Colombia ha dado un paso trascendental en la protección de los derechos de los menores. El 13 de noviembre de 2024, el Parlamento colombiano aprobó una ley histórica que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, marcando un hito en la lucha contra esta práctica nociva.
Un cambio legislativo largamente esperado
La aprobación de esta ley representa el culminación de años de esfuerzos por parte de activistas y organizaciones de derechos humanos. Desde 2007, se han realizado nueve intentos de legislar sobre este tema, lo que demuestra la complejidad y la resistencia que ha enfrentado esta iniciativa.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, miembro del Partido Conservador, expresó su satisfacción al anunciar : “La asamblea plenaria aprueba el proyecto de ley, todos estamos felices”. Esta declaración refleja el consenso político alcanzado en torno a esta cuestión crucial.
La nueva legislación eleva la edad mínima para contraer matrimonio de 14 a 18 años, eliminando la posibilidad de que los padres otorguen su consentimiento para el matrimonio de menores. Esta medida sitúa a Colombia a la par de otros países sudamericanos en términos de protección de la infancia.
Impacto social y desafíos de implementación
La prohibición del matrimonio infantil en Colombia tendrá un impacto significativo en la sociedad. Según datos oficiales, en 2023 se celebraron 114 matrimonios que involucraban a menores de edad. Aunque esta cifra puede parecer reducida, cada caso representa una violación de los derechos fundamentales de un menor.
Los efectos negativos del matrimonio infantil son múltiples y profundos :
- Perpetuación de ciclos de pobreza
- Abandono escolar
- Limitación de la autonomía e independencia de las mujeres
Sandra Ramírez, abogada de la ONG Equality Now, destaca : “El aspecto más preocupante es la implementación de la ley entre las niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes en las comunidades rurales. Ahí es donde comienza el trabajo”. Este comentario subraya los desafíos que enfrenta la aplicación efectiva de la ley en las zonas más vulnerables del país.
Contexto regional y avances en derechos humanos
La decisión de Colombia se enmarca en un contexto regional donde la mayoría de los países sudamericanos establecen la edad mínima para el matrimonio entre los 16 y 18 años. Sin embargo, persisten excepciones como Argentina, que permite el matrimonio a los 14 años con aprobación judicial.
El siguiente cuadro muestra una comparación de las edades mínimas para el matrimonio en algunos países de Sudamérica :
| País | Edad mínima | Excepciones |
|---|---|---|
| Colombia (nueva ley) | 18 años | Sin excepciones |
| Argentina | 18 años | 14 años con aprobación judicial |
| Chile | 18 años | 16 años con consentimiento parental |
| Perú | 18 años | 16 años con autorización judicial |
Esta reforma legislativa posiciona a Colombia como un referente en la protección de los derechos de la infancia en la región. Diana Moreno, portavoz de la ONG Profamilia, celebra : “El Congreso ha tomado una medida muy importante para proteger a las niñas y adolescentes (…), ya no será posible casarse con menores”.
Perspectivas futuras y retos pendientes
La aprobación de esta ley marca el inicio de un largo camino hacia la erradicación efectiva del matrimonio infantil en Colombia. Los próximos pasos incluyen :
- La promulgación de la ley por parte del presidente Gustavo Petro
- El desarrollo de programas de educación y sensibilización
- La implementación de mecanismos de vigilancia y control
- La atención a las particularidades culturales de las comunidades indígenas y afrodescendientes
El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la colaboración entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales. La experiencia de otros países que han implementado leyes similares sugiere que el cambio cultural es tan importante como el legal.
La prohibición del matrimonio infantil en Colombia representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el verdadero desafío radica en transformar esta victoria legislativa en una realidad tangible para todas las niñas y adolescentes del país, especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
