En Colombia, miles de personas han sufrido secuestros durante décadas de conflicto armado. Hoy, gracias al proceso de justicia transicional, las víctimas finalmente pueden confrontar a sus captores, antiguos guerrilleros de las FARC, en audiencias públicas que buscan verdad, reconocimiento y sanación.
El doloroso encuentro entre víctimas y victimarios
“¿Por qué a mí, siendo médico y líder social, una persona que servía a una comunidad que imploraba mi liberación?” Esta pregunta, formulada por el cirujano Guillermo León Molina, secuestrado en 1998, resonó en el auditorio de la Universidad Eafit de Medellín. Minutos después, Ovidio Mesa, conocido como “Anderson” dentro de la guerrilla, asumió la responsabilidad: “Usted fue secuestrado bajo mi mando”.
Estos encuentros representan un nuevo capítulo en la investigación sobre secuestros que avanza desde hace cinco años en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), brazo judicial de la justicia transicional colombiana. A diferencia de audiencias anteriores, donde los altos mandos nacionales reconocieron su responsabilidad general, ahora son los comandantes regionales quienes enfrentan directamente a sus víctimas.
En la pequeña localidad de Caicedo y en Medellín, siete excomandantes del Bloque Noroccidental de las FARC reconocieron su papel en lo que la JEP ha calificado como crímenes de guerra y lesa humanidad. Admitieron haber ordenado secuestros para financiar la guerra, forzar liberaciones de rebeldes encarcelados y afirmar control territorial.
Rodolfo Restrepo, guerrillero durante cuatro décadas bajo el alias “Victor Tirado”, declaró: “Soy culpable de implementar estas políticas. Reconozco todos los daños causados a quienes secuestramos: los malos tratos, la mala alimentación, los proyectos de vida truncados, las muchas personas desaparecidas que nunca volvieron a casa.”
| Estructura de las FARC | Fecha de audiencia pública | Lugar |
|---|---|---|
| Comandancia nacional | 2022 | Bogotá |
| Comando Conjunto Central | Mayo 2024 | Ibagué |
| Bloque Occidental | Noviembre 2024 | Cali |
| Bloque Noroccidental | Julio 2025 | Caicedo y Medellín |
Testimonios que rompen el silencio
Con dignidad y emoción, quince víctimas expresaron sus traumas más profundos. Luis Honorio Pacheco, soldado cautivo durante tres años, reveló que aún tiene pesadillas donde las FARC lo asesinan. El policía Máximo Quiroz describió cómo dormían atados cerca de campos minados, utilizando la expresión “campos de concentración” para referirse a los lugares de cautiverio.
Beatriz Carmona narró la tragedia que golpeó a su familia en julio de 1996, cuando las FARC secuestraron a Reinaldo, Daniel y Albeiro Correa, tres hermanos que trabajaban en construcción civil. Con voz entrecortada suplicó: “Les pido con todas mis fuerzas, con todo el dolor que siento, que nos indiquen dónde están sus cuerpos”. Solo este año supo que fueron asesinados el mismo día de su secuestro.
Algunos testimonios revelaron verdades hasta ahora ocultas o minimizadas, como la violencia sexual durante el cautiverio. Rolando Chica, expolicia, relató cómo fue violado repetidamente tras ser capturado en Puerto Libertador en 2006. “Miren todo el sufrimiento que he soportado”, les dijo, explicando que fue posteriormente estigmatizado y despedido de la institución donde trabajaba.
Ángela Damaris Díaz narró su calvario de 24 horas donde fue violada por al menos tres hombres, simplemente por haber tenido un hijo con un policía. “Guardé silencio por más de 20 años. No quería que nadie lo supiera, sentía demasiada vergüenza”, confesó.
Estas audiencias han permitido el reconocimiento de crímenes específicos que los exguerrilleros habían negado anteriormente, como en el caso del cabo José Norberto Pérez, retenido a pesar de los ruegos públicos de su hijo Andrés Felipe, de 12 años, quien padecía cáncer terminal.
Verdades fragmentadas y caminos hacia la reparación
Los excomandantes enfrentan el dilema entre reconocer plenamente sus crímenes o intentar justificarlos. Algunos lo hacen mecánicamente, como cumpliendo requisitos legales, mientras otros miran a sus víctimas a los ojos al asumir responsabilidades.
Este reconocimiento es una condición fundamental para beneficiarse de una pena más clemente: 5 a 8 años en un marco no carcelario, en lugar de hasta 20 años de prisión. Sin embargo, hay momentos donde los acusados aún no comprenden la magnitud del sufrimiento causado.
Entre los aspectos más destacados de estas audiencias regionales se encuentra:
- La admisión explícita de torturas y malos tratos sistemáticos a los secuestrados
- El reconocimiento de violencia sexual durante el cautiverio
- La aceptación de haber secuestrado a personas pobres y trabajadores humildes
- La pérdida de legitimidad que estos crímenes causaron al movimiento guerrillero
- El impacto transgeneracional en familias y comunidades enteras
Jesús Mario Arenas, alias “Marcos Urbano”, reconoció ante Ángela Damaris: “Para mí es difícil aceptar la violación porque me uní a los rebeldes buscando un ideal, pero la guerra nos transformó. Me avergüenza que nuestros hombres hayan cometido esto en Argelia, un pueblo bajo nuestro control total”.
En medio del dolor, también hubo momentos de catarsis. El sargento Heriberto Aranguren relató cómo estuvo encerrado con otros soldados en lo que describió como una “caja de madera” de tres metros cuadrados. Su estrategia íntima de resiliencia fue tallar juegos de ajedrez, creando más de cien durante su cautiverio.
Uno de esos ajedreces, con piezas talladas en madera de chonta, estaba entre él y los siete acusados a quienes se dirigía. “Ese día, cuando quedé solo, no dejaba de preguntarme por qué, Dios mío, ¿por qué? No era por qué, sino para qué. Y esa razón es estar aquí hoy para contarles lo que me pasó”.
Estas audiencias marcan un hito en el largo camino hacia la verdad y reconciliación en Colombia, donde las víctimas finalmente pueden nombrar su dolor ante quienes lo causaron, y los perpetradores tienen la oportunidad de asumir responsabilidad por actos que cambiaron para siempre miles de vidas.
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