La decisión del gobierno colombiano de reactivar las aspersiones aéreas con herbicidas para combatir los cultivos ilícitos marca un giro significativo en la política antidrogas del país. Esta medida, anunciada oficialmente en diciembre de 2025 e implementada en febrero de 2026, responde a las demandas insistentes de Washington en un contexto de tensiones diplomáticas y aumento considerable de la producción de cocaína en territorio colombiano.
El cambio de postura del presidente Petro frente a las aspersiones químicas
Durante sus años como senador de oposición, Gustavo Petro se había manifestado abiertamente contrario al uso de glifosato en operaciones antinarcóticos. Sus críticas constantes destacaban los efectos nocivos sobre la salud de las comunidades rurales y el medio ambiente. Sin embargo, tras asumir la presidencia, las circunstancias geopolíticas y la presión diplomática estadounidense lo llevaron a reconsiderar radicalmente su posición sobre esta controvertida práctica.
El 13 de febrero de 2026, la embajada estadounidense en Bogotá confirmó mediante la plataforma X que Colombia había iniciado la destrucción de plantaciones de coca utilizando tecnología de drones. Este anuncio vino acompañado de declaraciones optimistas sobre el potencial de esta estrategia para reducir tanto la inseguridad en Colombia como el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
La administración Trump ha ejercido una presión diplomática considerable sobre el gobierno colombiano, especialmente considerando que Colombia representa el principal productor mundial de cocaína. Las estadísticas muestran un incremento preocupante en la manufactura y exportación de esta droga desde que Petro asumió el poder, lo que ha intensificado las exigencias norteamericanas para que Bogotá adopte medidas más contundentes contra el narcotráfico.
La tecnología de drones como alternativa a las fumigaciones tradicionales
Para implementar Colombia retoma fumigación con glifosato contra cultivos de coca con drones, las autoridades han desarrollado un protocolo específico que busca minimizar los riesgos asociados a las aspersiones anteriores. Según explicó el ministro de justicia interino, Andrés Idárraga, los drones operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre las plantas de coca, permitiendo una aplicación más precisa y controlada del herbicida.
Esta nueva metodología contrasta significativamente con las fumigaciones realizadas mediante aviones, que fueron prohibidas en 2015 debido a los riesgos sanitarios documentados. El objetivo declarado es evitar que el producto químico afecte a poblaciones cercanas o ecosistemas vulnerables, respondiendo así a las críticas históricas sobre los daños colaterales de estas operaciones.
| Método | Altura de operación | Precisión | Periodo de uso |
|---|---|---|---|
| Aviones (método anterior) | Mayor a 50 metros | Baja | Hasta 2015 |
| Drones (método actual) | Máximo 1,5 metros | Alta | Desde 2026 |
Las zonas prioritarias para estas operaciones se concentrarán en territorios donde grupos armados organizados obligan a los campesinos a cultivar hoja de coca. Esta focalización geográfica pretende abordar simultáneamente dos problemáticas : la producción de narcóticos y el control territorial de estructuras criminales.
Resistencia comunitaria y preocupaciones sanitarias
Las comunidades rurales, especialmente las organizaciones indígenas y campesinas, mantienen una oposición férrea a cualquier forma de aspersión con glifosato. Sus argumentos se fundamentan en experiencias previas que documentan :
- Problemas de salud en poblaciones expuestas a las fumigaciones
- Destrucción de cultivos legales por la deriva del producto químico
- Malformaciones congénitas reportadas en zonas afectadas por aspersiones anteriores
- Contaminación de fuentes hídricas utilizadas por las comunidades
La Corte Constitucional colombiana había impedido anteriormente que el expresidente Iván Duque (2018-2022) retomara esta práctica, precisamente por las objeciones presentadas por diversos sectores sociales. Este antecedente judicial evidencia la controversia jurídica y social que rodea el uso de herbicidas en estrategias antinarcóticos.
La Organización Mundial de la Salud ha emitido alertas sobre los efectos potencialmente cancerígenos de este herbicida, clasificándolo como “probablemente carcinógeno para humanos”. Esta advertencia científica alimenta las preocupaciones de quienes viven en regiones donde se aplicará el producto químico, generando un debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y salud pública.
Implicaciones diplomáticas y perspectivas futuras
El encuentro sostenido a principios de febrero entre Gustavo Petro y Donald Trump marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Tras meses de escalada verbal y tensiones diplomáticas, ambos mandatarios parecen haber encontrado un terreno común centrado en la lucha contra el narcotráfico. Esta distensión relativa ha facilitado la implementación de las nuevas políticas antidrogas.
La embajada estadounidense en Bogotá celebró el inicio de las operaciones con drones, destacando que esta tecnología podría ser fundamental para reducir simultáneamente los cultivos ilícitos en Colombia y la llegada de drogas mortales a territorio estadounidense. Esta narrativa refleja la percepción de Washington sobre la importancia estratégica de las acciones colombianas en su propia seguridad nacional.
El apoyo logístico y financiero norteamericano a estas operaciones subraya la dimensión transnacional de la política antinarcóticos, donde Colombia continúa siendo un actor central. No obstante, persisten interrogantes sobre la eficacia a largo plazo de estrategias punitivas frente a enfoques alternativos de desarrollo rural y sustitución de cultivos.
