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El único argumento fuerte contra la aplicación de la segunda vuelta es financiero.

¿Y la segunda vuelta?

El único argumento fuerte contra la aplicación de la segunda vuelta es financiero. Sí, es una inversión alta, pero con muchas ganancias para la democracia.

Es imposible mirar los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo sin preguntarse por qué, si se trata de cargos tan importantes para el futuro del país y de cada una de las entidades territoriales, no hay segunda vuelta en aquellos casos donde el candidato ganador no superó la mitad de los votos totales. Considerar la implementación de una segunda vuelta, al igual que se hace en los comicios para la Presidencia, podría solucionar muchos de los problemas que se denunciaron durante la campaña que por fin terminó y nutriría, sin lugar a dudas, el ejercicio democrático.

Los resultados hablan por sí solos. Podemos citar algunos ejemplos, pero la situación es característica en todo el país: Bogotá coronó a un alcalde con 33,10% (contra 28,50% del segundo lugar), Medellín con 35,64% (contra 34,32%, un verdadero cabeza a cabeza), Cali con 38,15% (contra 25,33% del segundo lugar), Cartagena con 37,27% (contra 29,48%), Cúcuta con 35,42% (contra 30,15%) e Ibagué con 30,72% (24,80%). Ninguno con más del 40%, mucho menos con más de la mayoría simple de votantes. En varias gobernaciones puede hacerse un cálculo similar. Esta situación se repite con cada ciclo electoral. ¿Qué efectos tiene la ausencia de una segunda vuelta?

El único argumento fuerte contra la aplicación de la segunda vuelta en todo el país es financiero. Si bien es cierto que convocar nuevas elecciones implica un gasto considerable, más aún si estamos hablando de un gran porcentaje de las entidades territoriales de toda Colombia, éste no puede exceder los 640.000 millones que costaron estas elecciones. Serían elecciones con tarjetones más sencillos y no se necesitarían puestos de votación en todo el país. Una inversión alta, sí, pero con muchas ganancias para la democracia.

 La existencia de una segunda vuelta garantiza modificar varias dinámicas electorales. Primera, elimina esa perversa noción del “voto útil” para la primera vuelta. Los votantes estarían en libertad para apoyar al candidato con el que más se sintonizan, en vez de tener que estar pendiente de quién lidera las encuestas en caso de que haya que votar en contra de una propuesta política que se considere peligrosa contra los intereses propios. Esa primera ronda de votaciones serviría para medir cuál es el apoyo sincero de cada uno de los postulados.

Además, le restaría validez al escándalo que se armó en esta campaña con la realización de encuestas. Éstas, que desde un principio han sido concebidas como una herramienta más de juicio, se convierten sin segunda vuelta en los principales detonantes para votar. El país estará mejor si se sacude la lógica oportunista que invita a considerar cada punto porcentual antes de la votación real.

Más importante, una segunda vuelta asegura que quien eventualmente gane tenga un apoyo mayoritario, que tendrá que ser construido a punta de alianzas. Esto les da poder a las voces minoritarias, cuyos votos se tornan esenciales y les da capacidad de negociación para promover políticas puntuales que de lo contrario son fácilmente desechadas. Se alimentarían los matices, se medirían sus reales significado y estatura.

Ganaría el país, entonces, en legitimidad democrática y sería un excelente primer paso para gobiernos más incluyentes y con mandatos más sólidos. Parece un buen momento para discutir en serio la segunda vuelta en las elecciones locales y regionales.

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