El 21 de septiembre de 2026, Ricardo Martínez, jornalero de 18 años, murió durante una operación policial en la costa caribeña colombiana. Su madre, Marelvis Rodríguez, lo había visto apenas días antes : él regresaba del campo con su jornal, le pidió que lo acompañara a comprar una correa y ropa nueva. Esos fueron sus últimos gastos. Hoy, ella exige saber exactamente cómo y por qué mataron a su hijo.
Un muchacho, una operación y demasiadas preguntas sin respuesta
La operación oficial apuntaba contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo paramilitar con presencia en la región del Magdalena desde los años noventa. Según las fuerzas de seguridad, el operativo eliminó a varios integrantes del grupo, entre ellos José Pérez Villanueva, señalado como el segundo al mando de la organización. Pero Ricardo Martínez no era comandante paramilitar. Trabajaba como jornalero en una zona rural.
Lo que siguió al disparo fue revelador. El entierro de Pérez Villanueva reunió fanfarria, hombres disparando al aire y una comitiva nutrida, como suele ocurrir con los funerales de jefes armados en Colombia. El de Ricardo, en cambio, tuvo lugar en una casa en construcción en la periferia de Santa Marta. Solo unas quince personas lloraron al joven. Ningún cortejo, ningún ritual de poder. Solo una familia destrozada.
La revista colombiana Revista Raya recogió el testimonio directo de Marelvis Rodríguez, quien no duda en acusar al Estado : “Tú mataste a mi hijo”, declaró ante las cámaras. Para ella, el discurso oficial sobre un enfrentamiento armado no cuadra con el perfil de su hijo ni con las circunstancias que rodean su muerte. La familia denuncia una ejecución extrajudicial encubierta, no un combate.
El fantasma de los “falsos positivos” regresa a Colombia
Para entender por qué este caso genera tanto alarma, hay que conocer uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano. Entre 2002 y 2010, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, las fuerzas militares colombianas asesinaron a al menos 6.402 civiles, presentándolos posteriormente como guerrilleros o paramilitares caídos en combate. Ese mecanismo sistemático de engaño y asesinato recibió el nombre de falsos positivos, y su magnitud fue reconocida oficialmente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021.
El método seguía un patrón reconocible. Veamos los elementos que caracterizaban estas operaciones :
- Selección de víctimas jóvenes, pobres y sin antecedentes penales en zonas rurales o periurbanas.
- Presentación del cuerpo ante los medios con armas o uniformes plantados.
- Fabricación de un expediente que convertía al civil en “miembro abatido” de un grupo armado.
- Presión institucional sobre los soldados para elevar las estadísticas de “bajas en combate”.
- Impunidad generalizada para los mandos medios y superiores responsables.
Hoy, en los medios colombianos, el caso de Ricardo Martínez activa esa memoria colectiva. El perfil de la víctima, el contexto rural, la operación contra un grupo paramilitar : todo evoca un patrón que Colombia pensaba haber superado. Frankamente, sería ingenuo descartar esa lectura sin una investigación seria y transparente.
| Período | Fenómeno | Víctimas documentadas | Institución que lo reconoció |
|---|---|---|---|
| 2002-2010 | Falsos positivos | Al menos 6.402 civiles | JEP (2021) |
| 2026 | Caso Ricardo Martínez | 1 víctima (en investigación) | Denuncia familiar y prensa independiente |
Colombia en guerra permanente : el precio civil del conflicto armado
Colombia lleva más de seis décadas atrapada en un conflicto que combina guerrillas, paramilitares, narcotráfico y fuerzas estatales. Esa guerra no la pagan los comandantes con despacho propio : la pagan los jornaleros, los campesinos, los jóvenes que salen a trabajar al amanecer y no regresan. la guerra colombiana contra los grupos armados cobra constantemente vidas civiles, y el caso Martínez es solo el ejemplo más reciente de una tendencia que no cede.
Las ACSN, señaladas como objetivo del operativo, controlan franjas del Magdalena desde los noventa. Son herederas directas del paramilitarismo que el Estado fingió desmantelar en los años 2000. Su presencia en zonas rurales crea un entorno donde cualquier habitante puede ser señalado como colaborador o integrante. Ese contexto de sospecha generalizada facilita, históricamente, los abusos.
La desconfianza hacia las fuerzas armadas que genera cada caso como el de Ricardo no es irracional. Es una respuesta acumulada a décadas de violencia institucional sin rendición de cuentas. La familia Rodríguez no exige venganza : exige verdad. Y esa exigencia, en un país con más de 6.000 falsos positivos documentados, tiene todo el peso de la historia detrás.
Qué debe pasar ahora para que Colombia no repita sus errores
El caso de Ricardo Martínez no puede quedar sepultado bajo un comunicado oficial. Para mí, hay pasos concretos e innegociables que las instituciones colombianas deben dar de inmediato. Primero, una investigación independiente y pública sobre las circunstancias de su muerte, con acceso irrestricto para la familia y organizaciones de derechos humanos. Segundo, la protección efectiva de Marelvis Rodríguez, cuya valentía al hablar la expone a represalias en una región controlada por grupos armados.
La JEP demostró que era posible documentar y nombrar los crímenes del pasado. Pero Colombia necesita mecanismos que actúen en tiempo real, no décadas después. Si la impunidad sigue siendo la norma, el ciclo se repetirá. Los próximos jornaleros que salgan a trabajar al Magdalena deberían poder hacerlo sin convertirse en bajas en combate de operaciones que no les pertenecen. Esa es la deuda concreta que el Estado colombiano tiene hoy con su propio pueblo.
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