La protección de los perros de vigilancia ha dado un gran paso adelante en Colombia con la reciente ratificación de dos importantes leyes. El presidente Gustavo Petro firmó el 23 de abril de 2025 las leyes Ángel y Lorenzo, creando un marco legal más robusto para combatir el maltrato animal. Estas normativas representan un avance significativo para los derechos de los animales en el país sudamericano, especialmente para aquellos que trabajan en seguridad privada.
Nuevas leyes colombianas transforman la protección animal
El pasado miércoles 23 de abril, Colombia marcó un hito en la defensa de los derechos animales. El presidente Gustavo Petro ratificó dos leyes fundamentales adoptadas previamente por el Parlamento en febrero. Durante la ceremonia oficial celebrada en el palacio presidencial de Bogotá, Petro destacó: “Nuestra capacidad de amar y pensar nos otorga una enorme responsabilidad: cuidar de la naturaleza para preservar la biodiversidad”.
La senadora Andrea Padilla, principal impulsora de estas iniciativas en el Parlamento, estuvo presente en este acto histórico. Ambas leyes llevan nombres simbólicos: Ángel y Lorenzo, en memoria de dos perros que sufrieron graves maltratos que conmocionaron a la opinión pública colombiana.
La ley Ángel fortalece considerablemente las sanciones contra quienes maltraten a los animales. Este refuerzo legal era urgente considerando que, desde 2016, solo el 1,4% de las denuncias por maltrato animal terminaron en condena. Las nuevas penalizaciones incluyen:
- Penas de prisión superiores a cuatro años para quienes maten intencionalmente a un animal
- Sanciones económicas entre 15 y 60 veces el salario mínimo mensual
- Imposibilidad de sustituir o suspender las penas de prisión
- Multas graduadas según la gravedad del daño causado
Por su parte, la ley Lorenzo se enfoca específicamente en los perros de vigilancia empleados por empresas de seguridad privada. Esta normativa surge como respuesta a lo que el periódico El Espectador ha denominado una “realidad oculta” de explotación sistemática de estos animales. Colombia cuenta con aproximadamente 5.800 canes dedicados a labores de vigilancia, detección de armas y sustancias prohibidas.
Transformación en las condiciones laborales de los perros vigilantes
La ley Lorenzo establece un nuevo paradigma para las condiciones de trabajo de los perros de seguridad. Similar a los fenómenos de protección ambiental que Colombia ha debido enfrentar, como los hipopótamos de Pablo Escobar que pasaron de mascotas exóticas a amenaza nacional en Colombia, la situación de estos animales trabajadores requería una intervención urgente.
El nuevo marco legal reduce la edad máxima de servicio de 8 a 6 años, reconociendo las necesidades específicas de estos animales. Además, establece mejoras sustanciales en sus condiciones laborales:
| Aspecto | Antes de la ley | Con la nueva legislación |
|---|---|---|
| Jornada laboral | No regulada específicamente | Reducida y controlada |
| Tiempo de descanso | Mínimo | Ampliado significativamente |
| Condiciones de las perreras | Sin estándares claros | Mejora en temperatura, ventilación e iluminación |
| Alimentación | Variable según empleador | Estándares de calidad obligatorios |
| Edad de jubilación | 8 años | 6 años |
Uno de los aspectos más innovadores de esta legislación es la obligación para las empresas de seguridad de implementar planes de jubilación para los canes. Estos planes deben garantizar la adopción de los animales al finalizar su servicio, priorizando los vínculos con sus guías o el retorno a las granjas donde nacieron.
Sistema de control y fiscalización del bienestar canino
Para asegurar el cumplimiento efectivo de estas nuevas normativas, Colombia ha creado el Registro Nacional de Perros de Vigilancia y Seguridad Privada. Este organismo tendrá la responsabilidad de supervisar que las empresas cumplan con los estándares establecidos en la ley Lorenzo.
El sistema de control contempla inspecciones periódicas a las instalaciones donde se alojan los perros, verificando el cumplimiento de las condiciones ambientales requeridas. Las empresas deberán reportar regularmente el estado de salud de sus canes y demostrar que cumplen con:
- Adecuación de espacios según las necesidades biológicas de los perros
- Programas regulares de atención veterinaria preventiva
- Esquemas de alimentación balanceada y nutritiva
- Planificación de periodos de descanso y ejercicio
- Desarrollo de planes de jubilación y reubicación digna
Medios como Infobae han calificado estas leyes como “un punto de inflexión en la protección animal en Colombia”. Este avance legislativo posiciona al país como referente regional en políticas de bienestar para animales de trabajo en el sector de seguridad.
La implementación de estas leyes representa un desafío importante para las empresas del sector, que deberán adaptar sus prácticas y presupuestos para cumplir con los nuevos requisitos. Sin embargo, especialistas en derechos animales coinciden en que estas medidas no solo benefician a los perros, sino que también pueden mejorar la efectividad de los servicios de seguridad al contar con animales más saludables y mejor cuidados.
El camino hacia una protección animal integral en Colombia continúa desarrollándose, con estas leyes sentando precedentes importantes para futuras normativas en otros sectores donde se emplean animales para diversas labores.
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