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Personería destituye e inhabilita a dos ex alcaldesas locales

Las alcaldesas Marisol Perilla, de Suba y Betty María Afanador, de Fontibón, se convirtieron en las nuevas funcionarias, nombradas por el ex alcalde  Samuel Moreno y que ejercieron en el periodo de 2009 a 2012*, destituidas e inhabilitadas por la Personería de Bogotá.

Hace un mes, el mismo ente de control, también destituyó en primera instancia a la alcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo.

La mandataria de Fontibón suscribió, de un lado, un contrato por $1.650 millones con la Fundación Senarcol (Senderos de Armonía Colombiana), para el suministro de alimentos a las 1.830 personas beneficiarias de los cinco comedores comunitarios de la localidad.

De otro lado, firmó otro contrato con la Fundación Chinos y Colombianos Unidos para Nutrir, por valor de $1.440 millones aproximadamente, con el mismo objeto que el anterior.

La Personería halló que las obligaciones pactadas corresponden a un contrato de suministro de alimentos, y no a uno de “apoyo de actividades de interés público” como se denominó, a lo cual se agrega el hecho de haber suscrito los mismos de manera directa con las fundaciones, eludiendo las reglas de selección consagradas en la Ley 1150 de 2007.

La alcaldesa local de Suba, suscribió un contrato con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) por la modalidad de convenio de asociación, para la realización de eventos deportivos en la localidad, que incluían la adquisición de insumos como refrigerios, sonido, tarimas, transporte, hidratación y baños.

Adicionalmente, la contratación de estrellas deportivas para que tomaran parte en el desarrollo y cierre de eventos, por unos $880 millones, y, como si esto fuera poco, el reconocimiento de gastos administrativos al contratista, por $40 millones.

La Personería encontró que dicho convenio fue suscrito sin tenerse en cuenta las reglas generales de contratación previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, y concluyó que se vulneró el principio de transparencia. Las dos funcionarias pueden apelar la decisión de primera instancia.

De la revisión hecha por el ente de control a un total de 1.669 contratos, se determinó que durante los años 2013 y 2014 se celebraron 611 convenios en los que el Distrito contrató con diferentes objetos, sin acudir a los procesos de convocatoria pública regulados por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Esta forma de contratación ha sido objeto de especial vigilancia por parte de la Personería, quien además, adelanta casi 200 procesos disciplinarios relacionados con el tema, entre los cuales ya se han proferido sanciones contra los funcionarios que firmaron los contratos, que fueron destituidos e inhabilitados por más de 10 años.

Tras adelantar esa labor de seguimiento y sanción, este ente de control halló que durante el año 2015 el número de convenios celebrados por la pasada administración se redujo a 117, que, a la fecha, también se encuentran bajo la ‘lupa’ de la Personería.

 

*Rectificación. En la información original se publicó que las funcionarias habían sido nombradas en la administración de Gustavo Petro.

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Fuente: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/todas-las-noticias/

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