La Corte Constitucional de Colombia ratificó definitivamente la prohibición de las corridas de toros mediante una decisión histórica que marca el fin de una tradición centenaria. Esta resolución judicial, emitida el pasado 4 de septiembre, valida la ley aprobada por el Congreso en mayo de 2024 y amplía significativamente el alcance de las restricciones.
El tribunal declaró conforme a la Constitución la normativa conocida como “No más olé”, que establece una transformación cultural profunda en el país sudamericano. La decisión judicial no solo confirma la prohibición taurina, sino que extiende las restricciones a otras prácticas tradicionales que involucran animales.
Extensión de la prohibición a múltiples espectáculos tradicionales
La Corte Constitucional amplió considerablemente el alcance de la ley original, incluyendo diversas manifestaciones culturales que hasta ahora permanecían legales. Las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas y las becerradas quedan definitivamente proscritas del territorio colombiano.
Además de los espectáculos taurinos tradicionales, la decisión judicial incorpora otras actividades controvertidas :
- Los toros coleados, práctica que consiste en derribar ganado desde un caballo
- Las corralejas, eventos taurinos populares en las regiones costeras
- Los combates de gallos, tradición arraigada en diversas zonas rurales
- Las tientas y demás actividades relacionadas con el toreo
Esta expansión normativa responde a una interpretación amplia del bienestar animal, principio que fue incorporado recientemente a la Constitución colombiana. Los magistrados consideraron que todas estas prácticas vulneran los derechos de los animales reconocidos constitucionalmente.
El sector taurino había presentado más de una docena de recursos legales contra la normativa, argumentando que violaba derechos fundamentales relacionados con la libertad cultural y artística. Sin embargo, la Corte determinó que estos argumentos no prevalecen frente a la protección animal constitucional.
Período de transición y reconversión económica hasta 2027
La implementación de la prohibición no será inmediata, estableciendo un período de transición de tres años que se extiende hasta 2027. Este plazo busca facilitar la adaptación de los sectores económicos afectados por la medida.
El presidente Gustavo Petro firmó la ley en julio de 2024, incorporando un programa de reconversión económica destinado a las personas cuyo sustento dependía de las actividades taurinas. Este programa incluye capacitación laboral, incentivos para nuevos emprendimientos y apoyo financiero durante el proceso de transición.
| Actividad | Estado anterior | Estado desde 2027 |
|---|---|---|
| Corridas de toros | Legal con restricciones | Prohibida |
| Combates de gallos | Legal en ciertas regiones | Prohibida |
| Coleo/Toros coleados | Tradición legal | Prohibida |
| Corralejas | Eventos populares legales | Prohibida |
Las regiones de Cali y Manizales, tradicionalmente reconocidas por su fuerte afición taurina, deberán reconvertir completamente sus estructuras económicas relacionadas con estos espectáculos. La medida afecta desde ganaderos especializados hasta artesanos, pasando por profesionales del sector.
Contexto político y impacto internacional de la decisión
Esta prohibición sitúa a Colombia en una posición singular dentro del panorama taurino mundial. El país abandonará la lista de ocho naciones que permiten legalmente las corridas, grupo integrado actualmente por España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
La decisión del primer gobierno de izquierda colombiano, liderado por el expresidente guerrillero Gustavo Petro, responde a múltiples objetivos políticos. Por un lado, satisface las demandas de los movimientos animalistas y ecologistas que conforman parte importante de su base electoral.
André Viard, presidente del Observatorio Nacional de Culturas Taurinas, critica la medida como una política de clase que busca estigmatizar a sectores económicos privilegiados. Según sus declaraciones, la normativa apunta contra “los 4000 ricos del país” que tradicionalmente apoyaban los espectáculos taurinos.
El contexto político colombiano actual, marcado por tensiones electorales y casos de corrupción, influye significativamente en la percepción de esta medida. La violencia política reciente y los escándalos que afectan al gobierno condicionan el debate sobre la efectividad de la ley para construir una sociedad menos violenta.
Recursos legales pendientes y perspectivas futuras
A pesar de la confirmación constitucional, el sector taurin conserva opciones legales para revertir la decisión. Los defensores de la tauromaquia pueden recurrir ante instancias nacionales e internacionales.
Las posibilidades de recurso incluyen nuevas apelaciones ante la propia Corte Constitucional y, especialmente, demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última instancia podría evaluar si la prohibición vulnera derechos culturales protegidos por tratados internacionales.
El Consejo Internacional de Culturas Taurinas (CICULT), que agrupa asociaciones de defensa taurina de los ocho países donde persiste la tradición, coordina estrategias legales para mantener viva la práctica. La organización considera que la libertad cultural debe prevalecer sobre las consideraciones animalistas.
El declive previo de los espectáculos taurinos en Colombia, acelerado tras la retirada del torero César Rincón y la supresión de ayudas públicas, facilitó políticamente la aprobación de esta medida. Sin embargo, la resistencia cultural persiste en regiones donde la afición mantiene raíces profundas.
