En octubre de 2026, Colombia llega al décimo aniversario de su acuerdo de paz con una realidad incómoda sobre la mesa : los grupos armados ilegales han casi duplicado sus efectivos en cuatro años. Según cifras del propio gobierno colombiano presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, los combatientes de estas organizaciones pasaron de aproximadamente 15.000 en 2022 a unos 28.000 en la actualidad. No es un matiz estadístico. Es una señal de que algo fundamental sigue fallando.
El lunes 12 de octubre, Miroslav Jenča, responsable de la misión de verificación de la ONU para el acuerdo de 2016, presentó un balance que mezcla logros reales con advertencias muy serias. El acuerdo puso fin a la insurgencia más antigua del continente y abrió camino a reformas rurales y mecanismos de justicia transicional. Pero su aplicación incompleta dejó intactas las condiciones que alimentan la violencia. Ese es el nudo que nadie ha logrado desatar.
El resurgimiento armado y sus consecuencias sobre la población civil
El caso del Clan del Golfo ilustra perfectamente la magnitud del problema. Esta organización criminal, la mayor del país, pasó de unos 4.000 combatientes a más de 10.000 en ese mismo periodo. No es un grupo residual ni marginal : controla territorios, economías y poblaciones enteras. Y no actúa solo.
Junto al Clan del Golfo, la proliferación de estructuras armadas menores llenó el vacío dejado por las FARC tras su desmovilización. Las regiones donde la guerrilla marxista operaba durante décadas no recibieron presencia estatal suficiente. Las recibieron otros actores armados. Ese es el paradox central de la paz colombiana : funcionó a escala nacional, pero no logró imponerse en buena parte del territorio rural.
Las consecuencias sobre la población civil son concretas y documentadas :
- Reclutamiento forzado de menores, especialmente en comunidades indígenas
- Asesinatos sistemáticos de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios
- Desplazamientos forzados en zonas con economías ilegales activas
- Presión sobre excombatientes desmovilizados para que retomen las armas
El 1 de septiembre, María Ovidia Palechor y James Flor, dos dirigentes sociales, fueron asesinados en el departamento del Cauca, en el suroeste del país. No son excepciones : son parte de un patrón. Mientras los grupos armados consolidan su poder en territorios periféricos, quienes trabajan por las comunidades pagan el precio más alto.
El dilema del nuevo gobierno : seguridad militar frente a reformas estructurales
Abelardo de la Espriella, que asumió la presidencia el 7 de agosto de 2026, heredó esta situación y optó por una estrategia diferente a la de su predecesor, Gustavo Petro. Donde Petro apostó por la negociación con grupos armados, De la Espriella privilegia las ofensivas militares. El 5 de octubre anunció la creación de una fuerza conjunta para combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última gran guerrilla activa, con mayor presencia en el noreste del país.
Esta reorientación genera un debate legítimo. La presión militar puede ser necesaria, pero por sí sola no resuelve las causas que permiten el reclutamiento y la expansión de estos grupos. Como resumió Jenča ante el Consejo de Seguridad : “Una paz duradera exige seguridad, y la seguridad exige una presencia efectiva y permanente de las instituciones del Estado”. Sin esa presencia, el territorio lo ocupa quien tiene fusil.
Las primeras señales presupuestarias del nuevo gobierno generan inquietud real. El proyecto de presupuesto para 2027 prioriza el gasto en seguridad, pero reduce los recursos destinados al desarrollo rural, la distribución de tierras y la reintegración de excombatientes. Es decir, precisamente las áreas que el acuerdo de 2016 identificó como condiciones necesarias para que la paz fuera sostenible.
| Indicador | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Combatientes ilegales totales | ~15.000 | ~28.000 |
| Efectivos del Clan del Golfo | ~4.000 | +10.000 |
| Excombatientes FARC en reintegración | 11.000 | 11.000 (activos) |
| Exguerrilleros asesinados desde 2016 | — | 501 |
Franqueza : tratar los síntomas sin atacar las causas es una estrategia condenada a repetirse. Si el Estado no llega a los territorios con servicios, justicia y oportunidades económicas, siempre habrá otro grupo dispuesto a llenar ese vacío.
501 exguerrilleros asesinados : la promesa rota a quienes dejaron las armas
Más de 11.000 antiguos combatientes de las FARC siguen adelante con su reintegración en la vida civil. Desde 2016, han surgido unos 6.000 proyectos económicos y 300 cooperativas en sectores como la agricultura, el turismo, el comercio y la piscicultura. Son historias reales de transformación que merecen ser contadas.
Pero esa transición ocurre bajo una amenaza permanente. El 22 de septiembre, un exguerrillero fue asesinado en el departamento de Cesar, elevando a 501 el total de excombatientes muertos desde la firma del acuerdo. No es una cifra abstracta : representa 501 personas que cumplieron su parte del trato y fueron igualmente asesinadas.
Los grupos armados que han crecido en estos años presionan activamente para reclutar a quienes ya renunciaron a la violencia. La lógica es perversa pero efectiva : donde el Estado no garantiza seguridad ni futuro, la oferta de las organizaciones ilegales resulta tentadora para los más vulnerables.
La credibilidad del acuerdo de paz se mide, en última instancia, por la protección real que ofrece a quienes apostaron por él. Con el décimo aniversario el próximo 24 de noviembre, Colombia enfrenta una pregunta que ningún discurso institucional puede esquivar : ¿qué significa mantener un acuerdo vivo si quienes lo firmaron siguen muriendo por haberlo firmado ? La respuesta que dé el gobierno de De la Espriella en los próximos meses determinará si la paz colombiana sigue siendo un proyecto político real o apenas un texto jurídico bien conservado.
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