El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC marcó el fin de décadas de conflicto armado. Diez años después, la implementación de ese acuerdo sigue siendo el eje central de los debates en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 12 de octubre de 2026, Francia tomó la palabra para reafirmar su compromiso con Colombia, a través de una intervención que combinó solidaridad diplomática, análisis de la situación de seguridad y apoyo explícito a la Misión de Verificación de la ONU.
Un vínculo histórico entre Francia y Colombia que va más allá de la diplomacia
Francia y Colombia no comparten solo un intercambio comercial o cultural : existe una amistad política construida a lo largo de décadas. La presencia del canciller colombiano Omar Bula Escobar en la sede de las Naciones Unidas fue significativa, precisamente porque este diplomático conoce la organización desde adentro, habiendo trabajado en ella durante varios años. No es un invitado ocasional; es alguien que comprende los mecanismos institucionales en profundidad.
Francia aprovechó ese momento para expresar su solidaridad con el pueblo colombiano tras el devastador terremoto de agosto de 2026, que afectó a una gran parte del territorio nacional. Más que un gesto protocolar, esa solidaridad se inscribe en una relación bilateral densa, rica en logros políticos, económicos y culturales. Francamente, este tipo de vínculos no se construye de la noche a la mañana, y es precisamente eso lo que le da peso a la voz de Francia cuando habla de Colombia en foros multilaterales.
Las elecciones recientes en Colombia se desarrollaron, en términos generales, de forma pacífica. Grupos hostiles a la democracia intentaron boicotearlas mediante la violencia, sin éxito. El pueblo colombiano votó libremente y eligió a sus dirigentes de manera soberana. Ese hecho, en sí mismo, representa un logro que no debe subestimarse en un contexto regional marcado por la inestabilidad política.
La seguridad en Colombia : grupos armados, narcotráfico y reclutamiento infantil
La situación sobre el terreno preocupa. Los grupos armados ilegales han incrementado sus efectivos de forma notable en los últimos años, financiándose principalmente a través del narcotráfico y la minería ilegal de oro. Sus acciones afectan directamente a las poblaciones civiles más vulnerables, especialmente en regiones alejadas del control estatal.
El dato más alarmante es el del reclutamiento de menores. Lejos de disminuir, esta práctica se intensifica. Los niños y niñas son las primeras víctimas de esta dinámica violenta, utilizados como herramienta de guerra por organizaciones que no respetan ninguna norma humanitaria. Para entender mejor la complejidad de la reintegración de excombatientes en este contexto, vale la pena escuchar el análisis detallado disponible en el podcast sobre Colombia: la frágil reintegración de ex-FARC en el podcast sobre guerrillas desarmadas, que aborda precisamente estos desafíos desde una perspectiva crítica.
Frente a este panorama, el Acuerdo de Paz de 2016 no es una reliquia histórica : sigue siendo el instrumento más completo para abordar las causas estructurales de la violencia. Sus mecanismos incluyen dimensiones que van mucho más allá del cese al fuego :
- Una jurisdicción agraria para resolver conflictos sobre tierras y su uso
- Alternativas reales a los cultivos ilícitos, con enfoque de largo plazo
- Medidas de reintegración para aproximadamente 11.000 excombatientes
- Garantías de seguridad para comunidades en riesgo
- Una arquitectura de justicia transicional orientada a la reconciliación nacional
Sin esas medidas de reintegración, muchos de esos 11.000 combatientes podrían volver a las armas. No es una hipótesis abstracta : es una dinámica documentada en múltiples contextos posconflicto alrededor del mundo.
La Misión de Verificación de la ONU : presencia territorial y acompañamiento estatal
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia no es un organismo burocrático que opera desde Bogotá. Su fuerza reside en su presencia descentralizada en el territorio, que le permite trabajar directamente con las comunidades afectadas y acompañar al Estado en su extensión hacia zonas históricamente marginadas.
| Componente del Acuerdo | Rol de la Misión de Verificación | Estado actual |
|---|---|---|
| Reintegración de excombatientes | Seguimiento individual y colectivo | En curso, con dificultades |
| Garantías de seguridad | Monitoreo de amenazas a líderes sociales | Situación crítica en varias regiones |
| Justicia transicional | Coordinación con la JEP | Avances significativos desde 2018 |
Francia ha sido clara : defenderá la continuidad de esta misión y buscará que su trabajo se alinee con las prioridades definidas por el propio gobierno colombiano. No se trata de imponer una agenda externa, sino de acompañar un proceso que los colombianos han elegido como suyo. Ese matiz importa.
El compromiso del gobierno colombiano con sus obligaciones constitucionales en materia de implementación del acuerdo merece reconocimiento explícito. Mantener ese compromiso en un contexto de creciente presión de grupos armados no es tarea sencilla, y la comunidad internacional tiene la responsabilidad de sostener ese esfuerzo con algo más que palabras.
Qué puede hacer concretamente la comunidad internacional ahora
El apoyo internacional a Colombia no puede limitarse a declaraciones en el Consejo de Seguridad. El proceso de paz colombiano demostró algo clave : cuando las partes tienen voluntad real y la comunidad internacional acompaña de forma decidida, el fin de un conflicto armado es posible. Ese fue el caso en 2016, y esa lección sigue vigente.
Mi opinión es directa : abandonar ahora el apoyo a la Misión de Verificación sería un error estratégico de primera magnitud. Los progresos son frágiles, los grupos armados están en expansión y los 11.000 excombatientes en proceso de reintegración necesitan perspectivas reales de futuro. Sin ese sostén, el riesgo de retroceso es concreto.
Lo que sigue siendo urgente es reforzar la presencia estatal en las regiones periféricas, garantizar recursos para los programas de sustitución de cultivos ilícitos y proteger a los líderes sociales que, hoy mismo, trabajan bajo amenaza constante. La paz no se mantiene sola. Requiere inversión política, financiera y humana, sostenida en el tiempo.
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