Colombia lleva décadas buscando fórmulas para frenar la violencia urbana. El 29 de octubre de 2026, el gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa una apuesta que divide opiniones : la militarización de las ciudades liderada por el ministro de Defensa, Iván Name De la Espriella. No es un experimento nuevo en América Latina, pero sí una decisión cargada de consecuencias para los derechos civiles y la seguridad cotidiana de millones de colombianos.
Qué propone concretamente el plan de militarización urbana
La propuesta del Ministerio de Defensa no consiste simplemente en sacar soldados a patrullar calles. El modelo contempla una integración operativa entre el Ejército Nacional, la Policía y las autoridades locales, bajo una cadena de mando unificada en los territorios declarados de alta conflictividad. Ciudades como Buenaventura, Cali y algunos sectores de Medellín figuran entre las primeras zonas de aplicación.
El mecanismo central descansa en los llamados bloques de control territorial. Cada bloque agrupa entre 200 y 400 efectivos militares que trabajan junto a unidades de la Policía Nacional, con competencias ampliadas para operaciones de registro y control de movilidad. Según el texto oficial del Ministerio de Defensa, el despliegue inicial cubre al menos 12 municipios con tasas de homicidio superiores a 40 por cada 100.000 habitantes.
Para entender la escala del esfuerzo, conviene ver los recursos comprometidos desde el inicio :
- Movilización de 8.500 efectivos del Ejército hacia zonas urbanas prioritarias.
- Instalación de 320 puntos de control fijo en los principales corredores viales urbanos.
- Coordinación con alcaldías para ceder temporalmente espacios públicos como bases de operaciones.
- Activación de 60 drones de vigilancia para monitoreo aéreo continuo en sectores críticos.
Frankamente, la lista parece ambiciosa. Pero la efectividad dependerá de algo que los documentos oficiales no detallan : el nivel real de coordinación entre mandos civiles y militares, que históricamente ha generado fricciones en Colombia.
Cómo funcionará el despliegue en la práctica diaria
Más allá de los números, lo que cambia para el ciudadano de a pie es la presencia visible de uniformes militares en espacios que antes correspondían exclusivamente a la Policía. Los mercados, los parques y los corredores de transporte masivo serán los primeros escenarios de este nuevo patrón de control.
El plan establece tres fases operativas. La primera, de saturación territorial, dura 30 días e implica presencia masiva y disuasoria. La segunda, de estabilización, extiende las operaciones durante tres meses con énfasis en inteligencia local. La tercera transfiere el control progresivamente a la Policía, con el Ejército como respaldo. Este esquema recuerda al aplicado en Quibdó entre 2023 y 2024, donde la tasa de homicidios cayó un 34% durante la fase de saturación, aunque repuntó al retirar los efectivos.
Un aspecto que genera debate es la figura jurídica que habilita estas operaciones. Colombia no ha declarado estado de excepción, por lo que la militarización se ampara en la facultad constitucional del Presidente de emplear la fuerza pública para mantener el orden. Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas han advertido que este marco puede prestarse a abusos si no existe supervisión civil efectiva.
| Ciudad | Efectivos asignados | Fase inicial | Duración estimada |
|---|---|---|---|
| Buenaventura | 1.800 | Saturación | 30 días |
| Cali (comunas 13-21) | 2.200 | Saturación | 30 días |
| Medellín (nororiental) | 1.500 | Estabilización | 90 días |
| Barranquilla (sur) | 900 | Saturación | 30 días |
Para mí, el talón de Aquiles de esta estrategia no está en el número de soldados sino en la ausencia de una política social paralela. Sin inversión en empleo, educación y presencia institucional de fondo, los grupos armados regresan cuando los militares se van. Quibdó lo demostró con claridad.
Lo que todavía falta para que esta militarización tenga sentido real
El debate sobre la seguridad urbana no puede reducirse a cuántos uniformes hay en la calle. La militarización sin inteligencia criminal actualizada es cara y poco eficiente. Aquí es donde el plan de De la Espriella enfrenta su mayor reto : la calidad de la información sobre estructuras criminales locales varía enormemente entre ciudades.
Buenaventura, por ejemplo, concentra redes del Clan del Golfo con ramificaciones portuarias que los bloques de control territorial difícilmente desarticulan mediante patrullaje visible. En cambio, en sectores de Medellín con conflictos más acotados entre combos barriales, la presencia disuasoria puede generar resultados en plazos más cortos.
Un elemento que el plan debería incorporar con urgencia es la rendición de cuentas pública. Países como El Salvador, con su propio modelo de militarización masiva desde 2022, muestran que las reducciones de violencia sostenidas exigen también transformaciones institucionales profundas, no solo músculo militar. El modelo salvadoreño redujo los homicidios en más de un 70% en dos años, pero con un costo en derechos fundamentales que Colombia difícilmente puede replicar ni debería aspirar a imitar.
Lo accionable para quienes viven en las zonas afectadas es claro : conocer los mecanismos de queja ante la Defensoría del Pueblo si se producen abusos durante operativos, y exigir a los alcaldes locales que activen los comités de seguimiento civil previstos en el propio decreto ministerial. La militarización no tiene que ser sinónimo de ausencia de control ciudadano. Depende, en gran medida, de que los habitantes la exijan.
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