Colombia lleva más de sesenta años atrapada en un conflicto armado que ha dejado cientos de miles de vÃctimas. La polÃtica de paz negociada con los grupos armados, conocida como “paz total”, impulsada por el presidente saliente Gustavo Petro, está a punto de desaparecer. El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dejado claro que su gobierno optará por la vÃa militar, no por la mesa de diálogo.
El fin de la “paz total” : una ruptura anunciada antes del 7 de agosto
El simbolismo importa en polÃtica. De la Espriella tiene previsto tomar posesión el 7 de agosto en una instalación militar, rompiendo con décadas de tradición que sitúan esta ceremonia en el Congreso. El presidente saliente Petro intenta bloquearlo, y el espectáculo que ofrecen ambos dirigentes ha generado perplejidad incluso entre editorialistas conservadores. El cronista del diario El Nuevo Siglo lo resume con ironÃa : la toma de posesión promete ser “un capÃtulo más del realismo mágico” que caracteriza al paÃs.
Más allá del gesto simbólico, de la Espriella ha confirmado la supresión del Comisionado para la Paz, el organismo encargado de las negociaciones con los grupos armados. También desaparecerá el comisionado de Derechos Humanos, garante del derecho internacional humanitario. “El comisionado de paz desaparece porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, declaró el presidente electo en un video. La frase no deja margen de interpretación.
El medio polÃtico La Silla VacÃa analiza el alcance real de estas decisiones :
- Definen un modelo de seguridad basado en el ultimátum, no en la negociación.
- La “paz total” será abolida formalmente por decreto desde el primer dÃa de gobierno.
- Su desmantelamiento, sin embargo, ya ha comenzado en la práctica antes de la investidura.
Para mÃ, esta ruptura no es una sorpresa : De la Espriella nunca ocultó su postura durante la campaña. Lo que resulta llamativo es la velocidad con la que se materializa, incluso antes de llegar al poder.
El acuerdo de 2016 con las FARC : lo que queda y lo que ya se perdió
El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estableció compromisos concretos. Uno de los más visibles fue la concesión de cerca de diez escaños en el Congreso durante diez años para los dirigentes guerrilleros desmovilizados. Ese plazo expiró en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2026, lo que supuso la desaparición del partido Comunes, heredero polÃtico de las FARC.
Los datos son duros : más de 450 excombatientes firmantes del acuerdo han sido asesinados desde 2016. El conflicto no solo persiste; se ha intensificado en las regiones fronterizas, donde los grupos disidentes han ganado terreno. De hecho, las disputas entre disidentes de las FARC en la AmazonÃa colombiana ilustran perfectamente cómo el vacÃo dejado por la desmovilización fue aprovechado por facciones que rechazaron el proceso de paz.
La nueva ofensiva del gobierno entrante también apunta a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante de las FARC y signatario histórico del acuerdo. De la Espriella ha declarado su intención de encarcelarlo. Ante esta amenaza, el diario progresista El Espectador, que hasta ahora abogaba por la moderación, endurece su postura : “El respeto al acuerdo de paz no es facultativo. El Estado colombiano se comprometió a respetar lo pactado con las FARC, y un presidente no puede cambiar eso.”
| Aspecto | Gobierno Petro (paz total) | Gobierno De la Espriella (ofensiva) |
|---|---|---|
| Enfoque con grupos armados | Negociación y diálogo | Ultimátum y acción militar |
| Comisionado de Paz | Activo | Suprimido |
| Acuerdo FARC 2016 | Respetado formalmente | Cuestionado en sus garantÃas |
| Postura sobre Timochenko | Interlocutor polÃtico | Objetivo de detención |
El semanario conservador Semana, fiel a su lÃnea editorial, respalda el cambio de rumbo y sostiene que “Colombia merece algo mejor que la farsa que fue la polÃtica de paz total” de Petro, a la que acusa de haber permitido que los grupos armados se fortalecieran. Es un argumento que tiene peso entre sectores importantes de la opinión pública colombiana, aunque simplifica una realidad extraordinariamente compleja.
Washington, Rubio y la dimensión regional del giro colombiano
Este cambio de polÃtica no ocurre en el vacÃo. Mientras de la Espriella anunciaba la supresión del Comisionado de Paz en Bogotá, una delegación del gobierno entrante se reunÃa en Washington con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo encabezó los encuentros, centrados en seguridad regional, narcotráfico y cooperación militar.
El mensaje es claro : la lÃnea dura colombiana encuentra respaldo en la administración Trump, que lleva meses promoviendo su propia “guerra contra las drogas” con renovado vigor. Esta alineación geopolÃtica no es menor. Históricamente, la cooperación entre Bogotá y Washington en materia de seguridad ha determinado la capacidad operativa de las fuerzas armadas colombianas, su financiación y su doctrina táctica.
Francamente, la cuestión que nadie responde todavÃa es si una estrategia puramente coercitiva logrará lo que décadas de guerra no consiguieron. Los grupos armados que sobrevivieron al acuerdo de 2016 cuentan hoy con más recursos y mayor implantación territorial que los propios firmantes del proceso de paz en su momento. Apostar exclusivamente por la fuerza sin resolver las causas estructurales del conflicto, como la pobreza rural o el abandono del Estado en zonas remotas, es una apuesta arriesgada que Colombia ya ha ensayado antes, con resultados que la historia conoce bien.
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