Once millones de colombianos mayores de 15 años se identifican como campesinos, según el jurista Rodrigo Uprimny. No es un dato menor : representa el 25% de la población del país. Por eso, cuando el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que sustituiría la palabra “campesino” por “pequeño empresario rural”, la reacción fue inmediata y furiosa.
Una palabra que el gobierno quiere borrar del vocabulario oficial
La medida, revelada por el medio colombiano La Silla Vacía, va más allá de un simple ajuste administrativo. Dangond también planea eliminar la expresión “reforma agraria” del lenguaje institucional de su cartera. El ministro defendió esta decisión el 8 de septiembre ante el Congreso, argumentando que el término “campesino” tiene connotaciones peyorativas. Días después, en su cuenta de la red social X, afirmó que el concepto de “empresario agrícola” permitiría “elaborar mejores políticas para todos”.
Una semana más tarde, la indignación no había cedido ni un centímetro. Francamente, cuesta entender la lógica del ministro : cambiar una palabra no cambia la realidad de quienes trabajan la tierra, pero sí puede afectar muy concretamente sus derechos. Uprimny lo señala con precisión en El Espectador : reducir a esta población a una mera “unidad productiva” ignoraría su riqueza multicultural y la protección jurídica especial que el Estado colombiano les reconoce. El desprecio hacia el mundo rural, escribe el jurista, parece residir en el ministro y no en la palabra que pretende erradicar.
Para entender por qué esta polémica enciende tanto los ánimos, hay que recordar el peso histórico del término. En Colombia, “campesino” no describe solo una actividad económica. Nombra a las víctimas principales de más de sesenta años de conflicto armado, un conflicto que nació precisamente de la distribución profundamente desigual de la tierra y que dio origen a guerrillas liberales convertidas luego en comunistas. Borrar esa palabra es, para muchos, borrar la memoria de ese sufrimiento.
| Término | Propuesto por | Argumento oficial | Crítica principal |
|---|---|---|---|
| Campesino | Tradición jurídica y cultural | Considerado “peyorativo” por Dangond | Protege derechos e identidad de 11 millones de personas |
| Pequeño empresario rural | Ministro Indalecio Dangond | Facilitaría mejores políticas agrícolas | Reduce al campesino a una lógica productivista |
Identidad, territorio y reforma agraria en el centro del debate
La antropóloga Marta Saade publicó en La Silla Vacía un análisis que resume lo que está en juego. Según ella, negar o reconocer solo a medias la identidad campesina “hace retroceder al país más de una década en la solución de la deuda histórica con las familias y comunidades más golpeadas por el conflicto armado”. No se trata de un debate académico sobre semántica. Las consecuencias son tangibles : pérdida de identidad cultural, debilitamiento de la capacidad de ocupar el territorio y desarticulación de las dinámicas organizativas que los campesinos han construido durante generaciones.
Detrás de este cambio de vocabulario asoma también el temor a un retroceso en la reforma agraria. Los acuerdos de paz firmados en 2016 con las FARC incluyeron compromisos concretos sobre distribución de tierras, profundizados después durante el gobierno de Gustavo Petro. Esos compromisos buscaban reparar las injusticias históricas que habían alimentado el conflicto. No es casualidad que Dangond quiera eliminar simultáneamente las palabras “campesino” y “reforma agraria” del discurso oficial. Para el abogado Javier Revelo, este movimiento se inscribe en la batalla cultural que libra el presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella contra lo que considera imposiciones ideológicas de la izquierda. Si quieres entender mejor el contexto político en el que se enmarca este debate, vale la pena leer el análisis sobre la paz total en Colombia y el balance de la política de Petro.
Las sospechas sobre las intenciones reales del ministro se agravan por su perfil personal. Una investigación de la revista Cambio lo acusó de haber validado, antes de su nombramiento, la desviación de fondos destinados a pequeños productores en beneficio de una influyente familia de su región.
Lo que resulta revelador es que incluso dentro del campo conservador hay voces discordantes. Las reacciones críticas al cambio propuesto incluyen posiciones muy distintas entre sí :
- Juristas que advierten sobre la pérdida de protección legal para millones de ciudadanos.
- Antropólogos que señalan el daño a la memoria histórica y la identidad cultural.
- Abogados que lo leen como una maniobra política para desmantelar los acuerdos de paz.
- Voces del propio espacio conservador que rechazan la premisa de que el término sea peyorativo.
La influencer Manuela Ganadera, publicó en la revista Semana que quien trabaja la tierra no tiene por qué ser visto como “condenado a la subsistencia”, y recordó que el campesino ya es un empresario. Su argumento es claro : el término no humilla a nadie, y cambiarlo no dignifica, solo confunde.
Lo que este debate revela sobre el futuro del campo colombiano
Más allá de la polémica inmediata, esta disputa léxica plantea una pregunta que te invito a considerar con atención : ¿quién define la identidad de las comunidades rurales ? ¿El ministerio desde Bogotá, o las propias familias que llevan generaciones cultivando la tierra ? El lenguaje no es neutro. Cuando el Estado cambia cómo nombra a un grupo social, cambia también cómo lo trata, cómo lo presupuesta y cómo lo protege jurídicamente.
Si el gobierno de De la Espriella avanza con esta modificación, las organizaciones campesinas tendrán que librar una batalla doble : defender su denominación legal y proteger los instrumentos de política pública que durante décadas han vinculado ese término a derechos concretos. La historia colombiana enseña que cuando se borra el nombre de una comunidad del vocabulario oficial, sus problemas no desaparecen. Simplemente dejan de existir en los papeles.
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