El 28 de julio de 2025, Álvaro Uribe, expresidente colombiano que gobernó el país entre 2002 y 2010, fue declarado culpable de soborno a testigos en un histórico juicio que marca un precedente en la historia política de Colombia. Esta sentencia, emitida por un tribunal de Bogotá, representa la primera condena judicial contra un antiguo jefe de Estado colombiano, desencadenando importantes repercusiones en el panorama político nacional.
La condena histórica contra Álvaro Uribe
El tribunal de Bogotá determinó que Álvaro Uribe, figura emblemática de la derecha colombiana, ejerció presión indebida sobre testigos clave en una investigación que lo vinculaba con grupos paramilitares. La jueza responsable del caso declaró al exmandatario culpable de soborno a testigos, un delito que podría acarrearle hasta doce años de prisión.
El origen de este caso se remonta a 2012, cuando Uribe acusó al senador de izquierda Iván Cepeda de orquestar un complot para relacionarlo con grupos paramilitares implicados en el prolongado conflicto armado colombiano. Sin embargo, la Corte Suprema decidió no procesar a Cepeda y, en cambio, inició una investigación contra el expresidente, sospechoso de haber contactado a excombatientes encarcelados para que mintieran a su favor.
Según testimonios presentados durante el juicio contra el primer expresidente colombiano condenado por la justicia, Uribe habría participado junto a su hermano Santiago en la creación del grupo paramilitar conocido como “Bloque Metro” en el departamento de Antioquia durante los años 90.
El proceso judicial comenzó formalmente en 2018 y experimentó numerosos giros inesperados, con varios fiscales generales intentando archivar el caso. Finalmente, el juicio se inició en mayo de 2024, contando con más de 90 testigos y siendo transmitido en directo por los medios locales.
Implicaciones políticas de la sentencia
La condena contra el expresidente de 73 años llega en un momento políticamente sensible, a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales programadas para mayo de 2026. Esta decisión judicial representa un duro golpe para la derecha colombiana, donde Uribe continúa ejerciendo una notable influencia como líder del partido Centro Democrático.
Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, la oposición liderada por sectores cercanos a Uribe ha mantenido una postura crítica frente al gobierno. La sentencia contra el expresidente podría reconfigurar el panorama político previo a los comicios presidenciales, debilitando a uno de los principales referentes de la derecha colombiana.
El impacto internacional de esta condena tampoco se hizo esperar. Washington, a través de Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, denunció lo que considera una “instrumentalización del poder judicial” por parte de “jueces radicales”, afirmando que “el único crimen del expresidente colombiano Uribe es haber defendido y luchado incansablemente por su país”.
| Periodo | Evento clave | Consecuencia |
|---|---|---|
| 2012 | Uribe acusa al senador Iván Cepeda | La Corte Suprema inicia investigación contra Uribe |
| 2018 | Inicio formal de la investigación | Múltiples intentos de archivar el caso |
| Mayo 2024 | Apertura del juicio | Comparecencia de más de 90 testigos |
| 28 julio 2025 | Veredicto de culpabilidad | Primera condena a un expresidente colombiano |
Los paramilitares y el contexto del conflicto colombiano
Para comprender plenamente las implicaciones de este caso, es fundamental contextualizar el surgimiento de los grupos paramilitares en Colombia. Estos grupos armados aparecieron en la década de 1980 con el propósito declarado de combatir a las guerrillas marxistas que habían tomado las armas contra el Estado dos décadas antes, alegando luchar contra la pobreza y la marginación política, especialmente en zonas rurales.
El conflicto armado colombiano ha sido alimentado en las últimas décadas por diversos actores que adoptaron el narcotráfico, particularmente la cocaína, como principal fuente de financiación. Esta dinámica ha perpetuado una rivalidad sangrienta que persiste hasta hoy en diversas regiones del país.
Durante los mandatos de Uribe (2002-2010), su gobierno implementó una política de “seguridad democrática” caracterizada por:
- Ofensiva militar intensificada contra las guerrillas, principalmente las FARC
- Negociaciones con grupos paramilitares que llevaron a la desmovilización parcial
- Fortalecimiento de la presencia estatal en zonas tradicionalmente controladas por grupos armados
- Colaboración estrecha con Estados Unidos a través del Plan Colombia
Otras investigaciones pendientes contra el expresidente
La condena por soborno a testigos representa solo uno de los frentes judiciales que enfrenta Álvaro Uribe. El exmandatario está siendo investigado en otros casos de gran relevancia histórica y jurídica, que podrían agravar su situación legal en los próximos meses.
Actualmente, Uribe ha prestado declaración ante fiscales en una investigación preliminar relacionada con una masacre paramilitar de pequeños agricultores ocurrida en 1997, cuando ejercía como gobernador del departamento occidental de Antioquia.
Adicionalmente, se ha presentado una denuncia contra él en Argentina, donde la jurisdicción universal permite procesar crímenes cometidos en cualquier parte del mundo. Esta denuncia lo vincula con más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles presuntamente perpetradas por el ejército durante su presidencia.
Frente a estas acusaciones, Uribe ha mantenido firmemente su inocencia, alegando ser víctima de un proceso político motivado por un deseo de “venganza” por parte de la izquierda, la antigua guerrilla de las FARC y el expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo que desarmó a las FARC en 2017.
El caso Uribe refleja las profundas divisiones que persisten en la sociedad colombiana respecto al conflicto armado y sus responsables, mientras el país continúa buscando caminos hacia una reconciliación duradera y una justicia efectiva para todas las víctimas.
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