La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento crítico debido a las tensiones sobre la lucha antinarcóticos. El gobierno colombiano ha manifestado su preocupación ante la posible “descertificación” por parte de la administración Trump, advirtiendo que tal decisión podría provocar consecuencias contraproducentes en la batalla contra el tráfico de drogas.
Amenaza de descertificación: implicaciones para la lucha antinarcóticos
El gobierno de Estados Unidos evalúa actualmente la posibilidad de incluir a Colombia en su lista negra de países no cooperantes en la lucha contra las drogas. Esta decisión podría tener graves consecuencias para la nación sudamericana, poniendo en riesgo aproximadamente 500 millones de dólares en financiamiento anual que Washington destina a programas antinarcóticos en territorio colombiano.
Pedro Sanchez, quien asumió recientemente como ministro de Defensa de Colombia, expresó su preocupación señalando que una “ruptura de relaciones y cooperación” entre ambos países representaría una oportunidad para el fortalecimiento del narcotráfico. El funcionario enfatizó que la descertificación limitaría significativamente la capacidad del país para enfrentar este flagelo.
“Perderíamos simplemente la capacidad de contener la amenaza del narcotráfico. No poder contenerla iría contra los propios intereses estadounidenses, ya que más cocaína llegaría a su territorio, haciendo a Estados Unidos menos seguro y próspero”, advirtió el ministro en declaraciones recientes.
Esta no sería la primera vez que Colombia enfrenta una situación similar. Durante la presidencia de Ernesto Samper en los años 90, Estados Unidos ya había descertificado al país tras acusaciones de financiamiento del cartel de Cali a su campaña electoral de 1994. Las posturas del actual presidente colombiano comparando la cocaína con el whisky y promoviendo su legalización han generado nuevas tensiones en la relación bilateral.
Estrategias colombianas frente a grupos armados y carteles
Ante el desafío que representan las organizaciones criminales, el ministro Sanchez ha reafirmado el compromiso de las autoridades colombianas para combatir “con todas las fuerzas del Estado” a los grupos armados vinculados al narcotráfico. Entre los principales objetivos se encuentran:
- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que según Bogotá opera en colaboración con el cartel mexicano de Sinaloa
- El Estado Mayor Central, una disidencia surgida de las FARC que controla importantes áreas de cultivo de coca
- Diversas organizaciones criminales que dominan rutas de tráfico hacia Norteamérica
- Redes de lavado de activos vinculadas al narcotráfico internacional
Las autoridades colombianas han intensificado sus operaciones en regiones estratégicas del sur del país, donde se concentra gran parte de los cultivos ilícitos. El ministro reconoció que esta lucha implicará “grandes sacrificios y lágrimas”, pero expresó su convicción de que finalmente lograrán avances significativos.
La compleja geografía colombiana, con selvas densas y territorios de difícil acceso, ha facilitado históricamente la proliferación de cultivos ilícitos. Sin embargo, las nuevas estrategias buscan romper el control territorial de los grupos armados mediante una presencia estatal integral que combine seguridad con programas de desarrollo alternativo.
Política de Trump y su impacto en la cooperación bilateral
La administración Trump ha adoptado una postura especialmente severa respecto al ingreso de drogas a territorio estadounidense. Esta línea dura ya se ha manifestado en medidas contra México y Canadá, países que han sido objeto de aranceles punitivos por su supuesta falta de control sobre el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
| País | Medidas aplicadas por EE.UU. | Impacto económico estimado |
|---|---|---|
| México | Aranceles del 25% a diversas importaciones | Más de 3.000 millones USD anuales |
| Canadá | Restricciones comerciales selectivas | Aproximadamente 900 millones USD anuales |
| Colombia (potencial) | Pérdida de financiamiento antinarcóticos | Cerca de 500 millones USD anuales |
Los programas de cooperación binacional que podrían verse afectados incluyen iniciativas de erradicación de cultivos, interdicción marítima, fortalecimiento judicial y proyectos de desarrollo alternativo en zonas rurales vulnerables. La pérdida de estos recursos comprometería gravemente la capacidad operativa de las autoridades colombianas.
Analistas internacionales han señalado que una descertificación resultaría contraproducente para los propios intereses estadounidenses, ya que debilitaría a uno de sus principales aliados en la región en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Paradoja del enfoque punitivo en la política antidrogas
La advertencia del gobierno colombiano pone de relieve una de las grandes paradojas de la política internacional antidrogas: las medidas punitivas contra países productores a menudo conducen a un debilitamiento de su capacidad para contener el fenómeno, resultando en un aumento del flujo de drogas hacia los mercados consumidores.
Esta dinámica se ha observado históricamente en distintos contextos. Cuando un país pierde recursos y capacidad operativa para combatir el narcotráfico, los grupos criminales aprovechan el vacío para expandir sus actividades. Las redes de tráfico son altamente adaptativas y rápidamente capitalizan las debilidades institucionales.
La amenaza de descertificación ocurre en un momento en que Colombia enfrenta:
- Reorganización de grupos armados en territorios anteriormente controlados por las FARC
- Aumento de cultivos ilícitos en ciertas regiones del país
- Surgimiento de nuevas alianzas entre organizaciones criminales locales y carteles internacionales
- Desafíos en la implementación de programas de desarrollo alternativo para comunidades dependientes de cultivos ilícitos
En este contexto, expertos en seguridad regional sugieren que un enfoque de cooperación reforzada, en lugar de sanciones, resultaría más efectivo para abordar un problema que requiere soluciones multilaterales e integrales. La advertencia del ministro Sanchez subraya esta realidad: debilitar la capacidad de respuesta colombiana solo beneficiaría a quienes controlan el negocio ilícito de las drogas.
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