Tres menores de edad murieron el 27 de agosto de 2026 durante la llamada ‘Operación Amón’, ejecutada en zona rural de El Retorno, Guaviare. Medicina Legal confirmó esas muertes. Sumadas a otras tres víctimas menores registradas en los bombardeos del 11 de agosto en Catatumbo y del 31 de agosto también en Guaviare, el balance obliga a preguntarse cómo responde el sistema judicial colombiano ante una política militar que no parece detenerse. La respuesta llegó el 7 de septiembre de 2026, con un auto que desplazó el centro de la batalla legal hacia Bogotá.
Dos tutelas, un mismo fondo : la disputa llega a los juzgados
El conflicto jurídico empezó con dos acciones constitucionales presentadas de forma independiente, pero construidas sobre el mismo argumento central. Roxemhberg Rozo Sánchez presentó su tutela ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, dirigida contra la Presidencia de la República y otras entidades del Estado. Alegó vulneración de derechos fundamentales, especialmente los relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes inmersos en el conflicto armado.
Por su parte, Ower Jimmy Borda Parra había promovido una acción similar ante el Juzgado 34 de Familia de Bogotá desde el 2 de septiembre, el mismo día en que fue admitida. La tutela del Guaviare fue repartida ese mismo día a las 4 :30 de la tarde y admitida al día siguiente. Esa diferencia de pocas horas resultó decisiva para determinar cuál despacho tendría competencia preferente.
Las dos demandas apuntaban al mismo objetivo : suspender o impedir que las Fuerzas Militares ejecuten operaciones aéreas de bombardeo en zonas donde exista información verificada, o razonablemente verificable, sobre presencia de menores reclutados de forma forzosa. También exigían ajustes en los protocolos de inteligencia y planeación militar.
| Tutela | Accionante | Juzgado | Fecha de admisión |
|---|---|---|---|
| Bogotá | Ower Jimmy Borda Parra | Juzgado 34 de Familia de Bogotá | 2 de septiembre de 2026 |
| Guaviare | Roxemhberg Rozo Sánchez | Juzgado Tercero Penal del Circuito, San José del Guaviare | 3 de septiembre de 2026 |
El juez Jhoan Aguilera Martínez, al revisar ambos expedientes, identificó lo que el derecho procesal denomina “identidad sustancial de sujeto pasivo, objeto y causa”. Aunque las demandas provienen de personas distintas y presentan matices diferentes en su redacción, la coincidencia de fondo era innegable. Dos jueces avanzando en paralelo sobre la misma controversia generaban un riesgo real : que produjeran órdenes contradictorias sobre una política de Estado en plena vigencia.
El traslado del expediente y lo que implica para los bombardeos
El auto fechado el 7 de septiembre resolvió el problema aplicando las reglas previstas para las tutelas masivas. Cuando varias acciones constitucionales se dirigen contra las mismas autoridades, tienen origen en los mismos hechos y comparten pretensiones coincidentes, la ley permite concentrar los procesos en manos del juez que primero asumió el caso. Así, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare decidió remitir todo el expediente al Juzgado 34 de Familia de Bogotá.
Esta decisión no es menor. El juzgado del Guaviare había admitido la tutela el 3 de septiembre y ya había adoptado una medida provisional de suspensión de operaciones. Que ese expediente viaje ahora a Bogotá significa que la capital concentrará la decisión final sobre una de las políticas más controvertidas del gobierno : el uso de bombardeos en zonas con presencia de menores reclutados.
Para entender la gravedad del contexto, vale recordar que este tipo de violencia no es aislado. El 27 de agosto, un atentado con explosivos en el peaje de Copacabana dejó 2 muertos y 2 policías heridos, lo que evidencia un patrón de violencia armada que sacude distintos puntos del país en paralelo a los bombardeos.
Las pretensiones de fondo que deberá resolver el Juzgado 34 de Familia de Bogotá incluyen, entre otras, las siguientes exigencias concretas :
- Suspender operaciones aéreas de bombardeo donde exista información verificada sobre presencia de menores reclutados.
- Obligar a la Presidencia y al Ministerio de Defensa a modificar sus protocolos de planeación operacional.
- Garantizar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario.
- Reconocer a los menores reclutados forzosamente como víctimas del conflicto, no como objetivos militares legítimos.
El presidente Abelardo De La Esperilla y la cúpula militar han presentado públicamente los resultados de estos bombardeos como éxitos operacionales. Sin embargo, la confirmación de muertes de menores por parte de Medicina Legal complica esa narrativa y le da sustento jurídico a las acciones constitucionales en curso.
Qué sigue en el proceso judicial y qué está en juego realmente
Francamente, el traslado del expediente a Bogotá no cierra nada : lo abre todo. El Juzgado 34 de Familia ahora tiene en sus manos no solo la tutela de Borda Parra, sino también los argumentos consolidados del expediente del Guaviare. La acumulación de pruebas, incluyendo la confirmación de tres menores muertos en la ‘Operación Amón’, construye un expediente más robusto del que habría enfrentado cualquiera de los dos juzgados por separado.
Lo que está en discusión va mucho más allá de dos acciones de tutela. El fondo del debate es si el Estado colombiano puede usar su poder aéreo sin protocolos ajustados al DIH cuando existen indicios de que menores forman parte de los grupos atacados. La respuesta judicial a esa pregunta establecerá un precedente con implicaciones operacionales directas para las Fuerzas Militares.
Para quienes siguen este proceso, el dato clave es este : el juzgado bogotano ya lleva más de una semana en conocimiento del caso desde el 2 de septiembre. Con el expediente del Guaviare ahora en su despacho, la presión sobre los tiempos procesales aumenta. Cada día que pasa sin una decisión de fondo es un día en que los bombardeos podrían continuar bajo los mismos protocolos que hoy se cuestionan ante la justicia.
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