La escalada de violencia en Colombia durante 2025 marca un punto de inflexión crítico en la ambiciosa estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro. Los grupos armados han intensificado sus ataques mientras las negociaciones de paz fracasan sistemáticamente, creando un panorama sombrío que amenaza la estabilidad del país sudamericano. El retorno a la violencia coincide peligrosamente con la proximidad de las elecciones presidenciales de 2026, generando una polarización política sin precedentes.
La fragmentación armada complica el panorama de seguridad colombiano
El mapa de actores violentos en Colombia presenta una complejidad extraordinaria que desafía cualquier estrategia de pacificación. Según Sophie Daviaud, especialista en ciencias políticas de Sciences Po Aix, tres categorías principales de grupos armados operan actualmente en el territorio nacional. La primera comprende las guerrillas tradicionales, encabezadas por el ELN con aproximadamente 6.000 combatientes, junto a dos facciones disidentes de las FARC, incluyendo el temible EMC dirigido por Iván Mordisco.
Los nuevos grupos paramilitares constituyen la segunda categoría, destacando el Clan del Golfo con 7.500 hombres, que se ha convertido en el principal exportador de cocaína del país. Finalmente, las milicias urbanas completan este ecosistema violento, operando frecuentemente como brazos armados de los grupos principales. Esta fragmentación representa un desafío monumental para las autoridades, ya que cada facción persigue objetivos específicos vinculados principalmente al narcotráfico.
| Grupo Armado | Número de Combatientes | Actividad Principal |
|---|---|---|
| ELN | 6,000 | Guerrilla marxista |
| EMC (FARC disidente) | Varios miles | Narcotráfico |
| Clan del Golfo | 7,500 | Exportación de cocaína |
La motivación ideológica que caracterizó históricamente a los movimientos guerrilleros ha sido reemplazada por intereses puramente económicos vinculados al tráfico de drogas. Esta transformación explica parcialmente por qué las negociaciones simultáneas iniciadas por Petro han resultado infructuosas, creando un rompecabezas operativo para las fuerzas del orden.
El fracaso metodológico del gobierno Petro
La estrategia de paz total diseñada por Gustavo Petro presenta fallas estructurales evidentes que han contribuido al deterioro actual. Gaspard Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina en Sciences Po, identifica un problema metodológico fundamental en el enfoque gubernamental. El presidente colombiano intentó abordar simultáneamente múltiples negociaciones sin secuenciar adecuadamente las iniciativas.
Las reformas agraria, fiscal y social propuestas inicialmente por Petro requerían una implementación gradual y coordinada. Sin embargo, la imposibilidad de completar la reforma fiscal y agraria provocó el colapso de la política antidrogas, privando al gobierno de recursos necesarios para financiar la sustitución de cultivos de coca. El carácter errático del gobierno se ha manifestado también en la inestabilidad del gabinete, ilustrada dramáticamente por la dimisión de la ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia en julio pasado.
Los números revelan la magnitud del deterioro : entre enero y agosto de 2025, 68 militares y 65 policías perdieron la vida, representando un incremento del 136% respecto al año anterior. Los secuestros, que habían disminuido significativamente desde 2016, experimentaron un alarmante aumento del 82% durante este período. Esta escalada violenta ha generado un fenómeno preocupante : cultivadores de coca atacan directamente a militares durante operaciones de erradicación.
Polarización política y crisis institucional
La violencia política ha alcanzado niveles críticos, como evidencia el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció en agosto tras ser baleado durante un mitin en junio. Este dramático episodio ilustra perfectamente cómo la campaña electoral de 2026 se centrará primordialmente en temas de seguridad, favoreciendo claramente a la oposición de derecha.
Paradójicamente, los avances de la justicia transicional generan mayor polarización social. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido condenas históricas contra antiguos comandantes de las FARC, incluyendo a Timochenko, por crímenes de guerra y torturas. Sin embargo, las penas simbólicas previstas en el acuerdo de 2016 provocan indignación entre familias de víctimas que consideran insuficientes estos castigos.
La condena del expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos desató una crisis institucional adicional. Su posterior liberación antes del juicio de apelación no logró calmar los ánimos, evidenciando la profunda fractura social que atraviesa el país. Las amenazas de muerte contra funcionarios judiciales se han intensificado, creando un clima de intimidación generalizada.
Tensiones internacionales y desafíos estructurales
Las relaciones entre Washington y Bogotá han alcanzado su punto más bajo en décadas. Estados Unidos descertificó a Colombia como socio confiable en la lucha antidrogas, mientras Donald Trump califica la política de Petro como “arreglos con grupos narcoterroristas”. Según la ONU, la producción de cocaína aumentó 53% en 2023, alcanzando 2.600 toneladas anuales.
La respuesta colombiana incluyó la suspensión de compras de armamento estadounidense, profundizando la crisis bilateral. Esta tensión se inscribe en un contexto regional complejo, donde Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe para combatir directamente el narcotráfico. La ayuda estadounidense de 380 millones de dólares anuales se concentrará exclusivamente en aspectos militares, abandonando los programas civiles de desarrollo rural.
Los expertos coinciden en que la solución requiere cooperación transnacional. Mientras la demanda de cocaína continúe creciendo en Europa y Estados Unidos, Colombia permanecerá atrapada en este ciclo violento. La sociedad colombiana, según Gaspard Estrada, se ha “mitridatizado” ante la violencia, desarrollando una peligrosa tolerancia que perpetúa el conflicto. Las siguientes medidas resultan fundamentales :
- Fortalecer la cooperación internacional existente
- Implementar estrategias para reducir la demanda global de cocaína
- Desarrollar alternativas económicas viables para comunidades cocaleras
- Garantizar la protección efectiva de exguerrilleros desmovilizados
El futuro de Colombia depende de encontrar un equilibrio entre el enfoque represivo tradicional y las políticas de sustitución que han demostrado limitaciones evidentes. La próxima administración presidencial heredará un país más fragmentado y violento, donde el legado de la paz total se ha transformado paradójicamente en un retorno preocupante hacia la confrontación armada.
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