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UNA MIRADA HISTÓRICA DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN COLOMBIA Y UNA REFLEXIÓN PARA LA PAZ.

Era el año de 1977 y en el país sindicatos, organizaciones sociales, partidos y movimientos de oposición alistaban los preparativos para las jornadas de movilización y protesta social  en contra de medidas gubernamentales consideradas  contrarias al sentir popular.

A pesar de que eran tiempos en que el país vivía en permanente Estado de Sitio, figura de excepción, en que por razones de alteración del orden público el gobierno nacional era revestido de amplios poderes para conjurar y superar el estado de anormalidad jurídica y social que afectaba la vida  cotidiana de los Colombianos y ponía en riesgo la estabilidad democrática de país. Para la época, la convocatoria a un paro cívico nacional había hecho eco en amplios sectores de la población colombiana, por lo que se preveía una amplia participación en las jornadas previstas para el 11 de septiembre de ese año.

En ese contexto de tensiones sociales, preparativos del paro y medidas para conjurarlo por parte del gobierno, el día 9 de septiembre de 1977, en la ciudad de Barranquilla una mujer en estado de embarazo -de aproximadamente 30 años de edad- bacterióloga de profesión, militante de un partido de izquierda  y de nombre OMAIRA MONTOYA HENAO, fue aprehendida y detenida por miembros del F2 -organismo de  inteligencia de la Policía Nacional- sin que jamás se volviera a saber de su paradero, ni de su suerte.

Así ocurrió el primer caso de desaparición forzada de personas, con el cual Colombia entró a formar parte del deshonroso grupo de países que incurría en esta práctica violatoria de los elementales derechos humanos, alimentando la violencia irracional de un conflicto armado interno que cada vez se degradaría más y más.

La práctica de la desaparición forzada de personas como mecanismo represor y de terror no era extraña a la convulsionada situación y lucha contrainsurgente que vivían varios pueblos latinoamericanos bajo las dictaduras militares que tuvieron su auge en la década de los años 70.

Para las dictaduras militares la desaparición forzada de personas era un fácil e ideal instrumento represivo que no dejaba víctimas, ni huellas que investigar y tampoco delitos, ni victimarios que juzgar, ni condenar.

La desaparición forzada de personas se registró bajo regímenes militares en Guatemala en los años 1963 a 1966 y se extendió posteriormente a Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Honduras, Bolivia, Haití, al igual que a países con sistemas democráticos y  con gobiernos electos popularmente como México, Perú y Colombia. Se estima que en Argentina más de 30.000 personas fueron desaparecidas por las dictaduras militares en el periodo 1975 a 1983 y que  cerca de 90.000 personas fueron víctimas de la desaparición Forzada en América Latina durante el periodo 1966- 1986.

En Colombia, el primer caso conocido de desaparición forzada de personas fue el de Omaira Montoya Henao, activista y militante de izquierda, en el año 1977. Posteriormente en el año 1982 los medios de comunicación informarían al país sobre la desaparición forzada de 13 personas: 11 estudiantes de las universidades Distrital, Pedagógica y Nacional, y  dos campesinos más, en hechos criminales cuya autoría se imputa a miembros del F2 organismo de inteligencia policial.

Miembros que actuarían al servicio del narcotraficante José Jader Álvarez, el cual en retaliación por el cruento asesinato de sus pequeños hijos, habría financiado esta empresa criminal para “castigar” asesinando  a los presuntos responsables de tan repugnante crimen ocurrido en 1981.  Esta era una forma de “justicia privada” contando para ello con  instrumentos y agentes del Estado.

Con el paso del tiempo y en medio de la degradación del conflicto interno, el fenómeno de la desaparición forzada de personas se generalizaría como practica represora y de confrontación al “enemigo”.  Al amparo de la clandestinidad e ilegalidad, con la participación y/o complicidad de algunos organismos de inteligencia del Estado y miembros de la fuerza pública con organizaciones paramilitares,  el espectro criminal de la desaparición forzada de personas se ejercería contra organizaciones políticas de oposición legal.

De esta manera se evidenciaron innumerables casos de desaparición forzada de militantes como: el de la Unión Patriótica -organización política que surge del fallido intento de  las negociaciones de paz adelantadas con las FARC en la década de los 80-; contra militantes de la organización política  A luchar, del Frente Popular organizaciones de activismo político legal que coincidían en varios aspectos de su plataforma programática con la de las organizaciones insurgentes del ELN y EPL.

A manera de ejemplo de este capítulo represivo, de la historia colombiana, también debemos señalar el  caso emblemático de la desaparición forzada el día 5 de septiembre de 1984 de Miguel Ángel Díaz y Faustino López. Destacados activistas de la UP capturados en la región de Puerto Boyacá, territorio de gran influencia paramilitar. Evidentemente, la Unión patriótica ha sido uno de los grupos que ha sido golpeado en varias ocasiones por la desaparición forzada de cerca de 3.000 militantes de su causa política.

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En Colombia el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las organizaciones indígenas y de afro descendientes, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los activistas defensores del medio ambiente, las organizaciones de mujeres que defienden la vida, la paz  y luchan por reivindicaciones de género, en fin todo un amplio espectro de luchadores por la democracia, la paz y los derechos humanos han sido víctimas del delito atroz de la desaparición forzada de personas en la historia del país y sin embargo, hoy que hablamos de una paz más cercana, la práctica de violación de derechos humanos se sigue realizando.

Esta práctica atroz, calificada por los Estatutos Internacionales de Derechos Humanos como crimen de lesa humanidad, en tanto sustrae al individuo de toda protección y posibilidad de acceder a la justicia que el Estado de Derecho debe garantizar a toda persona, y vulnera todos los derechos humanos inherentes a los valores más intrínsecos de su dignidad, tiene entre sus principales agentes victimarios a organismos del Estado, a grupos insurgentes y paramilitares, que han llevado al conflicto armado que ha padecido Colombia desde hace ya más de cincuenta años al mayor grado de degradación imaginable.

Esta fecha especial que hoy nos convoca, nos debe hacer recordar hace recordar que  la tragedia colombiana registra más de 30.000 ciudadanos que fueron sustraídos arbitrariamente de la vida y de sus entornos familiares y sociales, dejando una secuela de dolor e incertidumbre en miles de familias colombianas. Estos casos nos debe servir no solo para recordarlos sino también para reafirmar el compromiso con la defensa de la vida, la justicia y la dignidad de las personas, de estar forma exigir y contribuir a que el derecho a la paz no sea retorica constitucional sino un derecho tangible y vivencial en una patria en que podamos vivir todos en el respeto a la diferencia.

Hoy nos unimos para exigir el derecho a la paz, a la búsqueda de la terminación del conflicto mediante la negociación y a defender esa posibilidad de crear un cambio en la historia de nuestro país.

Hoy es el momento de decirle a los colombianos que recordemos la historia y que nos permitamos transitar al Estado Social de Derecho, que con anhelo esperamos desde que se generó la Constitución de 1991, buscando salidas para mitigar el conflicto, generando procesos de resiliencia, perdonando, y luchando arduamente por la construcción de oportunidades que erradiquen los problemas que aquejan a la sociedad. Porque con respeto a la Constitución, a la gente, con educación, con salud, con obras públicas, con empleo y valorando nuestro territorio cambiaremos la historia de Colombia para que las nuevas generaciones tengan una mejor oportunidad y así logremos construir la verdadera paz de la que hablamos tanto.

 

 

 

 

 

 

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