La transformación de las rutas clandestinas de las FARC en Colombia representa uno de los mayores desafíos ambientales que enfrenta la Amazonía colombiana. Estos caminos, originalmente construidos para el tránsito guerrillero, se han convertido en arterias principales para la deforestación acelerada que amenaza este pulmón verde del planeta. El fenómeno se intensificó paradójicamente tras los acuerdos de paz de 2016, cuando el vacío de poder dejado por las FARC fue ocupado por intereses económicos depredadores y grupos disidentes que fomentan la tala indiscriminada de bosques.
El legado vial de las FARC: de rutas insurgentes a corredores de deforestación
Las vías clandestinas que serpentean a través de la Amazonía colombiana tienen una historia que se remonta a los años 70. Inicialmente construidas por colonos, estas rutas fueron posteriormente ampliadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que las utilizaban como corredores estratégicos para movilizarse sin ser detectados y transportar mercancías de contrabando hacia países fronterizos como Venezuela y Brasil.
Un ejemplo emblemático es la carretera que conecta Miraflores con Calamar en el departamento del Guaviare, al este de Colombia. Esta vía, custodiada por personas como Rosa, quien cobra un peaje informal que oscila entre 0,50 y 14 dólares, ilustra la ausencia del Estado en estas regiones. La falta de presencia institucional ha permitido que actores no estatales impongan sus propias reglas en estos territorios amazónicos.
Contrario a lo que podría esperarse, la firma del acuerdo de paz en 2016 no mejoró la situación ambiental. De hecho, el cultivo de coca en Colombia ha alcanzado cifras récord debido a los avances tecnológicos que han impulsado su producción en zonas anteriormente protegidas por la presencia guerrillera. La salida de las FARC de estos territorios abrió la puerta a colonos y extranjeros que han deforestado miles de hectáreas para:
- Establecer cultivos ilícitos, principalmente coca
- Desarrollar ganadería extensiva
- Apropiarse ilegalmente de tierras forestales
- Explotar recursos madereros de alto valor
La diferencia fundamental radica en que las FARC limitaban la deforestación para mantener la cobertura forestal que les servía como protección contra bombardeos. Los grupos disidentes actuales, en cambio, promueven activamente el desmonte para beneficiarse económicamente de actividades como la ganadería, cobrando “impuestos” a terratenientes y ganaderos que utilizan estas vías para expandir sus operaciones ilegales.
Expansión de la red vial clandestina y su impacto ambiental
La magnitud de esta red clandestina resulta alarmante. Según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), existen aproximadamente 28.000 kilómetros de carreteras ilegales atravesando la Amazonía colombiana. Esta cifra equivale a un viaje de ida y vuelta entre París y Tokio, lo que dimensiona el alcance del problema y su impacto sobre ecosistemas frágiles.
Estas vías afectan directamente a reservas indígenas y parques naturales, fragmentando hábitats cruciales para la biodiversidad amazónica. El ritmo acelerado de pérdida forestal ha llevado a Colombia a perder 107.000 hectáreas de bosque en 2024, cifra que podría aumentar mientras las negociaciones de paz con grupos disidentes continúan estancadas.
Las autoridades locales, lejos de combatir este fenómeno, han optado en muchos casos por ignorar la ilegalidad de estas vías. Más preocupante aún, existen casos documentados donde se han utilizado fondos públicos para ampliar estas carreteras, bajo el pretexto de mejorar la conectividad regional, pero beneficiando principalmente intereses privados en territorios que legalmente son inenajenables.
| Departamento | Kilómetros de vías clandestinas | Principal impacto ambiental |
|---|---|---|
| Guaviare | 6.500 | Deforestación para ganadería |
| Caquetá | 8.200 | Cultivos ilícitos |
| Meta | 5.300 | Apropiación ilegal de tierras |
| Putumayo | 4.800 | Tala ilegal |
Control territorial y régimen paralelo en las vías amazónicas
El control sobre estas carreteras clandestinas ha dado origen a un régimen paralelo que desafía la soberanía del Estado colombiano. En departamentos como Caquetá, los grupos disidentes han establecido normas estrictas para quienes transitan por estas vías. Entre las medidas impuestas destacan:
- Obligación de circular con las ventanas bajadas para facilitar la identificación
- Prohibición del uso de cascos para motociclistas
- Imposición de toques de queda después de las 20:00 horas
- Establecimiento de sanciones que pueden llegar hasta la pena de muerte para infractores
Este sistema de control no solo garantiza el dominio territorial de estos grupos armados, sino que también facilita sus operaciones económicas ilícitas. Las rutas que antiguamente servían para la movilidad guerrillera ahora constituyen auténticas autopistas del crimen que permiten la expansión de actividades extractivas depredadoras.
La situación se complica con la presencia de peajes informales como el operado por Rosa en la ruta Miraflores-Calamar. Estos puntos de control, aunque aparentemente modestos, forman parte de una compleja red económica que financia tanto a comunidades locales como a grupos armados, perpetuando un ciclo de ilegalidad y deterioro ambiental.
Desafíos para la preservación amazónica frente a la expansión vial
El gobierno de Gustavo Petro enfrenta el inmenso reto de contener esta amenaza creciente para la Amazonía colombiana. Las negociaciones de paz con grupos disidentes han avanzado lentamente, mientras la deforestación continúa a ritmo acelerado. La conservación de la Amazonía colombiana requiere estrategias que aborden tanto el control territorial como las causas estructurales que impulsan la expansión de estas vías clandestinas.
La paradoja más preocupante es que estos caminos, originalmente construidos para evadir el control estatal, ahora representan uno de los mayores desafíos para la gobernanza ambiental en Colombia. El futuro de vastas extensiones de bosque primario depende de la capacidad del Estado para reclamar efectivamente estos territorios y establecer alternativas de desarrollo sostenible para las comunidades locales.
La transformación de las antiguas rutas de las FARC en vectores de deforestación ilustra cómo los vacíos de poder pueden generar consecuencias ambientales devastadoras. Sin una intervención decisiva, estas cicatrices marrones visibles desde imágenes satelitales continuarán expandiéndose, amenazando uno de los ecosistemas más valiosos del planeta y comprometiendo los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.
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