En menos de un mes, cuatro explosiones estremecieron el barrio San Bernardo de Bogotá, reactivando el debate sobre la seguridad en la capital colombiana. Estos atentados han generado una profunda preocupación entre los habitantes, no solo de este sector céntrico sino de toda la ciudad. Ante la aparente incapacidad de las autoridades para prevenir estos sucesos, diversas voces han comenzado a proponer soluciones más drásticas, entre ellas, la militarización de Bogotá como medida de choque para frenar la violencia y recuperar el control territorial.
El clamor por militarizar Bogotá: orígenes y argumentos
La propuesta de militarizar la capital no surge como una idea nueva. El concejal Óscar Ramírez Vahos del Centro Democrático ha sido uno de los principales promotores de esta iniciativa, que ya había planteado en febrero del 2024 durante una preocupante ola de robos a mano armada. Según el cabildante, la persistencia de actividades criminales y la sensación de inseguridad generalizada justifican medidas extraordinarias.
“Militarizar la ciudad significa devolverle tranquilidad a los ciudadanos que ya ni en sus hogares se sienten seguros. Representa fortalecer los patrullajes con apoyo militar y retomar presencia en territorios donde operan bandidos con absoluta libertad”, argumenta Vahos, quien señala la alarma por el nuevo sicariato en Bogotá, especialmente preocupante por ocurrir cerca de CAI en el sur de la ciudad.
Los defensores de esta medida apuntan al déficit actual de fuerza pública en Bogotá, estimado en 10.000 uniformados. La ciudad dispone de 16.656 policías, lo que equivale aproximadamente a un agente por cada 470 habitantes, cuando el estándar internacional sugiere uno por cada 300 personas.
| Indicador | Meta 2023 | Resultado real |
|---|---|---|
| Tasa de homicidios (por 100 mil hab.) | 8% | 15.2% |
| Hurtos menores | 165.050 | 156.456 |
| Casos de extorsión | 1.374 | 2.497 |
| Cobertura de videovigilancia urbana | 50% | 20% |
Estos números evidencian que, pese a algunos avances en ciertos indicadores como los hurtos menores, la situación de seguridad en la capital colombiana sigue siendo alarmante y muy por debajo de las metas establecidas, especialmente en materia de homicidios y extorsiones.
Marco legal y experiencias previas de intervención militar
La propuesta de militarización encuentra su sustento legal en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que establece mecanismos para que un alcalde pueda solicitar asistencia militar temporal o excepcional en situaciones de calamidad pública. Este apoyo consistiría en que el Ejército refuerce a la Policía en labores de patrullaje e inspección en distintas localidades.
Bogotá ha experimentado intervenciones militares en situaciones excepcionales como los disturbios del 21 de noviembre de 2019 y del 9 de septiembre de 2021, cuando militares y policías patrullaron conjuntamente las calles capitalinas. También destaca el operativo del 29 de abril de 2024, cuando el Ejército desplegó 12.000 efectivos en los límites de Sumapaz con Cundinamarca para contrarrestar la posible presencia de disidencias de las FARC.
En 2021, Fenalco solicitó la militarización ante el aumento significativo de hurtos y extorsiones contra comerciantes, con 540 establecimientos afectados solo en agosto de ese año. La entonces alcaldesa Claudia López consideró “inconveniente” la presencia de militares, optando en su lugar por un patrullaje disuasorio coordinado entre Policía Militar y Metropolitana en puntos críticos.
Viabilidad y limitaciones de la militarización urbana
Pese a la insistencia de algunos sectores políticos, expertos en seguridad y autoridades actuales expresan serias dudas sobre la viabilidad y efectividad de una militarización plena de Bogotá. El secretario de Seguridad ha aclarado que desde el inicio de la actual administración se definió que la construcción de seguridad urbana será resultado del trabajo conjunto entre la Policía de Bogotá, la Brigada 13 del Ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad.
Según este enfoque, ya existe participación militar en las estrategias de seguridad capitalinas, pero siempre en el marco de los mandatos constitucionales y bajo funciones específicas de apoyo a la Policía Nacional. El exsubsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, subraya que las limitaciones legales del artículo de asistencia militar solo aplican para situaciones de excepcionalidad, condición que técnicamente no se cumple en la ciudad actualmente.
Entre las principales limitaciones de una militarización completa destacan:
- Formación y entrenamiento diferenciado entre policías (seguridad ciudadana) y militares (defensa nacional)
- Posibles conflictos de competencias y jurisdicción entre fuerzas
- Riesgos de escalamiento de la violencia en intervenciones urbanas
- Impacto psicosocial negativo por normalización de presencia militar en entornos civiles
- Cuestionamientos sobre sostenibilidad a mediano y largo plazo
Alternativas frente al panorama de inseguridad
Ante las dudas sobre la viabilidad de una militarización plena, han surgido propuestas alternativas para enfrentar la crisis de seguridad en Bogotá. Una de ellas, también promovida desde la bancada del Centro Democrático por el concejal Daniel Briceño, consiste en facilitar el porte legal de armas para empresarios y comerciantes como mecanismo de autodefensa.
Fenalco respalda tanto el acompañamiento del Ejército a la Policía como el porte de armas para comerciantes, argumentando que actualmente “los delincuentes están armados con la certeza de que su víctima no lo está”. Sin embargo, esta propuesta enfrenta el rechazo frontal de la administración distrital, cuyo enfoque apunta más bien a la reducción de armas ilegales en la ciudad.
El GAULA Militar y de Policía han reforzado ya su presencia en sectores comerciales críticos, especialmente en barrios como Jerusalén, para prevenir extorsiones. Esta estrategia focalizada busca proteger específicamente a comerciantes y empresarios sin necesidad de una militarización generalizada.
El desafío inmediato para las autoridades bogotanas radica en encontrar un equilibrio entre medidas efectivas de seguridad y el respeto al marco constitucional, en un contexto donde la ciudadanía exige resultados inmediatos pero las soluciones sostenibles requieren intervenciones coordinadas, integrales y de largo plazo.
