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Las lecciones que deja el caso Palomino

Por Jaír Villano

@VillanoJair

El terreno que están atravesando los representantes de las instituciones colombianas es preocupante. A la ya enquistada politización se le suma otra seria de comportamientos que desvitalizan el cuerpo organizacional del Estado y, por ende, a la democracia.

El caso más reciente es el del general Rodolfo Palomino, quien desde hace varios meses viene siendo objeto de investigaciones por los presuntos actos indebidos y bochornosos que se le acusan.

Aunque las pruebas no son letales, el director de la Policía hizo bien al apartarse de su cargo, de esta forma no solo podrá llevar a cabo una defensa sólida, también separa su puesto del estigma al que podría caer una institución con tanta jerarquía nacional, como lo es la Policía.

El caso de Palomino es otra muestra de lo peligroso que resulta la politización de los cargos públicos, pues no es un secreto que detrás de lo presentando en los medios hay insidiosos intereses y tetras con tintes partidistas.

Es interesante, por sacar al caso, el cambio de actitud de parlamentarios como María Fernanda Cabal, quien ha defendido a capa y espada la probidad del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, mientras que, cuando se trataba de un servidor público que no es de sus allegados, utilizó toda su vehemencia para demandar transparencia, pulcritud y algo más rimbombante: pedir el abandono del cargo.

Lo mismo podría decirse del procurador Ordóñez, quien actúa con timidez cuando a aquel que se le presumen irregularidades no son de su cuota política, y con fervor cuando se trata de miembros de otras doctrinas.

Y así, lo mismo podría decirse del accionar del fiscal Montealegre, de personeros, contralores y procuradores de algunas regiones del país, etcétera, el quid aquí es que este tipo de incongruencias son una pequeña (pero contundente) muestra de lo lacerante que le resulta a la democracia la actuación parcializada de sus funcionarios, ya que con esto no solo se le resta credibilidad a la institucionalidad, además, se acentúa la poca confianza que tienen los colombianos del Estado en tiempos esenciales, máxime ahora que se habla de un eventual posconflicto.

Al igual que lo ocurrido con el expersonero Otálora, se escucha entre pasillos que detrás del escándalo que mancha a Palomino hubo un plan por alejarlo del cargo. Cierto o falso, una autoridad de semejante talante no debía estar enredado en casos tan impúdicos; por eso, es plausible que Palomino haya dimitido.

Por su parte, los parlamentarios del Centro Democrático que piden la renuncia inmediata deberían mesurar el cinismo con que despliegan sus ejercicios. No estaría mal que los medios recordaran el caso Pretelt, para mostrar el cambio abrupto y el evidente sesgo de los miembros de la neonata colectividad.

Hablando de los medios, es lamentable que en estos no haya una enfática discriminación entre los representantes de las organizaciones y las organizaciones. Se hace necesario que se distinga entre estas y el delictivo actuar de algunos de sus participantes.

Con todo, el panorama, como se dijo al principio, es deplorable. No es justo que por culpa de los politiqueros el país se vea abocado a una crisis de institucionalidad que lo único que genera es más displicencia y escepticismo entre las personas que no logran diferenciar entre el actuar privado y el colectivo.

Palomino renunció, pero mientras los politiqueros se sigan apoderando de las esferas estatales es muy difícil depositar la confianza en las instituciones.

El ruido mediático de estos últimos meses deja entrever que a los dirigentes poco les importa someter al país a fugaces escándalos, lo importante es lograr su cometido.

El caso del exdirector de la Policía debería llevarnos a pensar en lo lacerante que le resulta a la democracia la incrustación de los intereses políticos en instituciones que están para salvaguardar el bien común.

 

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