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Concejal Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas.

La violencia contra la mujer amerita intervención del Estado

Frente a los casos de violencia familiar que se han presentado en la ciudad, solicité con urgencia al Congreso de la República que apoye la priorización de la reforma y fortalecimiento económico de las comisarías de familia de país.

Entre los sucesos más recientes un hombre  envenena a sus hijos de 3 y 8 años de edad porque su mujer le había pedido el divorcio y una mujer que es asfixiada por su marido, los dos episodios en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, nos deben llamar a la reflexión sobre los niveles que ha alcanzado la violencia intrafamiliar en la capital, donde también se está vulnerando los derechos de los niños.

Más grave aún es el hecho de que en el caso de los niños asesinados por su propio padre, la  madre de los pequeños asegura que ya había advertido sobre el peligro que representaba su expareja para los niños, puesto que presentaba antecedentes de violencia intrafamiliar y problemas psiquiátricos. Y los mató en una de las visitas que le autoriza la ley, y que ella había solicitado que se restringieran.

Las comisarías no están cumpliendo con su obligación de proteger a las mujeres. Las órdenes de restricción que expiden para ordenarles a los maltratadores que no se acerquen a su víctima no son eficaces porque no hay quien las controle y los agresores terminan matando a las mujeres e hijos.

Las comisarías necesitan herramientas y para ello el gobierno nacional debe estructurarlas y entregar recursos para garantizar el cumplimiento de su misión. Además, de garantizar que las entidades retomen muchas de las funciones que se han ido asignando a las comisarías, que se encuentran saturadas.

Debe causarnos estupor el informe Forensis que acaba de entregar el Instituto de Medicina Legal respecto al análisis de la violencia en el país en el 2015, que relaciona 145 casos de asesinatos cometidos por la pareja o expareja de la víctima en Colombia.

Ese es solo un síntoma de la violencia contra las mujeres, en su propio hogar, que evidencia el documento de Medicina Legal, en el que Bogotá no queda bien parada, pues tiene las cifras más altas de violencia intrafamiliar y de pareja. La tasa de violencia de pareja de la ciudad contra las mujeres es vergonzosa: 267,11 casos por cada 100.000 habitantes respecto a 61,21 de los hombres.

En el 2015, Medicina Legal registró oficialmente 9.304 hechos de violencia de pareja contra las mujeres en la capital. La cifra indica que el promedio, solo de los casos conocidos por las autoridades, fue de 25,5 diarios, si tenemos en cuenta los 365 días del año. No hay solo día en el que al menos 25 mujeres sean víctimas de violencia de sus parejas.

Los factores que desencadenaron los hechos violentos contra las mujeres: el 47,04 por ciento se originó en intolerancia o machismo, y el 37,15 por ciento en desconfianza e infidelidad, en los casos en los que la víctima de la violencia fue una mujer.

La tasa de violencia contra la mujer en Bogotá es alta frente a la del país que incluidos hombres y mujeres víctimas es de 119,21. En la capital es de 267,11 mujeres por cada 100.000 atacadas por su pareja. Está por encima del promedio del país.

No puede haber nada distinto a familias desestructuradas, cuando en los hogares predomina la violencia contra la mujer. Los hijos de estas familias viven en medio del conflicto intrafamiliar cotidiano y finalmente terminan repitiendo el modelo y convirtiendo en un círculo vicioso el sistema de hogares cruzados por la violencia.

Intervenir el fenómeno de la violencia contra la mujer requiere de medidas extremas, se requieren 100.000 millones los pañitos de agua tibia no son suficientes. Las medidas de protección que no se cumplen solo sirven para que el victimario se ría de la justicia y las mujeres enfrenten un constante peligro de ataque e incluso de muerte.

Las comisarías de familia no pueden seguir operando en condiciones precarias de infraestructura y de personal, porque no están cumpliendo con la responsabilidad de hacer acompañamiento a las víctimas en los procesos de violencia intrafamiliar. Es urgente que el gobierno retome el proyecto para reformarlas y garantizar a través de ellas la vida de las mujeres y los niños. El alcalde de los municipios en este caso Bogotá administra pero solo operativamente, no puede presionarlos en decisiones ni en efectividad.

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