La evolución del conflicto armado en Colombia ha tomado un giro preocupante con la incorporación de drones como armas letales. Esta nueva dimensión bélica representa un desafÃo sin precedentes para las fuerzas de seguridad y la población civil colombiana, transformando la naturaleza misma de un conflicto que lleva más de seis décadas desangrando al paÃs.
La creciente amenaza de los drones en el conflicto colombiano
Desde 2024, Colombia ha experimentado un aumento significativo en ataques realizados mediante drones armados, especialmente en regiones como el Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela conocida por sus cultivos de coca. Estos dispositivos, tanto comerciales como artesanales, se han convertido en herramientas letales en manos de grupos armados ilegales.
Los drones utilizados son principalmente modelos comerciales de fabricación china como DJI, que los grupos armados modifican para adaptarlos a sus necesidades bélicas. También emplean drones fabricados artesanalmente, a los cuales acoplan proyectiles convencionales o improvisados que luego dejan caer sobre sus objetivos desde el aire.
Aunque el uso masivo de drones es reciente, los primeros ataques documentados se remontan a años anteriores:
- Junio 2018: Primer ataque registrado en Barranco Minas (GuainÃa)
- Septiembre 2019: Incautación de drones Syma cargados con explosivos en Nariño
- Octubre 2021: Ataque reportado en el departamento del Meta
- Julio 2023: Ataque contra militares en Putumayo
- 2024-2025: Multiplicación exponencial de ataques en varias regiones
Las estadÃsticas son alarmantes. Según estimaciones basadas en datos de la prensa local, fuerzas de seguridad y expertos, entre enero de 2024 y mayo de 2025 al menos seis personas murieron por ataques con drones, incluyendo tres civiles y tres militares. Las heridas causadas por estos artefactos afectaron a no menos de 92 personas, entre ellas 30 civiles.
Narcotráfico y zonas de conflicto: epicentros de la guerra con drones
No es casualidad que la mayor concentración de ataques con drones se registre en departamentos como Cauca y Norte de Santander (región del Catatumbo). Estas áreas representan importantes centros de cultivo de coca y producción de cocaÃna, cuyo control territorial es disputado ferozmente por diferentes grupos armados.
El Cauca ha sido particularmente afectado, con 100 ataques documentados en 2024 y 59 entre enero y mayo de 2025, según datos policiales. Estos ataques se han concentrado en cinco municipios estratégicos para la economÃa ilegal del narcotráfico.
La relación entre el conflicto armado y el narcotráfico sigue siendo el motor principal de la violencia en Colombia. Los grupos armados utilizan los drones como herramienta para:
| Objetivo | Propósito |
|---|---|
| Fuerzas de seguridad | Repeler operativos de erradicación y control territorial |
| Grupos rivales | Disputar zonas de cultivo y rutas de narcotráfico |
| Reconocimiento | Vigilar movimientos de tropas y planificar operaciones |
| Intimidación | Generar terror en poblaciones locales |
Estos ataques se inscriben en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro por impulsar su polÃtica de “paz total”. En 2024, grupos armados mantenÃan presencia en el 71% de los municipios colombianos, evidenciando el fracaso parcial del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.
Impacto humanitario y nuevos desafÃos para la población civil
Para los habitantes de zonas como el Catatumbo, los drones representan una amenaza invisible y difÃcil de predecir, a diferencia de otros peligros tradicionales del conflicto. Un testimonio recogido en la región refleja esta nueva realidad: “Con las minas antipersonales sabemos dónde están porque hay señalización. Con los tiroteos podemos refugiarnos tras muros o árboles. Pero con los drones no sabemos cuándo llegarán ni dónde soltarán sus explosivos”.
Los civiles, como en toda la historia del conflicto colombiano, pagan un alto precio. Las estadÃsticas históricas indican que aproximadamente el 80% de las vÃctimas del conflicto han sido civiles. Aunque hasta el momento las vÃctimas civiles de ataques con drones parecen ser “daños colaterales” y no objetivos directos, esto no disminuye su impacto.
Entre las vÃctimas civiles documentadas se encuentran:
Luis Ernesto Mendoza (73 años), fallecido en marzo de 2025 tras sufrir la amputación de un brazo por heridas causadas por un proyectil lanzado desde un drone en el Catatumbo. Farid Alonso López (72 años), muerto en abril en la misma región. Dylan Camilo Erazo Yela, un niño de apenas 10 años, asesinado en julio de 2024 mientras se encontraba en un campo deportivo en el departamento del Cauca.
Organizaciones de derechos humanos expresan particular preocupación por las personas que cuentan con esquemas de protección debido a amenazas previas. Los vehÃculos blindados utilizados para protegerlas están diseñados contra minas terrestres, no contra amenazas aéreas, dejándolas vulnerables a esta nueva modalidad de ataque.
El futuro del conflicto y la respuesta estatal
Expertos en seguridad califican a los drones como “el misil del pobre” debido a su relativo bajo costo y fácil acceso. Esta tecnologÃa permite a grupos guerrilleros como el ELN y disidencias de las FARC crear pequeñas “fuerzas aéreas” improvisadas que reducen riesgos para sus combatientes mientras aumentan su capacidad ofensiva.
La respuesta del Estado colombiano ha sido considerada tardÃa e insuficiente. Hasta mediados de 2025, solo algunas entidades territoriales habÃan adquirido sistemas antidrone, principalmente de Singapur y Australia, con costos superiores a 100.000 dólares por unidad. El Ministerio de Defensa realizó compras limitadas a empresas de China (2019), Francia (2022) y Estados Unidos (2024).
A principios de junio de 2025, el gobierno finalmente destinó 25 millones de dólares para adquirir equipamiento antidrone estadounidense, pero estos sistemas aún no habÃan llegado al paÃs. Mientras tanto, existe preocupación por la posible llegada de tecnologÃas más avanzadas como drones FPV (First Person View) o drones con fibra óptica resistentes al bloqueo electrónico, similares a los utilizados en el conflicto ucraniano.
La incapacidad para anticipar esta evolución tecnológica del conflicto podrÃa inclinar la balanza aún más hacia los grupos armados, transformando profundamente la naturaleza de un conflicto que parece resistirse a todos los intentos de pacificación.
