ordóñez-Montealegre renunciarían en nombre de la decencia y por respeto al pueblo que paga sus salarios. Pero ciertamente esto no pasa en Colombia, la permanencia de cuestionados funcionarios públicos en la cabeza de las instituciones dedicadas a velar por los derechos de los colombianos demuestra fuertes problemas culturales de nuestra sociedad. Aquí los altos funcionarios públicos poco saben de magistratura moral, decencia, autoridad o ética. Ni siquiera vergüenza tienen.

Ya que entre ellos se tapan con la misma cobija y se pelean en público mientras se encubren en privado, no queda otra salida a esta situación que la activación de los mecanismos ciudadanos para presentar recursos en contra de estos funcionarios. Sacar la lupa, hacer veeduría de los recursos de estas instituciones y estar encima de las actuaciones de estos funcionarios nos corresponde a todos. Sin embargo, como la vida no nos permite a quienes andamos a pie estar pendientes más que de nuestras propias finanzas, necesitamos usar la organización de la sociedad civil para esta labor.

Es necesario generar un movimiento lo suficientemente fuerte y juicioso para dedicarse a la labor de observación y denuncia de lo que ocurre en la Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y la Contraloría. A esto es a lo que se llama veeduría ciudadana, y nos permitiría por fin pasar de tanta indignación mediática a una acción concreta para cambiar las cosas. Se espera que en una sociedad democrática hasta una sencilla tutela pueda ser el David que vence a Goliat.

*Comunicadora social y periodista. Columnista. Defensora de derechos humanos. (C) Magíster en educación. (Twitter: @E_Vinna)

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