En el primer trimestre de 2026, 134 de los 265 homicidios registrados en Bogotá fueron asesinatos por encargo. No es una estimación ni una tendencia vaga : es el 50,5% de los crímenes letales de la capital colombiana, según cifras de la Policía Metropolitana. Matar dejó de ser un acto de impulso. Se convirtió en un servicio con tarifas, condiciones y niveles de especialización. El sicariato no es un síntoma periférico de la violencia bogotana. Es su motor principal.
De 15% a 50% : la escalada silenciosa del sicariato en la capital
Los números cuentan una historia que pocos quieren ver con claridad. En 2018, solo 161 de los 1.064 homicidios (15%) correspondían a asesinatos por encargo, según un estudio publicado en la revista Criminalidad de la Policía Nacional. Antes de la pandemia, esa proporción rondaba el 30%. Hoy supera la mitad. El salto es brutal y no ocurrió de golpe.
Un informe de junio de 2025 del concejal del Partido Verde Julián Espinosa, basado en datos obtenidos mediante derecho de petición a la Dijin, permite reconstruir la progresión :
| Año | Casos de sicariato | Total homicidios | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 2022 | 431 | 1.026 | 42% |
| 2023 | 437 | 1.085 | 40,3% |
| 2024 | 606 | 1.214 | 49,92% |
Laura Suárez, directora del área de seguridad urbana del centro de pensamiento ProBogotá, interpreta estas cifras sin rodeos : “Responden a disputas entre bandas criminales para controlar zonas que les sirven como corredores de droga y para el manejo de economías ilícitas.” No hay una organización dominante. Hay muchas, bien financiadas, peleándose palmo a palmo los territorios. Esa fragmentación es precisamente lo que vuelve el fenómeno tan difícil de desarticular.
Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, añade una capa más inquietante : el crimen se está organizando como un portafolio de servicios. Una banda ya no concentra todas las actividades ilícitas. Unas roban, otras trafican, otras matan. El sicariato funciona como outsourcing criminal : alguien identifica un objetivo, paga, y la ejecución la realiza un tercero sin vínculos directos con el contratante. Eso fragmenta la cadena de responsabilidad y complica cualquier investigación.
Armas baratas, cocaína abundante y bandas cada vez más sofisticadas
Francamente, uno de los factores más subestimados en este problema es el acceso casi sin fricción a las armas. Nieto lo ilustra con un dato que debería incomodar a cualquiera : en barrios como San Bernardo, en el centro de Bogotá, se alquilan armas desde 15.000 pesos por media hora. El precio sube si el arma está “limpia”, es decir, sin registros en investigaciones previas. Este mercado no es local. Responde a redes de contrabando que ingresan armamento por las fronteras con Venezuela y Ecuador, y que terminan abasteciendo a bandas urbanas que antes operaban con recursos mucho más limitados.
El narcotráfico amplifica todo esto. Las Naciones Unidas estimaron la producción de cocaína en Colombia en cerca de 3.000 toneladas anuales. Ese volumen genera un flujo de dinero que transforma estructuras criminales que antes vivían del hurto callejero. “Hoy se paga a delincuentes menores con recursos del narcotráfico. Eso les da mejores armas, más reclutas y mayor capacidad de actuar de forma organizada”, señala Suárez. Un caso ilustra bien la magnitud : alias Camilo, cabecilla de Los Camilos, banda desarticulada en 2021, movía más de 2.600 millones de pesos al mes en microtráfico, sin atacar estaciones de policía ni detonar explosivos. Más renta criminal que muchos frentes de grupos armados rurales.
Los homicidios que golpean a ciudadanos extranjeros en Bogotá también evidencian que la violencia por encargo no respeta fronteras sociales ni geográficas dentro de la ciudad. Si alguien paga, el crimen llega donde sea necesario.
Instituciones debilitadas frente a un crimen que gana terreno
Bogotá tiene 8 millones de habitantes distribuidos en 470 kilómetros cuadrados. Y cuenta con la tasa de pie de fuerza policial más baja de la última década : 206 agentes por cada 100.000 habitantes, la menor entre todas las capitales colombianas. Esa cifra, por sí sola, dice mucho sobre la capacidad real de respuesta.
Pero el problema institucional va más allá del número de uniformados. Suárez denuncia que la capacidad de inteligencia también se ha deteriorado. “Es imposible que Bogotá entienda cómo funciona el crimen si no comprende cómo llega desde el Cauca hasta Suba o Ciudad Bolívar.” La cadena criminal comienza muy lejos de la ciudad, y atacarla en el último eslabón, sin entender su lógica completa, es pura reacción sin estrategia.
A eso se suma la desactivación del Inventario Criminal Unificado de la Secretaría Distrital de Seguridad, herramienta que articulaba el Gaula, la SIJIN, la SIPOL y el CTI para mapear bandas, disputas y patrones delictivos. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán dejó de actualizarlo. Las localidades de Santa Fe, Los Mártires, Usme y Ciudad Bolívar concentran los mayores índices de sicariato, pero sin ese sistema operativo de inteligencia, la política de seguridad se diseña, como dice Suárez, “prácticamente a ciegas”.
Frente a este cuadro, las lecturas sobre la gestión de la Alcaldía divergen. Suárez reconoce avances concretos :
- Desarticulación de varias estructuras criminales activas.
- Mejoras en el monitoreo de economías ilícitas.
- Reducción del 3,4% en homicidios entre 2024 y 2025, la única capital colombiana que lo logró.
Nieto, en cambio, considera que falta una estrategia coherente y que se perdió parte de la capacidad de contención construida en administraciones anteriores. Lo que ambos tienen claro es que entender el sicariato es entender la violencia bogotana de hoy. No como dato estadístico, sino como sistema. Y atacar un sistema requiere inteligencia, coordinación y voluntad política que hoy, claramente, escasean.
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