La muerte de Sara Millerey, una mujer transgénero de 32 años, ha generado una ola de indignación en Colombia tras ser brutalmente asesinada en condiciones atroces. Su caso ha puesto de manifiesto la alarmante realidad de la violencia contra las personas trans en el país y ha provocado manifestaciones en diversas ciudades exigiendo justicia.
Brutal asesinato conmociona a Colombia
El 4 de abril de 2025, Sara Millerey fue encontrada agonizando en un afluente del río que atraviesa el municipio de Bello, localidad ubicada en la frontera norte con Medellín, departamento de Antioquia. Según las primeras investigaciones, un grupo de hombres la torturó salvajemente antes de arrojarla al agua con los brazos y piernas fracturados.
La víctima permaneció aproximadamente una hora luchando por su vida en las contaminadas aguas, aferrada a una rama para evitar ser arrastrada por la corriente mientras gritaba desesperadamente pidiendo auxilio. Fue trasladada a un hospital donde lamentablemente falleció al día siguiente debido a un paro cardíaco.
Lo que ha intensificado el horror y la indignación pública fue la grabación de su agonía difundida en redes sociales, material que rápidamente se viralizó generando una reacción masiva de repudio en todo el territorio colombiano. Este acto ha sido calificado como “transfeminicidio”, término que hace referencia a un asesinato motivado específicamente por la identidad de género de la víctima.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha ofrecido una recompensa de cincuenta millones de pesos (aproximadamente 10.000 euros) por información que conduzca a la captura de los responsables de este crimen, mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar y detener a los agresores.
Aumento alarmante de la violencia transfóbica
Las estadísticas revelan un panorama desolador para la comunidad transgénero en Colombia. Según datos del Ministerio de Igualdad, desde enero de 2025 una mujer transgénero es asesinada cada tres días en el país, cifra que evidencia una crisis humanitaria que afecta especialmente a este colectivo.
Harley Cordoba Rodriguez, codirector de derechos humanos de la organización “Alianza Social LGBTQ+” del departamento de Antioquia, señala un incremento alarmante de estos crímenes: “Entre 2022 y 2023, observamos un aumento del 200% en los asesinatos en Medellín y el Valle de Aburrá. Hasta la fecha, registramos 26 muertes violentas de miembros de la comunidad LGBTQ+ en Colombia, con la mitad de estos casos ocurriendo en Antioquia”.
Los patrones de estos crímenes presentan similitudes preocupantes:
- Tortura previa al asesinato
- Métodos extremadamente violentos
- Asfixia mecánica en muchos casos
- Víctimas con extremidades atadas
- Abandono de los cuerpos en ríos o espacios públicos
La situación es particularmente grave desde el fin de la pandemia de COVID-19, período en el que se ha documentado un recrudecimiento de los crímenes de odio. Un dato especialmente estremecedor es que la esperanza de vida promedio de una mujer transgénero en Colombia apenas alcanza los 30 años, lo que ilustra la magnitud de la violencia sistemática contra este colectivo.
Movilización nacional por la justicia
Tras conocerse la muerte de Sara Millerey, se han multiplicado las manifestaciones de apoyo y las concentraciones en diversas ciudades colombianas. Las protestas exigen justicia para Sara y para todas las víctimas de crímenes transfóbicos en el país, reclamando mayor protección para las personas transgénero.
| Ciudad | Fecha de la manifestación | Número aproximado de asistentes |
|---|---|---|
| Bogotá | 9 de abril de 2025 | 5.000 |
| Medellín | 8 de abril de 2025 | 3.200 |
| Cali | 10 de abril de 2025 | 2.500 |
| Barranquilla | 11 de abril de 2025 | 1.800 |
Las organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+ han aprovechado esta coyuntura para visibilizar las siguientes demandas urgentes:
- Implementación de protocolos específicos para investigar crímenes de odio
- Capacitación a funcionarios judiciales y policiales en temas de diversidad sexual y de género
- Creación de unidades especializadas para atender la violencia contra personas LGBTQ+
- Políticas públicas integrales que garanticen el derecho a la vida de las personas trans
- Mayor presupuesto para programas de prevención de la violencia transfóbica
El caso de Sara Millerey ha generado además pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos, que han expresado su preocupación por la situación en Colombia y han instado al gobierno a tomar medidas efectivas para proteger a la población transgénero.
Desafíos para la protección de derechos fundamentales
El asesinato de Sara Millerey ha puesto de relieve los enormes retos que enfrenta Colombia para garantizar los derechos fundamentales de las personas transgénero. A pesar de los avances legales en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, la realidad cotidiana muestra un panorama de discriminación y violencia estructural.
Los activistas señalan que la impunidad en estos casos es un factor que alimenta el ciclo de violencia. Muchos asesinatos de personas trans no son investigados adecuadamente o quedan sin resolver, lo que envía un mensaje peligroso de permisividad frente a estos crímenes.
Las estadísticas demuestran que las mujeres transgénero constituyen uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir violencia letal en Colombia. La intersección entre transfobia, misoginia y otras formas de discriminación crea un ambiente particularmente hostil para ellas.
El caso de Sara Millerey representa un punto de inflexión que ha visibilizado esta problemática a nivel nacional e internacional. Las organizaciones de la sociedad civil esperan que esta indignación colectiva se traduzca en cambios concretos en las políticas públicas y en la conciencia social para prevenir futuros casos de violencia transfóbica.
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