Empresario asesinado por error : buscaban a otro hombre en Bogotá

Hombre tendido en calle empedrada con libros dispersos

El 11 de febrero de 2026, a las 3 :40 de la tarde, Gustavo Andrés Aponte salió de un gimnasio en el norte de Bogotá sin sospechar nada. A pocos metros, un hombre con traje y corbata esperaba una señal. Seis meses después, la Fiscalía General de la Nación reveló lo que muchos no imaginaban : los sicarios asesinaron al empresario por error, confundiéndolo con otra persona.

Un operativo calculado, una víctima equivocada

Aponte no era un hombre cualquiera. Propietario de Arroz Sonora, empresa con actividad agroindustrial en Tolima y Casanare, también se destacaba como triatleta y líder social. Según las primeras conclusiones de la Fiscalía, no había recibido ninguna amenaza previa que justificara un ataque en su contra. Ese dato, aparentemente menor, terminaría siendo la clave de todo.

Aquel miércoles llegó al gimnasio poco después de la 1 :30 p. m. Su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, aguardó afuera como siempre. Lo que ninguno de los dos sabía es que varios hombres ya habían tomado posición alrededor de la zona : una motocicleta sobre la calle 85 y otra cerca de la carrera Séptima, donde esperaba el conductor del pistolero.

La apariencia formal del atacante, traje y corbata, no era un detalle menor. La reconstrucción judicial indica que esa vestimenta buscaba evitar sospechas en un sector con patrullaje policial frecuente. Cuando llegó la llamada que confirmaba que la “persona esperada” salía del gimnasio, el sicario actuó. Disparó contra Aponte y alcanzó al escolta al menos tres veces antes de huir en motocicleta rumbo al centro de la ciudad.

La investigación determinó que el blanco real era Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario del sector de hidrocarburos. Una semejanza física entre ambos hombres habría llevado a los responsables del crimen a ejecutar al hombre equivocado. Un error de identificación que costó dos vidas.

Dato Gustavo Andrés Aponte (víctima) Olimpo Antonio Oliver Peñaranda (objetivo real)
Sector Agroindustria (arroz, ganadería) Hidrocarburos
Amenazas previas Ninguna registrada No confirmadas públicamente
Resultado Fallecido el 11 de febrero de 2026 Ileso

El chat “Gladiadores” y la logística del crimen

Cinco días antes del ataque, el 6 de febrero, alguien creó un grupo de WhatsApp llamado “Gladiadores”. Ocho personas coordinaban desde allí el seguimiento del objetivo y los detalles operativos del plan. Usaban alias : Moncayo, JJ, Bamb, Pequeño, Junio, Zorros, Tony y Carepapa. Esa conversación digital se convirtió en una de las piezas más importantes de la investigación.

Durante las audiencias judiciales, la fiscal Elsa Reyes explicó cómo ese espacio de mensajería permitió reconstruir la preparación del atentado paso a paso. El grupo documentaba el monitoreo de la rutina de Aponte, sus horarios y desplazamientos, lo que evidencia que la operación no fue improvisada, sino planificada durante días.

Entre los identificados figura Leonel Enrique Llanos Paternina, capturado en Villavicencio. Las autoridades le atribuyeron dos funciones concretas :

  • Realizar labores de inteligencia sobre los hábitos y rutinas de la víctima.
  • Conducir la motocicleta utilizada para la fuga después del disparo.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma. Su captura fue legalizada, pero la cadena de responsables no terminaba ahí.

Para quienes siguen casos similares de violencia contra empresarios en la capital, el caso recuerda a otros homicidios documentados recientemente, como el de un empresario costarricense hallado muerto en un hostal de Bogotá, episodio que también dejó más preguntas que respuestas sobre la seguridad en la ciudad.

Una segunda muerte y un expediente que sigue abierto

El 30 de mayo de 2026, tres meses después del crimen en La Cabrera, un hombre apareció asesinado en Tibiritá, Cundinamarca. Se trataba de Onori José Yabier Mendoza Viña, alias “El Negro”, señalado de haber facilitado la huida del autor material del atentado contra Aponte. Su muerte añadió un nuevo capítulo al expediente y obligó a las autoridades a abrir una investigación paralela.

Por ese segundo homicidio, la justicia judicializó a un presunto responsable que permanece recluido por los delitos de homicidio y hurto calificado agravados. Mendoza Viña quedó también vinculado póstumamente a la causa original, lo que amplió el mapa de actores implicados en el ataque de febrero.

A finales de agosto de 2026, seis meses después del crimen, la situación judicial es la siguiente : el presunto autor material del disparo ya estaría identificado, pero no ha sido capturado. Los determinadores y coordinadores de la operación tampoco han sido procesados. El expediente permanece abierto.

Lo que empezó como un seguimiento rutinario de un objetivo, coordinado en un chat creado apenas cinco días antes del ataque, terminó con la muerte de un empresario que nunca fue el blanco real. Dos hombres fallecidos, varios capturados y un pistolero todavía libre : ese es el balance provisional de un crimen que la Fiscalía describe como el resultado de una identificación errónea fatal.

La pregunta que la investigación todavía no responde

Francamente, el aspecto más inquietante de este caso no es el crimen en sí, sino lo que revela sobre cómo operan estas estructuras criminales en Bogotá. Si ocho personas coordinaron durante cinco días el seguimiento de un objetivo, con motocicletas posicionadas y un sicario disfrazado de oficinista, el nivel de organización es alarmante para cualquier ciudadano, no solo para empresarios del sector de hidrocarburos.

La Fiscalía identificó al autor material pero aún no lo ha detenido. Eso significa que, a día de hoy, el hombre que disparó contra Aponte sigue en libertad. Identificar no equivale a capturar, y esa brecha entre ambas acciones es, para las familias afectadas, una herida que no cierra.

Mientras el proceso avanza en los tribunales, vale la pena preguntarse qué medidas concretas adoptará la Fiscalía para cerrar el círculo completo de responsabilidades, incluyendo a quienes dieron la orden y financiaron la operación. Ahí está el nudo real del caso.

Juan Pérez
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