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Píldoras a la memoria petrista

Dice el viejo y conocido refrán “Que el cura no se acuerda cuando era sacristán” y ese parece ser el patrón de comportamiento del ex alcalde Gustavo Petro, quien ahora posa de crítico y analista en temas urbanos, olvidando que su paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá estuvo lleno de buenas intenciones, decisiones arbitrarias y pésima ejecución.

Es por esto que no creo que Gustavo Petro sea autoridad en materia urbanística, mucho menos en lo que al cuidado a medio ambiente se refiere, porque al menos a mí, no se me ha olvidado la licencia que se otorgó a su cuñado durante su administración para que construya una urbanización en los terrenos del Humedal de la Conejera.

Es también por esto que me cuesta aceptar que pretenda dar lecciones ahora que el alcalde Peñalosa plantea intervenir la reserva forestal Thomas van der Hammen para tratar de aliviar el déficit de vivienda que el (Petro) dejó en Bogotá.

Es cierto que estos terrenos fueron declarados por la CAR como Área de Reserva Forestal Productora Regional del Norte, donde según lo indica la norma, la recreación debe ser pasiva y tanto la vivienda como el agro, sólo se pueden hacer siguiendo los lineamientos de las autoridades ambientales.

Lo que quiere decir que si se desea hacer algún tipo de construcción, es necesario debatirlo con las entidades encargadas de este asunto. ¿Por qué entonces no plantear la discusión con los encargados y expertos en el tema?

Desafortunadamente, Enrique Peñalosa no es un buen comunicador y en lugar de vender su idea, ha promovido un debate sobre el tema que se le ha ido en contra y algunos dan por hecho que en la totalidad de la Reserva Thomas van der Hammen se va a urbanizar construyendo viviendas. Puede ser que se piense en construir una parte de los terrenos, pero es claro que para esto, primero debe presentarse un plan de manejo ambiental que permita conservar lo que se considere como reserva.

No sé si será por aquello de que “El ladrón juzga por su condición”, que Gustavo Petro y sus seguidores dan por hecho que el alcalde Peñalosa va a construir viviendas y va a arrasar con todo lo que en estos terrenos se considera como reserva ambiental.

Si es así, me permito recordarle a los petristas que para hacer un cambio en la modificación a la declaratoria de reserva, tendría primero que discutirse en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que es integrado por el presidente de la República, el ministro de Ambiente, los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá, los alcaldes de Bogotá, Cajicá, San Antonio del Tequendama, Topaipí y Buenavista, dos representantes del sector privado, dos de entidades sin ánimo de lucro y uno de comunidades indígenas.

Esto no es algo que se pueda hacer con la sola decisión del alcalde de turno, como seguramente lo haría Gustavo Petro si fuese el quien estuviera al frente de la ciudad, es decir, a las patadas, de manera arbitraria y autoritaria, como es su estilo. Esto requiere debate, consenso, para luego entrar a intervenirla si así se decide.

Antes de salir a protestar y acusar de manera pasional a la administración distrital de promover daños ambientales a la ciudad, es necesario escuchar primero. No creo que el alcalde Peñalosa vaya a autorizar algo que a futuro pueda significar la destrucción de los pocas reservas en materia de medio ambiente que le quedan a Bogotá, como si lo hizo el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá, quien le otorgó licencia a uno de sus cuñados para construir una unidad residencial en el Humedal de la Conejera.

No entiendo entonces con qué tipo de autoridad moral viene ahora Gustavo Petro a posar ahora de gran ambientalista, cuando su administración da los permisos para la construcción de un conjunto de vivienda multifamiliar en una de las más importantes reservas ambientales de Bogotá por parte de la firma Praga Servicios Inmobiliarios S. A., donde en su junta directiva figuran Juan Carlos Alcocer García, hermano de Verónica Alcocer, la esposa de Petro y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado de Petro y quien estuvo implicado en un escándalo por su presunta injerencia en la millonaria prórroga de los contratos de TransMilenio.

A pesar de las quejas y peticiones que en el momento elevaron ambientalistas de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro se hizo el de los oídos sordos, olímpicamente decidió declararse impedido para actuar y dejó que el ministro de Medio Ambiente Gabriel Vallejo, quien ha brillado por su pasividad y poca gestión, decidiera en el asunto como alcalde adhoc. Ni siquiera los pronunciamientos que hicieron la Fiscalía General de la Nación y la Personería Distrital, sirvieron para que se reversara la decisión.

El hecho parece olvidarse y ahora Gustavo Petro y sus seguidores posan de ángeles guardianes del medio ambiente de Bogotá y como es su costumbre no se prestan a escuchar, ni a debatir sanamente, sino que promueven campañas de desprestigio en redes sociales, promovidas por sus mensajeros políticos.

Por favor señores así no se puede

@sevillanojarami

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