El lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia, dejando un balance devastador : 281 muertos, cerca de 4.000 heridos y 379 personas aún desaparecidas. Cinco días después, los equipos de rescate siguen rastreando los escombros, aunque las probabilidades de encontrar sobrevivientes se reducen hora a hora. Lo que comenzó como una tragedia natural se ha convertido también en una crisis política, porque la forma en que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha manejado la ayuda internacional genera una polémica que no para de crecer.
Un desastre que convocó solidaridad mundial
Desde Chile hasta Qatar, pasando por la India y la República Checa, los mensajes de apoyo llegaron en cascada pocas horas después del sismo. La solidaridad internacional fue inmediata y masiva. Sin embargo, a partir del martes 11 de agosto, el gobierno colombiano empezó a mostrar una lentitud inexplicable para canalizar esa ayuda.
Las Naciones Unidas declararon estar listas para movilizar recursos, aunque Bogotá no había formulado ninguna solicitud formal. México y China adoptaron una postura similar. El embajador chino en Colombia llegó a pedir públicamente el establecimiento de un canal urgente de coordinación para la asistencia internacional, sin recibir respuesta inmediata. No es un detalle menor : cada hora perdida en esas negociaciones es una hora menos de posibilidades de vida para los desaparecidos.
El martes por la noche, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el envío de 51 toneladas de ayuda humanitaria. Al día siguiente, la administración Trump también comunicó el despacho de equipos de rescate y materiales de emergencia hacia Colombia. La respuesta de otros gobiernos fue rápida. La del gobierno colombiano, mucho menos.
Ayuda sí, pero solo de ciertos países
Aquí está el núcleo del escándalo. El gobierno de De la Espriella, identificado con la extrema derecha, formalizó solicitudes de apoyo a cuatro países específicos : Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. ¿El denominador común ? Todos están gobernados por la derecha o la extrema derecha. El responsable de las operaciones de rescate, David Tamayo, lo justificó con una declaración que levantó cejas en toda la región : “Solo aceptaremos el apoyo de países que puedan garantizarnos equipos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional.”
El problema es que México, gobernado por un ejecutivo de izquierda, tiene precisamente una de las brigadas de rescate más acreditadas del planeta. La presidenta Claudia Sheinbaum no ocultó su sorpresa : “La brigada está certificada, pero pidieron otra certificación. Ha operado en 98 países. Ahora le corresponde al gobierno colombiano decidir si la necesita.” Esa brigada mexicana fue bloqueada en la frontera, sin autorización para entrar a Colombia.
El patrón resulta difícil de ignorar. Veamos qué países recibieron respuesta positiva y cuáles no :
| País | Orientación política | Respuesta del gobierno colombiano |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Derecha (Trump) | Solicitud formal aceptada |
| El Salvador | Derecha (Bukele) | Solicitud formal aceptada |
| Israel | Derecha | Solicitud formal aceptada |
| México | Izquierda (Sheinbaum) | Brigada de rescate bloqueada |
| Brasil | Izquierda (Lula) | Oferta rechazada según oposición |
| China | Sin clasificación occidental | Canal de coordinación ignorado |
Francamente, cuando el mapa de la ayuda aceptada coincide punto por punto con el mapa de los aliados ideológicos de un gobierno, la casualidad deja de ser una explicación convincente.
El gobierno niega, la oposición exige cuentas
Ante la presión de la prensa y de sectores de la sociedad civil, el canciller Omar Bula salió a desmentir las acusaciones. “No hemos rechazado las propuestas de ayuda de ningún país”, afirmó, añadiendo que Colombia trabaja “con todos los países sin ninguna consideración ideológica o política.” Como prueba, citó la aceptación de 58 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de México.
Sin embargo, ese argumento tiene un problema de fondo. Aceptar suministros materiales no equivale a autorizar el ingreso de equipos especializados de búsqueda y rescate. Son dos cosas distintas. Y precisamente son esos equipos los que marcan la diferencia cuando hay 379 personas desaparecidas bajo los escombros.
La senadora de oposición Esmeralda Hernandez fue directa : acusó a Bula de haber rechazado ofertas de asistencia humanitaria de Brasil, China y México por motivaciones políticas, y exigió que comparezca ante el Parlamento para dar explicaciones. La demanda es razonable. Cuando las decisiones sobre quién puede rescatar a los colombianos atrapados parecen estar guiadas por la agenda ideológica y no por la urgencia humanitaria, el gobierno debe rendir cuentas.
Esta situación no es completamente nueva en América Latina. La crisis humanitaria en La Guajira, donde comunidades enteras llevan años esperando una respuesta estatal efectiva, demuestra que Colombia tiene una deuda histórica con sus poblaciones más vulnerables.
Cuando la política decide quién sobrevive
Hay algo profundamente perturbador en ver cómo la afiliación ideológica de un gobierno extranjero puede determinar si sus especialistas tienen derecho a salvar vidas colombianas. Para mí, esto supera el debate político habitual. Estamos hablando de personas atrapadas bajo toneladas de concreto, de familias esperando noticias, de un reloj que avanza sin parar.
Las estadísticas de rescate en catástrofes sísmicas son contundentes : las primeras 72 horas son críticas para encontrar sobrevivientes. Más allá de ese umbral, las probabilidades caen drásticamente. Cada hora dedicada a negociaciones burocráticas o a filtros ideológicos es una hora que ninguna víctima puede recuperar.
Mi consejo para los ciudadanos colombianos es claro : exijan que sus representantes prioricen las vidas humanas sobre cualquier cálculo político. Las organizaciones humanitarias certificadas, independientemente de la bandera que lleven, tienen el derecho y el deber de actuar. Un Estado que pone su brújula ideológica por encima de sus propios ciudadanos en situación de emergencia merece una rendición de cuentas inmediata, no después de que las excavadoras hayan terminado su trabajo.
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