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Las seis cifras que tienen en jaque a la consulta antitaurina

Los medios están colmados de declaraciones del Alcalde Mayor, Gustavo Petro, sobre la puesta en marcha de acciones legales en contra del Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. En este enfrentamiento no son solo protagonistas los tres personajes, también lo son los números.

$40 mil millones: desde que se comenzó a hablar de la posibilidad de incorporar la consulta antitaurina a los comicios del 25 de diciembre, se han arrojado diversos números de su supuesto costo. Una de las primeras cifras fue del Registrador Distrital, quien calculó un costo de 40.000 millones. Según declaraciones suyas publicadas el 26 de agosto, el valor hacía de la consulta un ejercicio demasiado costoso.

$11.061.193.718: el colectivo Bogotá sin Toreo presentó ante la Registraduría un derecho de petición para conocer el costo exacto de la consulta. Ese fue el número que obtuvo por respuesta al recurso presentado el 3 de agosto. Poco mas de 11 mil millones de pesos constaría la consulta si se realiza durante los comicios del 25 de octubre.

$34.471.248.005: esa es la otra cifra que la Registraduría reportó. Es lo que costaría la consulta si se hace por fuera de los comicios en los que los bogotanos van a elegir a su próximo alcalde.

$1.600 millones: en declaraciones para este medio, Natalia Parra, animalista directora de la Plataforma Colombiana por los Animales ¡ALTO!, dijo que el costo era de 1.600 millones de pesos dado que 9 mil de los 11 mil calculados por la Registraduría correspondían a la biometría. Parra dijo que, como la misma ya estaba contratada para los comicios, no era necesario incurrir en el gasto una vez más.

$300 millones: para hacer el asunto aún más confuso, Gustavo Petro declaró que el costo de la impresión de los tarjetones era de 300 millones de pesos. Declaró el 28 de agosto que de no ser aprobada la consulta para las elecciones de octubre, el distrito asumiría el costo, repartiría los tarjetones y vería si la Registraduría los desestimaba.

Las declaraciones de Petro sobre posibles acciones legales en contra del  Ministro de Hacienda y el Registrador se deben a que, según este, el costo mínimo de la consulta es de 30.000 millones y según aquél, no hay disponibilidad de recursos para cubrir esa cifra. El Alcalde Mayor reaccionó anunciando medidas legales contra lo que considera es prevaricato en lo que ambos funcionarios están incurriendo al contravenir el decreto que él firmó en aprobación de la consulta.

 

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