La violencia política resurge con inusitada virulencia en Colombia mientras se acercan las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Los candidatos enfrentan amenazas constantes en un contexto donde grupos armados controlan vastos territorios del país, convirtiendo esta campaña electoral en una de las más peligrosas desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.
El clima de inseguridad alcanza niveles alarmantes. Según datos de la Misión de Observación Electoral, al menos 61 responsables políticos fueron asesinados durante 2025, cuando la campaña apenas comenzaba. La amenaza se extiende a 130 municipios colombianos, representando casi un tercio del territorio nacional donde los aspirantes políticos no pueden hacer campaña libremente.
La violencia se instala en el corazón de la campaña
El asesinato del senador de derecha Miguel Uribe en junio pasado marcó un punto de inflexión dramático. Este joven político fue atacado en pleno día en Bogotá, falleciendo semanas después. Uribe tenía ambiciones presidenciales para suceder al mandatario de izquierda Gustavo Petro en las elecciones de mayo próximo.
Para muchos colombianos, estos episodios evocan los años oscuros de las décadas de 1980 y 1990. Durante aquella época, cinco candidatos presidenciales fueron abatidos mientras narcotraficantes como Pablo Escobar imponían su ley del terror. La sensación de retroceso histórico resulta palpable entre la población.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha anunciado el despliegue de fuerzas de seguridad con medidas “reforzadas” para los comicios. Sin embargo, las garantías de seguridad parecen insuficientes frente a la magnitud de la amenaza que enfrentan políticos y activistas sociales en las regiones más conflictivas del país.
| Periodo | Tipo de violencia | Contexto político |
|---|---|---|
| 1980-1990 | 5 candidatos presidenciales asesinados | Era del narcotráfico |
| 2016 | Firma del acuerdo de paz con FARC | Esperanza de estabilidad |
| 2025-2026 | 61 responsables políticos eliminados | Recrudecimiento de violencia |
El Cauca, epicentro del riesgo electoral
Esneyder Gomez, candidato indígena de 46 años al Parlamento, recorre el departamento del Cauca en condiciones extremadamente peligrosas. Su vehículo blindado atraviesa carreteras montañosas controladas por guerrilleros armados, donde cada minuto representa un peligro mortal. Hace meses, su automóvil recibió disparos al regresar de un mitin político.
Hijo de un policía afrocolombiano y de una guerrillera indígena nasa, Gomez avanza protegido por un grupo de guardias indígenas, muchos de ellos adolescentes armados únicamente con bastones. Esta protección voluntariamente desarmada busca evitar confrontaciones directas con los grupos ilegales.
La senadora indígena Aida Quilcué sufrió un secuestro durante varias horas la semana pasada en esta misma zona, antes de ser liberada. “El riesgo es constante”, afirma Gomez, quien señala que la juventud colombiana enfrenta presión continua de las guerrillas en estos territorios abandonados por el Estado.
José Yatacué, coordinador de los guardias indígenas, reconoce que su candidato “corre un riesgo importante” por su pasado como líder social y más aún en su rol actual. Los guardias apuestan por el diálogo, conscientes de que la confrontación armada resultaría suicida en un territorio dominado por disidentes de las FARC.
Las causas del resurgimiento de la violencia política
Expertos y críticos atribuyen este retorno de la violencia a la estrategia del gobierno saliente. La política de negociación con grupos armados, privilegiada sobre el enfrentamiento militar, habría permitido la expansión territorial de guerrillas, paramilitares y cárteles. Esta situación coincide con cifras récord de producción de coca en Colombia.
Las montañas del Cauca, cubiertas de bruma, exhiben laderas tapizadas de cultivos ilícitos. Colombia mantiene su posición como primer productor mundial de cocaína, abasteciendo los mercados norteamericano y europeo. Los ingresos generados financian la infraestructura armada de los grupos ilegales.
Los principales factores del recrudecimiento incluyen :
- Fortalecimiento de disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de 2016
- Control territorial ejercido por grupos armados en regiones abandonadas
- Producción récord de coca y tráfico de drogas
- Reclutamiento forzado de jóvenes indígenas
- Debilitamiento de la presencia estatal en zonas rurales
“Justo después del acuerdo de paz de 2016, las personas podían desplazarse con mayor tranquilidad”, recuerda Gomez. Sin embargo, los grupos ilegales recuperaron fuerza rápidamente, imponiendo su dominio mediante violencia sistemática contra comunidades indígenas.
El pueblo Nasa bajo ataque sistemático
Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, lidera disidentes de las FARC acusados de genocidio contra el pueblo Nasa. La fiscalía colombiana lo responsabiliza del asesinato de figuras de la sociedad civil y del reclutamiento forzado de niños indígenas en la región.
“He visto caer a muchos, muchos compañeros” bajo las balas de grupos armados, declara Gomez, expresando rabia e impotencia ante la situación. Los guerrilleros exhiben orgullosamente su dominio territorial mediante carteles que proclaman “61 años de lucha” con fotografías de líderes históricos de las FARC.
Los rebeldes armados mantienen puestos de control donde los transeúntes deben identificarse. Las cámaras no son bienvenidas en estas zonas donde el Estado prácticamente ha desaparecido. “Es sistemático”, afirma Gomez. “Se ensañan con el pueblo Nasa. Esto debe cesar.”
Las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo servirán como prueba crucial. Determinarán si Colombia puede garantizar elecciones libres, equitativas y seguras en todo su territorio nacional, o si la violencia continuará condicionando la participación política democrática en vastas regiones del país.
