Desde diciembre de 2024, al menos once líderes religiosos han sido secuestrados o asesinados en Colombia. No es un dato menor : refleja una crisis de seguridad que afecta directamente a quienes trabajan en las comunidades más vulnerables del país, muchas de ellas bajo el control de grupos armados ilegales.
Una organización internacional exige protección para los religiosos colombianos
El 6 de mayo de 2026, Christian Solidarity Worldwide (CSW) lanzó una campaña formal para exigir al gobierno colombiano que reinstale los mecanismos de protección específicos para líderes religiosos. Esta organización internacional de derechos humanos no actúa por alarma puntual : documenta, analiza y denuncia patrones sistemáticos de violencia. Y lo que observa en Colombia le preocupa profundamente.
El foco de la campaña apunta directamente a los decretos 1066 y al Sistema Nacional de Protección de 2023, mediante los cuales el gobierno actual retiró a los responsables religiosos de la categoría de personas especialmente vulnerables. Una decisión que, según CSW, ha tenido consecuencias letales. Desde ese cambio normativo, la violencia contra este sector de la sociedad civil no ha hecho más que intensificarse.
Para entender la magnitud del problema, basta revisar algunos casos concretos. El pastor José Otoniel Ortega fue asesinado por hombres armados mientras participaba en una celebración de Año Nuevo. A finales de junio, las autoridades descubrieron una fosa común con los restos de ocho líderes religiosos y sociales. La Fiscalía colombiana señaló al Frente Armando Ríos, un grupo disidente de las extintas FARC, como responsable de esas muertes.
Estos no son incidentes aislados. Son el resultado de una combinación peligrosa : la retirada de protecciones estatales y el avance territorial de organizaciones criminales armadas.
| Caso documentado | Víctima(s) | Responsable señalado |
|---|---|---|
| Asesinato en celebración de Año Nuevo | Pastor José Otoniel Ortega | Hombres armados no identificados |
| Fosa común descubierta a finales de junio | 8 líderes religiosos y sociales | Frente Armando Ríos (disidentes FARC) |
| Total de casos desde diciembre 2024 | Al menos 11 personas | Grupos armados ilegales en zonas de conflicto |
Por qué los líderes religiosos son blancos prioritarios de los grupos armados
Anna Lee Stangl, directora de incidencia y responsable del equipo para las Américas en CSW, lo explica sin rodeos : los líderes religiosos representan una voz contraria a los intereses de los grupos armados. Predican paz, justicia y libertad en comunidades donde esos valores son una amenaza directa para quienes viven del miedo y la coacción.
Según Stangl, estos líderes son percibidos como figuras de oposición por las organizaciones criminales que operan en sus territorios. No importa que no porten armas ni participen en política partidaria : su sola presencia como referentes morales los convierte en objetivos. La extorsión suele ser el primer paso. Luego vienen las amenazas, el desplazamiento forzado y, en demasiados casos, el secuestro o el asesinato.
Lo que ocurre en Colombia no es un fenómeno exclusivo de zonas rurales remotas. Afecta a comunidades urbanas y periurbanas igualmente sometidas al control territorial de grupos ilegales. Y el Estado, al retirar a los religiosos de sus programas de protección, les ha dejado sin red de seguridad institucional.
- Extorsión sistemática como primera forma de presión sobre líderes religiosos activos.
- Amenazas directas cuando los religiosos rechazan colaborar o callar.
- Desplazamiento forzado de pastores y sacerdotes que abandonan sus comunidades por miedo.
- Secuestro y asesinato como medida extrema contra quienes denuncian públicamente.
Este contexto se agrava aún más por el clima político que vive Colombia. El país enfrenta unas elecciones presidenciales marcadas por una fuerte violencia política y criminal, lo que añade tensión a una situación ya de por sí explosiva. No es casual que CSW haya lanzado su campaña justo ahora : quiere que el tema esté en la agenda del futuro presidente desde el primer día.
Qué debe hacer el próximo gobierno colombiano
La posición de CSW es clara y no deja lugar a interpretaciones ambiguas : el próximo jefe de Estado colombiano debe reinstaurar los mecanismos de protección para los líderes religiosos, independientemente de su afiliación política o del resultado electoral. Las promesas de “paz total” con las que el gobierno actual llegó al poder deben traducirse en hechos concretos para este sector especialmente expuesto.
Franquemente, resulta llamativo que un gobierno que hace de la paz su bandera haya decidido excluir a los líderes religiosos de los programas de protección. Son precisamente ellos quienes trabajan sobre el terreno en las zonas más conflictivas, los que median, los que acompañan a las víctimas. Dejarlos desprotegidos no es solo un error administrativo : es una contradicción política evidente.
Anna Lee Stangl lo resume con precisión : reconocer la vulnerabilidad específica de los responsables religiosos y garantizarles acceso a los programas gubernamentales de seguridad debe ser una prioridad absoluta del próximo mandato. No una medida secundaria, no un gesto simbólico. Una obligación del Estado.
Vale la pena recordar también el contexto más amplio en el que se desarrollan estas tensiones. Las declaraciones polémicas del presidente Petro sobre figuras religiosas han contribuido a deteriorar la relación entre el gobierno y las comunidades de fe, lo que dificulta aún más el diálogo necesario para avanzar en la protección de estos líderes. Construir confianza institucional exige, antes que nada, respeto mutuo. Sin eso, cualquier mecanismo de protección quedará sobre el papel.
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