La crisis humanitaria en el Catatumbo colombiano ha alcanzado niveles sin precedentes desde inicios de 2025. Los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y disidentes de las FARC han provocado el mayor éxodo de población civil en la historia reciente del país. Este conflicto territorial, motivado principalmente por el control de cultivos de coca y rutas estratégicas hacia Venezuela, ha dejado miles de familias desplazadas y decenas de víctimas mortales en apenas tres meses.
El conflicto que desangra al Catatumbo
El Catatumbo, región ubicada en el noreste de Colombia fronteriza con Venezuela, vive sumida en una espiral de violencia desde enero de 2025. Los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, grupo disidente de las antiguas FARC, han ocasionado el desplazamiento forzado de más de 51.000 personas y el confinamiento de otras 8.668, según cifras oficiales.
Esta zona ha sido históricamente conflictiva, pero la magnitud actual de la crisis no tiene precedentes. Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, explica: “El Catatumbo ha sido tradicionalmente dominado por el ELN hasta la firma de los acuerdos de paz. Posteriormente, nuevos grupos como los disidentes de las FARC se establecieron en la región”.
El interés por esta zona responde a factores estratégicos claros:
- Alta concentración de cultivos de coca (Tibú es el segundo productor nacional)
- Ubicación fronteriza con Venezuela
- Corredores estratégicos para el narcotráfico
- Débil presencia estatal histórica
Los enfrentamientos en Colombia han dejado 54 muertos según confirman las autoridades, aunque reportes más recientes elevan esta cifra a 94 víctimas, la mayoría civiles. El presidente Gustavo Petro declaró “estado de emergencia” en enero, prometiendo recuperar el control territorial e implementar inversión social en la región.
Testimonios de sobrevivientes: huir para vivir
A una hora del centro de Medellín, una antigua parroquia transformada en centro de acogida alberga a víctimas del conflicto armado. Allí, personas como Juan Patiño (nombre modificado), de 32 años, intentan reconstruir sus vidas tras huir de la violencia en Tibú.
“Estábamos terminando nuestro trabajo en el campo cuando escuchamos disparos. Nos refugiamos hasta que cesaron los combates y luego escapamos a pie hacia Cúcuta, caminando cuatro horas en la oscuridad con miedo a encontrarnos con guerrilleros”, relata Juan, quien después de dormir tres días en la terminal de autobuses de Cúcuta, decidió trasladarse a Medellín.
Jonathan Carces (nombre modificado), de 38 años, comparte una historia aún más dolorosa. Reclutado forzosamente por la guerrilla a los 10 años, logró negociar su salida a los 18, pero seguía siendo presionado: querían que continuara como miliciano en la ciudad y que posteriormente sus hijos se incorporaran a sus filas. El conflicto reciente le costó la vida a su hermano, asesinado junto a otros 14 productores de coca por disidentes de las FARC en represalia por trabajar en territorio controlado por el ELN.
July Andrea Salcedo, coordinadora del centro de acogida, señala: “Actualmente tenemos 125 personas. Les ofrecemos acompañamiento psicosocial con trabajadores sociales y psicólogos. Desde septiembre de 2024, más de 800 personas han sido acogidas en este refugio”.
La compleja dinámica del conflicto actual
La situación en el Catatumbo se complica por la política de “Paz Total” del gobierno colombiano. El Ejecutivo mantiene procesos de negociación abiertos con ambos grupos armados, lo que limita su capacidad de intervención directa en el conflicto.
“El gobierno no puede intervenir directamente porque está intentando negociar la paz con ambos grupos. Hay un cese al fuego con el Frente 33, mientras que el ELN rompió los diálogos pese a llevar años en conversaciones”, explica Francisco Daza.
La dispersión de recursos militares en distintos focos de conflicto dificulta una respuesta efectiva. El gobierno debe atender simultáneamente regiones como:
| Región | Grupos armados presentes | Nivel de crisis |
|---|---|---|
| Catatumbo | ELN, Frente 33 (disidencia FARC) | Crítico |
| Cauca | Disidencias FARC, grupos paramilitares | Alto |
| Chocó | ELN, Clan del Golfo | Alto |
| Nariño | Múltiples grupos armados | Moderado-Alto |
Estrategias de respuesta y perspectivas futuras
Ante la magnitud de la crisis, el gobierno colombiano ha implementado diversas medidas de emergencia. Entre las más destacadas figura la propuesta del presidente Petro de pagar a los cultivadores de coca durante un año para que destruyan sus plantaciones, buscando así atacar una de las principales fuentes de financiación del conflicto.
Las autoridades locales han establecido centros de acogida en ciudades como Medellín, donde las víctimas reciben apoyo psicosocial y oportunidades para reconstruir sus vidas. Sin embargo, la capacidad de estos centros resulta insuficiente ante la magnitud del éxodo.
El desafío más grande reside en la recuperación efectiva del control territorial por parte del Estado. Las zonas fronterizas con Venezuela presentan desafíos particulares debido a:
- La porosidad de la frontera que facilita el tráfico ilícito
- La presencia histórica de grupos armados en la región
- La economía altamente dependiente de cultivos ilícitos
- La desconfianza de la población hacia las instituciones estatales
Los expertos coinciden en que cualquier solución sostenible requiere un enfoque integral que combine presencia militar, inversión social y alternativas económicas viables para las comunidades. Mientras tanto, miles de colombianos desplazados enfrentan un futuro incierto, lejos de sus hogares y con el trauma de la violencia marcando sus vidas.
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