El parquet colombiano anunció el sábado 23 de agosto que Walter Yonda y Carlos Obando Aquirre, dos miembros del Front Jaime MartÃnez del Estado Mayor Central (EMC), enfrentan cargos por homicidios agravados tras el devastador atentado con camión bomba en Cali. La explosión dejó seis civiles muertos y más de sesenta heridos, incluyendo niños y una mujer embarazada, en uno de los episodios más violentos registrados en la tercera ciudad más poblada del paÃs.
Operativo de captura y cargos contra los responsables del atentado
Las autoridades judiciales colombianas han identificado a los dos presuntos responsables del ataque terrorista con explosivos que conmocionó al paÃs el jueves pasado. Según el fiscal a cargo del caso, ambos sospechosos habrÃan participado activamente en el transporte y activación de dos camiones cargados con material explosivo altamente destructivo.
El presidente Gustavo Petro confirmó mediante su cuenta en X la captura de Diomar Mancilla, otro integrante de la columna Jaime MartÃnez que habrÃa participado directamente en la agresión contra la población civil. Esta detención forma parte de una operación más amplia dirigida contra las estructuras disidentes que operan en territorio colombiano.
Los explosivos utilizados en el atentado contenÃan una mezcla letal de nitrato de amonio y granadas de mortero, colocados estratégicamente en cilindros dentro de los vehÃculos. Uno de estos camiones detonó frente a la escuela de aviación militar de Cali, causando destrucción masiva en la zona circundante y afectando gravemente a transeúntes inocentes.
El delito de homicidio agravado por el cual son procesados los dos guerrilleros puede acarrear hasta cincuenta años de prisión, según establece el código penal colombiano. Esta sanción refleja la gravedad excepcional del crimen cometido contra civiles desarmados en pleno centro urbano.
Escalada de violencia : otros ataques simultáneos en territorio nacional
El mismo dÃa del atentado en Cali, las fuerzas del orden colombianas sufrieron otro golpe devastador cerca de MedellÃn, la segunda ciudad más poblada del paÃs. Trece agentes policiales perdieron la vida durante enfrentamientos armados y el impacto de un drone explosivo contra un helicóptero oficial.
Estos policÃas participaban en una campaña de erradicación de cultivos de coca cuando fueron atacados por grupos armados ilegales. Colombia mantiene su posición como el mayor productor mundial de cocaÃna, lo que alimenta continuamente los conflictos entre organizaciones criminales y fuerzas estatales.
Las autoridades atribuyen ambos ataques a dos disidencias de las ex-FARC que se encuentran en conflicto entre sà y han rechazado categóricamente el acuerdo de paz firmado en 2016. Estas organizaciones criminales operan principalmente en regiones con presencia de cultivos ilÃcitos y rutas de narcotráfico.
| Lugar del ataque | VÃctimas | Grupo responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| Cali | 6 civiles muertos, 60+ heridos | EMC – Front Jaime MartÃnez | 22 agosto 2024 |
| MedellÃn | 13 policÃas muertos | Disidencias ex-FARC | 22 agosto 2024 |
La coincidencia temporal de ambos ataques sugiere una coordinación estratégica destinada a desafiar la autoridad estatal y generar terror en la población civil. Esta táctica forma parte de la estrategia empleada por grupos disidentes para mantener control territorial y presionar al gobierno nacional.
Operación “Sultana” : respuesta gubernamental contra el terrorismo
Tras la ola de ataques registrados, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció el lanzamiento de la operación “Sultana”, diseñada especÃficamente para proteger al territorio colombiano contra el terrorismo y la criminalidad organizada. Esta iniciativa representa una escalada en la respuesta militar del Estado ante la creciente amenaza de grupos armados ilegales.
El funcionario participó en una reunión estratégica con responsables de las fuerzas del orden en Antioquia, departamento ubicado al noroeste del paÃs, para coordinar la lucha contra guerrilleros disidentes, paramilitares y carteles del narcotráfico. Estas organizaciones obtienen recursos mediante actividades ilÃcitas como extorsión y explotación minera clandestina.
La operación contempla el fortalecimiento de una unidad especializada de 700 efectivos, similar a la que en el pasado persiguió a grandes capos del narcotráfico como Pablo Escobar. Esta estructura, conocida como “bloque de búsqueda”, será reforzada con mayor tecnologÃa y capacidades de inteligencia militar.
Sánchez declaró que el Estado desplegará todos los medios disponibles para “neutralizar las amenazas” contra la seguridad nacional, reconociendo que Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década. Los ataques contra militares en territorio controlado por guerrilla se han intensificado considerablemente en los últimos meses.
Contexto de inseguridad y asesinatos polÃticos recientes
Los recientes atentados se enmarcan en un contexto más amplio de deterioro de la seguridad que ha afectado gravemente al paÃs sudamericano. Las disidencias armadas han intensificado sus actividades criminales y han expandido su influencia territorial mediante el uso sistemático de la violencia.
Un episodio particularmente grave ocurrió el 7 de junio, cuando el senador y candidato presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay fue asesinado por un sicario de apenas 15 años durante un discurso público en la capital. Las autoridades señalan al grupo Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, como el autor intelectual del crimen.
Esta escalada de violencia polÃtica demuestra que los grupos armados ilegales han adoptado una estrategia de intimidación sistemática dirigida tanto contra funcionarios públicos como contra la población civil en general.
Las principales amenazas identificadas por las autoridades incluyen :
- Ataques con explosivos contra infraestructura militar y civil
- Asesinatos selectivos de lÃderes polÃticos y sociales
- Control territorial mediante extorsión y narcotráfico
- Reclutamiento forzado en comunidades rurales
- Sabotaje de operaciones estatales de erradicación
El gobierno nacional enfrenta el desafÃo de restablecer la autoridad estatal en vastas regiones donde estos grupos operan con relativa impunidad, aprovechando la geografÃa compleja del territorio colombiano y la presencia de economÃas ilegales que financian sus actividades criminales.
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