El 10 de agosto de 2026, un sismo sacudió el occidente de Colombia con una violencia que dejó sin palabras a quienes lo vivieron. Cuatro dÃas después, los equipos de rescate seguÃan retirando cuerpos entre los escombros de edificios derrumbados en Pereira. Pero, mientras el paÃs contabilizaba sus muertos recientes, otra tragedia silenciosa comenzaba a tomar forma : la posible destrucción de pruebas vinculadas a décadas de conflicto armado.
Cementerios dañados, memoria en riesgo
Colombia carga con una herida histórica de más de 120 000 personas desaparecidas a causa del enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares y el ejército nacional, un conflicto que lleva más de medio siglo abierto. Muchas de esas vÃctimas fueron enterradas clandestinamente en cementerios rurales, identificadas falsamente como combatientes caÃdos en batalla. Hoy, algunos de esos mismos cementerios presentan daños estructurales por el terremoto.
El problema no es solo simbólico. En varios de esos camposantos se habÃan localizado fosas comunes sin identificar, producto de años de investigación forense y testimonios de sobrevivientes. El sismo amenaza directamente con alterar o destruir ese contexto fÃsico, tan valioso para la identificación de restos y para los procesos judiciales en curso.
Para entender la magnitud del riesgo, conviene recordar qué tipo de vÃctimas reposan en esas fosas :
- Campesinos y campesinas asesinados durante operaciones militares o paramilitares
- LÃderes comunitarios eliminados por defender sus territorios
- Niños y adolescentes vÃctimas de ejecuciones extrajudiciales
- Personas presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate
La información acumulada sobre la ubicación de estas fosas, los registros fotográficos, las muestras de ADN almacenadas cerca de los sitios : todo eso puede perderse si no se actúa con rapidez. el terremoto en Colombia, que ya suma 216 muertos confirmados, también golpea esta memoria colectiva de forma silenciosa pero devastadora.
Las familias en alerta : el testimonio de Deidania Perdomo
Deidania Perdomo perdió a su hermano y a varios familiares durante los años 1980, en pleno recrudecimiento del conflicto. Desde entonces, no ha dejado de buscarlos. Forma parte del colectivo OFB, una asociación que acompaña a familias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.
«Estamos muy preocupados desde que ocurrió el sismo», declaró Perdomo en una entrevista con el servicio internacional de RFI. Su inquietud no es abstracta : conoce palmo a palmo el trabajo que ha costado localizar cada fosa, cada registro, cada muestra susceptible de devolver un nombre a quien ya no lo tiene.
El OFB no actúa solo. Su labor se inscribe en un ecosistema más amplio de organizaciones de derechos humanos que trabajan coordinadamente con instancias como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. La amenaza que plantea el terremoto afecta, por tanto, no solo a las familias, sino a todo el aparato institucional de búsqueda y justicia transicional.
| Aspecto | Situación antes del sismo | Riesgo tras el terremoto |
|---|---|---|
| Fosas comunes localizadas | Registradas y georreferenciadas | Posible alteración del terreno o colapso |
| Pruebas forenses | En proceso de análisis o almacenamiento | Riesgo de destrucción fÃsica o contaminación |
| Testimonios y registros | Recopilados por asociaciones y autoridades | Pérdida si las instalaciones están dañadas |
| Infraestructura de cementerios | Variable según zona rural o urbana | Daños estructurales confirmados en varias áreas |
Para Deidania y sus compañeras del colectivo, cada dÃa que pasa sin medidas concretas de protección es un dÃa en que décadas de trabajo pueden desaparecer bajo los escombros. No exageran. La experiencia de otras catástrofes naturales en América Latina muestra que los sitios de memoria son sistemáticamente los últimos en recibir atención institucional.
Medidas urgentes que no pueden esperar
Frente a este escenario, el OFB y otras organizaciones afines han lanzado un llamado formal a las autoridades colombianas. La petición es concreta : establecer medidas de emergencia para proteger los cementerios dañados y las fosas ya catalogadas antes de que cualquier intervención de rescate o reconstrucción altere irreversiblemente esos espacios.
La lógica detrás de esta demanda es sencilla pero urgente. En una zona afectada por un terremoto, las prioridades operativas se centran en salvar vidas y despejar escombros. Sin protocolos especÃficos, una excavadora movilizando tierra cerca de una fosa común puede destruir en minutos lo que costó años identificar.
Tres acciones concretas se perfilan como prioritarias según los colectivos :
- PerÃmetros de protección alrededor de los cementerios con fosas documentadas
- Equipos forenses especializados desplegados junto a los grupos de rescate convencionales
- Digitalización de emergencia de todos los registros fÃsicos aún no respaldados en formato digital
El Estado colombiano tiene una obligación legal y moral en este punto. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 reconoció explÃcitamente el derecho de las familias a conocer el paradero de sus desaparecidos. Dejar que un sismo borre esas pruebas sin actuar serÃa, francamente, una segunda desaparición : esta vez, institucional.
La presión internacional también importa aquÃ. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado en múltiples informes la importancia de preservar los sitios de memoria en Colombia. Un desastre natural no puede convertirse en excusa para el olvido. Las autoridades deben demostrar que la memoria del conflicto merece la misma urgencia que cualquier otra prioridad humanitaria sobre el terreno.
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