El 24 de noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un acuerdo histórico que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Diez años después de ese momento, ¿dónde está Colombia en su camino hacia la paz ? La respuesta es incómoda : avances reales, pero también fracturas profundas que nadie debería ignorar.
Una década de implementación : lo que se ha logrado y lo que sigue pendiente
El Acuerdo de Paz no fue solo un cese al fuego. Su arquitectura abarca la reforma rural integral, la participación política de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional y las garantías de seguridad para las comunidades. Ese carácter global es, precisamente, su mayor fortaleza… y su principal vulnerabilidad.
En el plano positivo, la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado en el esclarecimiento de crímenes cometidos durante el conflicto, y miles de exguerrilleros se han reintegrado a la vida civil. Las cifras hablan : según datos del Consejo de Seguridad de la ONU, más de 13.000 combatientes dejaron las armas entre 2016 y 2020. Eso no es un detalle menor.
Sin embargo, la implementación ha sido desigual. La reforma rural sigue siendo la gran asignatura pendiente en amplias zonas del país, donde el Estado apenas tiene presencia real. Y esa ausencia crea un vacío que otros llenan.
| Área del acuerdo | Estado actual (2026) | Nivel de avance |
|---|---|---|
| Reforma rural integral | Implementación parcial en zonas rurales | Bajo |
| Reintegración de excombatientes | Más de 13.000 desmovilizados en proceso | Medio |
| Justicia transicional (JEP) | Activa, con casos emblemáticos abiertos | Medio-alto |
| Sustitución de cultivos ilícitos | Avances limitados, persistencia de coca | Bajo |
El narcotráfico y los grupos armados : la amenaza que no cede
Seré directo : el mayor obstáculo para consolidar la paz en Colombia no es político ni diplomático. Es la economía ilegal. El narcotráfico y la minería ilegal de oro siguen financiando a grupos armados que operan con total impunidad en territorios donde el Estado no llega. Esto no es opinión : es la realidad documentada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Estos grupos no solo trafican. Reclutan niños, desplazan comunidades y ejecutan a líderes sociales. El reclutamiento y uso de menores por parte de organizaciones armadas ilegales persiste como una de las violaciones más graves y sistemáticas de los derechos humanos en el país. Francia, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha expresado formalmente su preocupación por esta realidad.
Para entender mejor la evolución reciente de la guerrilla en Colombia y las negociaciones de paz, resulta indispensable analizar cómo estos actores armados se han reorganizado tras el acuerdo del 2016. Algunos exguerrilleros volvieron a las armas. Otros grupos llenaron el espacio dejado por las FARC. La violencia cambió de forma, pero no desapareció.
Los desafíos de seguridad que enfrenta el gobierno colombiano son reales y legítimos. Pero atenderlos únicamente desde la fuerza militar sería un error estratégico. El propio acuerdo ofrece una hoja de ruta integral para abordar las causas estructurales del conflicto, y abandonarla a medias sería desperdiciar una oportunidad histórica.
El rol de la comunidad internacional : verificación, respaldo y compromiso a largo plazo
Ningún proceso de paz sostenido se construye en solitario. La presencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas sobre el terreno en Colombia no es un trámite burocrático : es un activo concreto que acompaña la extensión de la autoridad del Estado en zonas históricamente abandonadas.
Francia ha respaldado esta misión de forma constante y ha votado a favor de su renovación en el Consejo de Seguridad. Este apoyo no es simbólico. La cooperación diplomática y el seguimiento internacional generan un marco de rendición de cuentas que resulta fundamental cuando los incentivos internos para cumplir el acuerdo flaquean.
El compromiso de implementación completa del acuerdo está proyectado hasta 2030. Quedan menos de cuatro años. Para que ese plazo no se convierta en letra muerta, la comunidad internacional debe mantener una presión constructiva, sin interferir en la soberanía colombiana, pero sin mirar hacia otro lado cuando los compromisos se incumplen.
- Mantener la Misión de Verificación de la ONU con recursos suficientes.
- Apoyar programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
- Reforzar la protección de líderes sociales y excombatientes amenazados.
- Impulsar la inversión rural en zonas afectadas por el conflicto.
La experiencia colombiana demuestra algo que merece subrayarse : la voluntad política compartida entre las partes es la condición sine qua non de cualquier proceso de paz exitoso. Cuando esa voluntad existe, el acompañamiento internacional puede marcar la diferencia. Cuando falta, ningún mecanismo externo puede suplirla.
Para Colombia, el reto de los próximos años no es solo sostener lo conseguido. Es convertir un acuerdo en papel en transformación real para los millones de personas que vivieron décadas bajo la violencia. Eso exige valentía política, recursos concretos y, sobre todo, constancia. Los procesos de reconciliación nacional no se miden en meses, sino en generaciones.
- Acuerdo de paz en Colombia : avances y desafíos a una década - noviembre 1, 2026
- Control militar en Bogotá : De La Espriella ordena en Sumapaz - octubre 29, 2026
- Bomba en frontera colombo-venezolana hiere a 4 policías - octubre 28, 2026
