Decreto rumba Bogotá : impacto en bares y vecinos genera controversia por horarios

Decreto rumba Bogotá : impacto en bares y vecinos genera controversia por horarios

El reciente decreto sobre la rumba en Bogotá ha generado un intenso debate entre empresarios del sector nocturno, residentes y autoridades. La normativa, que modifica los horarios de funcionamiento de bares y discotecas, intenta equilibrar el desarrollo económico con la calidad de vida de los ciudadanos, en una ciudad donde las dinámicas nocturnas representan tanto oportunidades como conflictos. Este cambio normativo llega en un momento donde la capital colombiana busca soluciones a problemas de convivencia que también afectan otros aspectos urbanos, como la movilidad en Bogotá durante eventos masivos.

Nuevas reglas para la vida nocturna bogotana: ¿qué cambia con el decreto?

La Alcaldía Mayor de Bogotá firmó un decreto que establece un horario unificado para la operación de establecimientos que venden y permiten el consumo de alcohol. A partir de esta normativa, todos los bares, gastrobares y discotecas podrán funcionar entre las 10 de la mañana y las 3 de la madrugada del día siguiente, eliminando excepciones anteriores que permitían horarios extendidos para algunos locales.

Según explicó Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno distrital: “Con este decreto ya dejan de existir las excepciones. Todos vamos a tener un horario uniforme hasta las 3 de la mañana”. No obstante, la norma contempla la posibilidad de que ciertas zonas de la ciudad puedan extender su horario hasta las 5 de la mañana, tras un periodo de prueba de tres meses donde se evaluará su viabilidad mediante indicadores de seguridad, convivencia y salud pública.

Las autoridades distritales argumentan que esta medida busca:

  • Facilitar el control de la rumba ilegal
  • Reducir incidentes de orden público como homicidios y riñas
  • Disminuir casos de violencia sexual
  • Mitigar problemas de ruido que afectan a los residentes
  • Unificar criterios para la operación nocturna

El decreto establece que solo después de evaluar indicadores objetivos durante el periodo de prueba, se determinará qué zonas podrán ampliar oficialmente su horario de funcionamiento. Esta metodología intenta basar las decisiones en evidencia concreta y no en percepciones subjetivas sobre la actividad nocturna.

Resistencia del sector nocturno: críticas y preocupaciones

La reacción del gremio nocturno no se hizo esperar. Asobares, principal asociación que representa a los establecimientos nocturnos, expresó su inconformidad calificando el decreto como un retroceso que “pierde 12 años de avances en articulación y profesionalización del sector nocturno con la administración capitalina”.

Camilo Ospina, presidente de Asobares, señaló que el decreto no establece una relación directa y comprobable entre los delitos nocturnos y la operación de los establecimientos legales. Según el gremio, se omiten causas estructurales como la baja presencia policial, la falta de iluminación y la ausencia de transporte seguro durante la noche.

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Bogotá Región (Acodres) también intervino en el debate, indicando que aunque apoyan iniciativas que promueven el desarrollo económico, estas deben estar acompañadas de garantías reales de seguridad y convivencia. Liliana Montaño, directora ejecutiva de Acodres Bogotá, destacó que sus afiliados operan en zonas con dinámicas muy distintas, por lo que la ampliación de horarios representa oportunidades para algunos pero riesgos para otros.

Entre las principales objeciones del sector nocturno están:

Objeción Argumento del sector
Retroceso normativo Desconoce programas como Fiesta Sana y Segura (2015), Sello Seguro (2018) y Redes de Cuidado (2021)
Zonificación restrictiva No reconoce la evolución hacia una oferta nocturna descentralizada y diversa
Falta de soluciones reales No articula esfuerzos con el sector privado para abordar problemas de seguridad
Sostenibilidad económica La reducción de horarios sumada a la reforma laboral amenaza la viabilidad de los negocios
Estigmatización injustificada Responsabiliza al sector de problemas de seguridad sin evidencia clara

El abogado especializado en derecho penal, Fabio Humar, también criticó la medida afirmando que “este decreto no sirve de gran cosa. Confunde las causas con las consecuencias” y advirtió que podría fomentar la venta clandestina de licor en lugares disfrazados como clubes o fiestas privadas.

La voz de los ciudadanos: derecho al descanso frente a la rumba

En el otro extremo del debate se encuentran los ciudadanos afectados por el ruido y otros problemas derivados de la actividad nocturna. Talía Osorio, vocera del colectivo ActivosXelRuido, ha sido enfática en señalar que el decreto no protege adecuadamente a los residentes de zonas con alta concentración de bares y discotecas.

Según Osorio, muchos gastrobares operan con licencias de bajo impacto de forma engañosa, funcionando realmente como bares con música en zonas residenciales. Además, denuncia problemas como los extractores de cocina que alcanzan niveles de ruido entre 72 y 76 decibeles, instalados sin control adecuado.

El colectivo ciudadano critica que se extienda el horario de funcionamiento hasta las 3 a.m. todos los días cuando no se ha logrado controlar la problemática actual de ruido e inseguridad. Osorio considera incoherente ampliar horarios sin verificar primero que los establecimientos cumplan con normas básicas de insonorización, uso de suelos adecuado y convivencia con la comunidad.

Desde ActivosXelRuido afirman que el decreto podría legitimar establecimientos que llevan años funcionando sin permisos ni adecuaciones, sacrificando la calidad de vida de los residentes. La vocera del colectivo lamenta que no se haya cumplido con la Ley 2450, que ordena consultar a las víctimas del ruido en la construcción de políticas públicas sobre el tema.

Julián Quintero, sociólogo y director del colectivo Échele Cabeza, valora positivamente que el decreto reconozca explícitamente la relación entre el consumo de alcohol y problemas de seguridad, algo que según él ha sido históricamente negado por la industria licorera. Sin embargo, considera que falta un enfoque en reducción de riesgos y daños, así como una articulación clara con la Secretaría de Salud para implementar medidas preventivas efectivas.

“Lo que necesitamos ver es si realmente esta estrategia va a disminuir los problemas de orden público. Los indicadores de seguridad están claros, pero no serán efectivos porque no hay indicadores de reducción de daños. Están actuando sobre la consecuencia, pero no están haciendo nada para evitar que ocurra”, afirmó Quintero.

Luis Rodríguez
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