La región amazónica atraviesa una crisis multidimensional que requiere respuestas coordinadas entre los países que comparten este territorio vital. Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Luis Arce se reunirán en Bogotá para abordar los desafíos que amenazan la estabilidad de la cuenca amazónica. Esta cumbre presidencial surge tras una semana de diálogos que evidencian las contradicciones de una región que alberga 277 millones de hectáreas intactas pero enfrenta presiones sin precedentes.
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) ha identificado múltiples amenazas que trascienden las fronteras nacionales. Mientras los ecosistemas amazónicos representan la mayor carta climática de Latinoamérica, los conflictos territoriales y la degradación ambiental ponen en riesgo su sostenibilidad futura.
Violencia armada desestabiliza territorios amazónicos
La región noroccidental amazónica, que abarca 458,5 millones de hectáreas en seis países, enfrenta una disputa territorial constante entre grupos armados ilegales. Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible revela la operación de 17 organizaciones criminales en el 69% de los municipios amazónicos.
Cinco grupos transnacionales ejercen particular influencia : el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital de Brasil, junto al Estado Mayor Central, el Ejército de Liberación Nacional y los Comandos de Frontera de Colombia. A estos se suma la Nueva Generación, una alianza en expansión que integra Los Lobos, Chone Killers y disidencias de Los Tiguerones, originaria de Ecuador con proyección regional creciente.
Las consecuencias de esta violencia son devastadoras. El Putumayo colombiano registra 24 masacres desde 2020, mientras las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Orellanas alcanzan tasas de 76 y 56 muertes violentas por cada 100,000 habitantes respectivamente. En Perú, las familias huyen para proteger a sus hijos del reclutamiento forzado o son obligadas a trabajar en campamentos de minería ilegal. La construcción de carreteras clandestinas facilita la deforestación y el control territorial de estos grupos.
Degradación ambiental alcanza niveles críticos
La presión sobre los ecosistemas amazónicos se intensifica mediante actividades extractivas ilegales. La minería ilegal afecta al 19% del territorio amazónico, mientras la contaminación por mercurio vertido en las aguas alcanza 30 toneladas. Entre 2001 y 2023, la región noroccidental perdió más de 14,7 millones de hectáreas de bosque, equivalente al tamaño de Honduras.
Esta degradación compromete la capacidad de regulación climática de la Amazonia y acelera el riesgo de alcanzar un punto de no retorno. Los efectos trascienden las fronteras nacionales y amenazan la estabilidad climática global, convirtiendo la conservación amazónica en una prioridad internacional urgente.
| País | Metas de restauración 2030 (millones de hectáreas) | Plan de adaptación climática |
|---|---|---|
| Brasil | 12 | Sí |
| Perú | 3.2 | Sí |
| Bolivia | 3.2 | Sí |
| Colombia | 1 | Sí |
| Ecuador | 0.5 | Sí |
Políticas desarticuladas limitan respuestas efectivas
Los países amazónicos mantienen enfoques fragmentados en sus políticas de conservación, según análisis del Instituto Panamazónico. Aunque siete países desarrollaron planes de adaptación al cambio climático (Venezuela es la excepción), las metas de restauración varían significativamente entre naciones. Mientras Brasil, Perú y Bolivia se comprometieron a restaurar entre 12 y 3.2 millones de hectáreas, Colombia fijó solo 1 millón y Ecuador la mitad.
Esta descoordinación contrasta con la articulación de la sociedad civil, donde redes de indígenas, científicos, parlamentarios y ciudadanos demuestran que las fronteras no impiden la cooperación efectiva. La experta peruana Milagros Sandoval del Instituto Panamazónico señala que “los gobiernos tienen que empezar a hablarse entre ellos”, especialmente considerando que históricamente no han estado cerca de sus territorios amazónicos.
El Panel Científico por la Amazonia propone priorizar dos áreas de restauración : una en el sur de la Amazonia brasileña hasta Bolivia, y otra a lo largo de los Andes entre Perú, Ecuador y Colombia. Esta coordinación requiere crear dinámicas claras de intercambio de información para actuar de manera oportuna.
Propuestas ciudadanas para una Amazonia sostenible
Las organizaciones sociales presentaron demandas concretas para la cumbre presidencial. La Nacionalidad Waorani del Ecuador solicita que la Amazonia sea territorio libre de combustibles fósiles, recordando su victoria en la consulta popular para frenar el bloque petrolero 43-ITT, aún sin implementar efectivamente.
La propuesta incluye establecer zonas de exclusión de combustibles fósiles en territorios de pueblos indígenas en aislamiento, respaldada por parlamentarios regionales y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Un estudio de Earth Insight advierte que los bloques petrolíferos cubren más de una cuarta parte de la región amazónica colombiana, generando crisis para 64 pueblos indígenas por contaminación del agua y aire.
Las organizaciones proponen implementar :
- Estándares regionales de pagos por servicios ambientales
- Corredores transfronterizos de áreas protegidas
- Certificación para productos amazónicos sostenibles
- Observatorio de líderes amenazados coordinado por OTCA
- Financiación específica para protección territorial
Paradójicamente, el gobierno de Petro, vocal en su exigencia de abandonar combustibles fósiles, otorgó 30 licencias de exploración petrolera y 14 de producción en la zona. Los expertos señalan que casi dos tercios de estos proyectos son económicamente inviables bajo los compromisos climáticos actuales, considerando la meta colombiana de reducir emisiones 51% para 2030.
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