La controversia ambiental en torno a FEMSA y sus prácticas extractivas en La Calera ha escalado dramáticamente tras revelarse el sellado de manantiales naturales con estructuras de concreto. Esta situación ha puesto en el centro del debate las políticas hídricas colombianas y la responsabilidad corporativa en tiempos de crisis climática.
Investigación parlamentaria revela irregularidades en la explotación de manantiales
La representante María del Mar Pizarro ha documentado mediante fotografías la instalación de tapas de concreto con candados metálicos sobre los nacimientos de agua. Estas imágenes han generado un escándalo que trasciende los límites municipales, especialmente considerando que la región enfrenta sequías recurrentes.
El ingeniero civil Gelber Gutiérrez, especialista en planificación hídrica, califica estas intervenciones como contrarias a toda práctica sostenible. Según su análisis, no existe justificación técnica que avale el sellamiento de fuentes naturales, práctica que viola los principios de conservación del recurso hídrico.
La normativa colombiana establece claramente que los cuerpos de agua deben mantener su ronda hidráulica natural, una franja protectora que garantiza el funcionamiento ecosistémico. Las construcciones que alteren esta dinámica constituyen infracciones ambientales graves que pueden comprometer el abastecimiento regional.
| Año | Tipo de infracción | Sanción aplicada |
|---|---|---|
| 1994 | Embotellado excesivo de agua | Advertencia |
| 2010 | Reducción del caudal natural | Observación técnica |
| 2023 | Cementado de manantiales | Orden de retiro |
| 2024 | Incumplimiento de orden | Sin sanción |
Operación sin permisos y supervisión deficiente de autoridades ambientales
Entre 2006 y 2014, la embotelladora operó sin las autorizaciones ambientales requeridas, extrayendo millones de litros sin compensación ecosistémica. Esta situación evidencia las deficiencias del sistema de control ambiental colombiano y la influencia del sector privado en las decisiones regulatorias.
La Corporación Autónoma Regional (CAR) enfrenta cuestionamientos por su falta de supervisión efectiva durante casi una década. La congresista Pizarro ha señalado que esta omisión permitió la explotación indiscriminada de recursos hídricos en una zona estratégica para el abastecimiento regional.
La situación se agrava considerando las protestas ciudadanas por la explotación durante períodos de sequía, cuando la demanda hídrica supera la disponibilidad natural. Los expertos coinciden en que la sostenibilidad de los caudales ecológicos se compromete gravemente cuando las empresas exceden los límites establecidos.
Impacto económico versus sostenibilidad hídrica en La Calera
La planta ubicada a 30 kilómetros de Bogotá produce 420.000 botellas diarias, generando ingresos significativos para la multinacional. Sin embargo, la compensación económica al municipio resulta desproporcionalmente baja : 11 millones de pesos anuales por concepto de tasa hídrica (aproximadamente 2.850 dólares) y 1.300 millones de pesos en impuestos municipales.
Esta disparidad económica ha intensificado las críticas sobre la equidad en la explotación de recursos naturales. Los 28.000 habitantes de La Calera dependen de la quebrada San Lorenzo para su abastecimiento, mientras la empresa extrae agua subterránea para comercialización bajo la marca Manantial.
Las siguientes consecuencias ambientales preocupan a la comunidad científica :
- Reducción del caudal en fuentes naturales
- Alteración de la dinámica hidrológica regional
- Posible afectación al Sistema Chingaza
- Vulnerabilidad durante períodos secos
- Pérdida de biodiversidad acuática
Respuesta institucional y perspectivas de regulación hídrica
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, ha intervenido públicamente afirmando que “el agua para la gente tiene prioridad sobre cualquier uso empresarial”. Esta declaración marca un cambio en la política gubernamental hacia una mayor protección del recurso hídrico.
La Procuraduría ha solicitado a la CAR acelerar la decisión sobre la prórroga del contrato por una década adicional. Este proceso, que lleva casi un año en trámite, determinará el futuro de la explotación hídrica en la región y establecerá precedentes para casos similares.
Los planes de reforestación implementados por la empresa han dividido a la comunidad local. Mientras algunos vecinos apoyan estas iniciativas por los empleos generados, la mayoría expresa preocupación por la disponibilidad futura del agua. Esta polarización refleja la complejidad de equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
El experto Gutiérrez concluye que las autoridades ambientales colombianas carecen de herramientas adecuadas para supervisar y sancionar usos indebidos del agua. La politización de estas instituciones y la influencia empresarial comprometen la efectividad de la regulación hídrica, perpetuando prácticas que amenazan la seguridad hídrica regional.
