El 15 de julio de 2026, a diez años exactos de la firma del acuerdo de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex comandante máximo de las FARC disueltas, habló con la AFP en Bogotá. Su mensaje fue claro y sin rodeos : los mensajes de odio que circulan en Colombia representan un peligro real para la estabilidad del paÃs.
Timochenko alerta sobre el clima de violencia verbal en Colombia
En esa entrevista, Londoño no utilizó eufemismos. Afirmó que los firmantes del acuerdo de paz de 2016 sufren una estigmatización permanente y que ciertas voces con tribuna privilegiada amplifican discursos que pueden desencadenar violencia fÃsica. “Hay personas que, con una palabra privilegiada, difunden estos mensajes y eso es extremadamente peligroso. Es muy importante que se baje el volumen de estos mensajes de odio”, declaró ante los micrófonos de la agencia francesa.
Sus palabras no surgieron en el vacÃo. Abelardo de la Espriella, abogado sin experiencia polÃtica previa que representa a la derecha dura y ganó las elecciones presidenciales recientemente, ha calificado públicamente a Timochenko de “criminal de guerra que merece cadena perpetua”. De la Espriella asumirá el poder el 7 de agosto de 2026 y ha prometido bombardear a las bandas narcotraficantes, suspender los diálogos fallidos que el presidente izquierdista Gustavo Petro mantuvo con las disidencias activas de las ex-FARC, y eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que aplica penas alternativas a la cárcel para exguerrilleros y militares que aportan verdad al proceso judicial.
Para entender la magnitud de lo que está en juego, conviene recordar algunas cifras concretas. Según la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 492 firmantes del pacto. Fueron cerca de 13.000 guerrilleros los que depositaron las armas en 2016 para intentar reintegrarse a la sociedad civil.
El propio Londoño fue condenado en 2025 a ocho años de trabajos comunitarios como reparación por los más de 21.000 secuestros cometidos por las FARC durante el conflicto. Cumple esa pena bajo el régimen de la JEP, precisamente el tribunal que el presidente electo quiere suprimir.
| Dato clave | Cifra / Información |
|---|---|
| Guerrilleros desarmados en 2016 | ~13.000 |
| Firmantes del acuerdo asesinados | 492 (fuente : ONU) |
| Secuestros atribuidos a las FARC | Más de 21.000 |
| Condena de Timochenko (2025) | 8 años de trabajos de interés general |
| Fecha de posesión del nuevo presidente | 7 de agosto de 2026 |
Una carta abierta al presidente electo : el llamado al diálogo
Frente a las amenazas del futuro mandatario, Timochenko y seis lÃderes históricos de las ex-FARC, entre ellos Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, optaron por una respuesta polÃtica : enviaron una carta formal a De la Espriella para reconocer su victoria electoral y solicitarle un espacio de diálogo. El objetivo declarado es “honrar” el acuerdo que firmaron con el Estado colombiano.
En esa misma misiva, reafirmaron su “compromiso inquebrantable con el respeto a la paz” y dejaron escrito que esperan que el Estado colombiano cumpla el pacto “con la misma sinceridad”. La postura de Londoño frente a las cámaras complementó ese tono : “Creo que el diálogo es esencial para instaurar la paz. Asà es como nosotros, los seres humanos, podemos entendernos los unos a los otros”.
La iniciativa epistolar contrasta con la retórica del presidente electo. De la Espriella no ha dado señales de querer sentarse con los firmantes del acuerdo. Su campaña se construyó sobre la promesa de mano dura, y su primera reacción pública ante la carta fue ignorarla. Francamente, la brecha entre ambas partes no podrÃa ser mayor.
El contexto tampoco ayuda : los grupos armados ilegales han ganado poder y territorio durante los cuatro años del gobierno Petro, según análisis de expertos en seguridad colombiana. La estrategia de “paz total” del presidente saliente no logró los resultados esperados, lo que alimenta el discurso de quienes piden romper con ese modelo.
- Supresión de la JEP y regreso al sistema penal ordinario para excombatientes
- Fin de las negociaciones con disidencias activas de las ex-FARC
- Bombardeos contra estructuras del narcotráfico
- Rechazo a cualquier amnistÃa o pena alternativa para crÃmenes de guerra
Estas son las cuatro lÃneas de acción que De la Espriella ha anunciado públicamente. Cada una de ellas afecta directamente lo que los firmantes del acuerdo consideran garantÃas básicas para su seguridad jurÃdica y fÃsica.
Paz y reintegración : lo que está en juego más allá de la polÃtica
Más allá del choque entre discursos polÃticos, hay miles de personas cuya vida depende de lo que ocurra en los próximos meses. Los excombatientes de las FARC que apuestan por la reintegración social intentan construir una vida nueva lejos de las armas, y cualquier ruptura del marco jurÃdico del acuerdo los deja en una situación de enorme vulnerabilidad.
Londoño lo sintetizó con una frase que vale la pena citar textualmente : “La sociedad colombiana ya ha madurado mucho y podemos entendernos y hacer avanzar a Colombia, como todos queremos, y construir juntos a pesar de nuestras diferencias.” Es una apuesta por la convivencia en un momento en que la polarización vuelve a dominar el debate público.
El 7 de agosto marcará un punto de inflexión. Lo que el nuevo gobierno decida hacer con el acuerdo de paz de 2016 no es solo una cuestión legal o institucional : es una decisión que determinará si los 492 firmantes ya asesinados son apenas el inicio de una cifra mucho más trágica, o si Colombia logra sostener, con todas sus grietas, un proceso de paz que el mundo señala como referencia.
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