Colombia llega a su cita electoral del 31 de mayo de 2026 sumida en la peor oleada de violencia de los últimos diez años. No es una hipérbole : es el diagnóstico que impone la realidad sobre los 14 candidatos que compiten por la presidencia. La inseguridad no es un tema de campaña entre otros, es el telón de fondo que lo contamina todo.
Una campaña marcada por los ataques y los muertos
El año 2025 dejó una imagen que ningún colombiano olvidará fácilmente : el asesinato de Miguel Uribe, candidato presidencial, durante el verano. Un crimen que remite directamente a los años más oscuros de las décadas de 1980 y 1990, cuando Pablo Escobar y los carteles convertían la vida política en una ruleta mortal. Que un aspirante a la presidencia pueda ser eliminado en plena campaña dice mucho sobre el estado real del país.
Los episodios no se detuvieron ahí. El senador Alexander Lopez denunció el martes que su convoy fue atacado a tiros en el Cauca, región dominada históricamente por los disidentes de las FARC. “Abrieron fuego, mi vehículo fue alcanzado por los disparos”, declaró a la cadena Caracol. El presidente Gustavo Petro señaló directamente al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, encabezada por figuras como Iván Mordisco y Marlón. Pocas horas antes, seis personas habían muerto en el ataque a un convoy oficial en la región del Catatumbo, cerca de la frontera venezolana.
Esta escalada recuerda, con inquietante precisión, la violencia sistemática que ensangrentó la política colombiana hace treinta años. La diferencia es que hoy los actores armados se han multiplicado y fragmentado, lo que hace el escenario aún más difícil de controlar.
| Incidente | Lugar | Consecuencias |
|---|---|---|
| Asesinato de Miguel Uribe | Colombia (2025) | Candidato presidencial eliminado |
| Ataque al convoy del senador Lopez | Departamento del Cauca | Vehículo acribillado, sin víctimas mortales |
| Ataque a convoy oficial | Región del Catatumbo | 6 personas fallecidas |
Diálogo o guerra frontal : el dilema que divide a los candidatos
Ante semejante panorama, los aspirantes a la Casa de Nariño no pueden permitirse el lujo de las respuestas vagas. Iván Cepeda, senador de izquierda y favorito según las encuestas, defiende continuar la estrategia de negociación con los grupos armados iniciada por Petro, quien abandonará la presidencia a finales de agosto. Para Cepeda, romper esos procesos equivale a abrir una herida sin anestesia.
La postura opuesta la encarna Abelardo de la Espriella, abogado de derecha ubicado segundo en intención de voto. Su propuesta es directa : guerra frontal contra las organizaciones criminales, sin concesiones. Francamente, es una posición que genera adhesiones rápidas entre quienes están hartos de años de negociaciones que no han detenido la violencia.
El contraste entre ambas visiones resume décadas de debate sin resolver en Colombia :
- Estrategia de diálogo : negociación con grupos armados, reducción gradual de la violencia, integración de excombatientes.
- Ofensiva militar directa : operaciones contra estructuras criminales, prioridad a la seguridad inmediata sobre los acuerdos.
- Enfoque híbrido : combinación de presión militar selectiva con canales de negociación paralelos, aunque ningún candidato ha detallado aún cómo articular ambas vías.
Lo que ninguno de los dos puede ignorar es que la violencia tiene un combustible muy concreto : la cocaína. Colombia sigue siendo el primer productor mundial de esta sustancia, y los grupos armados —disidentes de las FARC, exparamilitares y carteles— se financian masivamente con ese negocio. Sin atacar esa raíz económica, cualquier estrategia de seguridad tenderá a mostrar sus límites.
Los firmantes de paz, diez años después : entre la amenaza y el olvido
El acuerdo de paz de 2016 fue presentado como un punto de inflexión histórico. 13.000 miembros de las FARC depusieron las armas con la expectativa de que el Estado los protegería y les daría un futuro. Una década después, la realidad desmiente esa promesa con cifras brutales.
Según Miroslav Jenca, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, 492 exguerrilleros que optaron por la paz han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Los grupos criminales los persiguen por varias razones simultáneas : los consideran traidores, los ven como obstáculos territoriales, o los quieren reclutar por sus capacidades operativas.
Un exmiembro de las FARC que trabajó en logística durante años lo explica sin rodeos, bajo anonimato por las amenazas recibidas : “Me dicen que sé manejar los números y que necesitan trabajar conmigo”. En el pueblo donde vive actualmente, nadie conoce su pasado. “Dediqué mis mejores años a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas jamás”, afirma.
En el departamento del Huila, concretamente en Algeciras, defensores de derechos humanos y excombatientes viven bajo presión constante de varias disidencias que rechazaron el acuerdo de 2016. El sur del país acumula una concentración de actores armados que convierte cualquier promesa electoral en algo que hay que demostrar con hechos, no con discursos.
El reto para quien gane el 31 de mayo no será solo heredar un país en conflicto. Será explicar a esos 492 muertos —y a quienes aún sobreviven bajo amenaza— por qué el Estado no pudo o no quiso protegerlos cuando eligieron la paz.
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