El 11 de noviembre de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dio un paso histórico : imputó formalmente a ocho exmilitares de inteligencia por crÃmenes de guerra, crÃmenes de lesa humanidad y genocidio. Las vÃctimas son miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, perseguidos y eliminados entre 1985 y 1993. No se trata de un caso menor. Hablamos de más de 5.700 militantes asesinados durante una de las etapas más oscuras del conflicto colombiano.
Un aparato criminal dentro del ejército colombiano
Lo que descubrió la JEP no es simplemente una serie de crÃmenes aislados. Los investigadores identificaron una estructura clandestina organizada dentro de las unidades de inteligencia estratégica del ejército nacional. Este aparato operaba con una lógica calculada y sistemática, muy alejada de lo que podrÃa calificarse como excesos individuales.
Danilo Rojas, presidente de la JEP, lo explicó sin rodeos durante la rueda de prensa : “Se efectuaban seguimientos, se identificaban objetivos y se coordinaban operaciones clandestinas.” Primero vigilaban en secreto a sus blancos, luego los asesinaban o los hacÃan desaparecer sin dejar rastro. Este patrón se repitió en varias regiones del paÃs, según la investigación del tribunal.
Los magistrados analizaron 27 hechos documentados, con especial concentración en la capital, Bogotá. Entre los delitos imputados también figuran torturas y desapariciones forzadas de guerrilleros, llevadas a cabo mediante interrogatorios violentos durante el mismo perÃodo. Para entender la magnitud de estas ejecuciones extrajudiciales y la forma en que aterrorizaron a Colombia, es fundamental contextualizar quiénes eran las vÃctimas y qué representaban polÃticamente.
La Unión Patriótica nació en 1985, creada por exguerrilleros de las FARC tras un intento fallido de negociación de paz. Sus adversarios la acusaban de ser el brazo polÃtico de la guerrilla. Esta etiqueta, justa o no, les costó la vida a miles de militantes. Grupos paramilitares, con la complicidad de sectores del Estado, orquestaron una campaña de terror sistemático contra el partido.
Qué es la JEP y cómo funciona su justicia transicional
La Jurisdicción Especial para la Paz nació del acuerdo de paz de 2016 que puso fin al conflicto con las FARC. Su misión es juzgar los crÃmenes más graves cometidos por todos los actores del conflicto armado colombiano : guerrilleros, militares, paramilitares y terceros civiles. No es un tribunal ordinario.
Su modelo de justicia transicional ofrece penas alternativas al encarcelamiento, pero con condiciones muy claras :
- Los responsables deben reconocer su participación en los hechos.
- Están obligados a decir la verdad completa ante el tribunal.
- Deben reparar económica y simbólicamente a las vÃctimas.
- Tienen que contribuir activamente a la no repetición de los crÃmenes.
Alejandro Ramelli, magistrado presidente de la JEP, ha sido la cara visible de este proceso complejo y delicado. Bajo su dirección, el tribunal ha avanzado en casos que durante décadas permanecieron en la impunidad. Francamente, sin la JEP, estos ocho militares probablemente nunca habrÃan enfrentado ninguna consecuencia judicial.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Fecha de imputación | 11 de noviembre de 2026 |
| Número de militares imputados | 8 exmilitares de inteligencia |
| PerÃodo investigado | 1985 – 1993 |
| VÃctimas documentadas | Más de 5.700 miembros de la Unión Patriótica |
| Hechos analizados | 27 casos, principalmente en Bogotá |
| CrÃmenes imputados | CrÃmenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzada |
La amenaza polÃtica sobre la JEP y su futuro incierto
Este proceso judicial no ocurre en un vacÃo polÃtico. Desde el 7 de agosto de 2026, Colombia tiene un nuevo presidente : Abelardo de la Espriella, un polÃtico de derecha que ha manifestado públicamente su rechazo al acuerdo de paz que condujo al desarme de las FARC. Para él, el pacto fue demasiado blando con los exguerrilleros.
Más preocupante aún : su gobierno anunció una reducción drástica del presupuesto de funcionamiento de la JEP. No es un gesto simbólico. Sin recursos, el tribunal no puede investigar, no puede citar testigos, no puede sostener equipos jurÃdicos. Es, en la práctica, una manera de asfixiar institucionalmente a un organismo que incomoda a ciertos sectores del poder.
¿Qué implica esto para los ocho militares imputados ? Por ahora, el proceso sigue su curso. Pero si la JEP pierde capacidad operativa, los plazos se alargarán, las investigaciones se ralentizarán y las vÃctimas de la Unión Patriótica volverán a quedar en un segundo plano. Eso serÃa un retroceso inaceptable para miles de familias que llevan décadas esperando justicia.
Mi opinión, clara y directa : atacar presupuestariamente a un tribunal de justicia transicional mientras este investiga crÃmenes de Estado no es una posición polÃtica legÃtima. Es obstaculizar la justicia. El verdadero test para cualquier democracia no es cómo trata a sus aliados, sino cómo responde ante sus propias violaciones más graves. Colombia está ahora mismo ante esa prueba.
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