El 8 de septiembre de 2026, en Barranquilla, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio firmó con el gobierno colombiano un memorando sobre minerales críticos. Durante casi dos meses, nadie supo qué contenía ese documento. Fue el senador de izquierda Kevin Gómez Paz, del Pacto Histórico, quien lo filtró el 24 de octubre en X, desatando una tormenta política que el ejecutivo de Abelardo de la Espriella claramente no esperaba.
¿La razón del secretismo ? Probablemente porque el texto, una vez leído, resulta incómodo. Según el medio colombiano La Silla Vacía, el acuerdo reserva a empresas e inversores estadounidenses un “acceso preferencial” a los proyectos mineros del país. No es cooperación entre iguales : es una relación asimétrica con condiciones muy concretas.
Un memorando que va mucho más allá de la cooperación bilateral
Técnicamente, este documento no es jurídicamente vinculante. Colombia no firma una obligación legal en sentido estricto. Pero, francamente, eso no lo hace menos preocupante. Los compromisos políticos de este tipo tienen una inercia real : una vez firmados, marcan el rumbo de las decisiones regulatorias y presupuestarias durante años.
El memorando exige tres cosas concretas a Bogotá :
- Notificar previamente a Washington cualquier oportunidad de inversión relacionada con activos mineros estratégicos.
- Acelerar, simplificar y desreglamentar la concesión de permisos mineros en todo el territorio nacional.
- Realizar modificaciones en las normas ambientales y sociales que actualmente regulan la actividad extractiva.
Este patrón no es nuevo en la región. Argentina, Ecuador, Perú y Chile firmaron documentos similares cuando llegaron al poder gobiernos de derecha. Washington está construyendo, bloque a bloque, una red de proveedores latinoamericanos de minerales críticos. La lógica detrás es clara : China controla el 91% del refinado de tierras raras a nivel mundial, y Estados Unidos lleva años buscando la forma de reducir esa dependencia estructural.
Lo que distingue el caso colombiano es la exigencia de notificación previa. Ningún otro acuerdo regional conocido había llegado tan lejos en materia de subordinación de la soberanía económica. Gómez Paz no exageró al hablar de “capitulación” : la palabra es dura, pero describe algo real.
| País | Acuerdo firmado | Gobierno |
|---|---|---|
| Argentina | Memorando minerales críticos | Ultraderecha |
| Ecuador | Memorando minerales críticos | Derecha |
| Perú | Memorando minerales críticos | Derecha |
| Chile | Memorando minerales críticos | Derecha |
| Colombia | Memorando + notificación previa | Ultraderecha (De la Espriella) |
El potencial minero colombiano : promesas reales, vacíos enormes
El gobierno de De la Espriella defiende el acuerdo con un argumento clásico : creación de empleo y dinamización de sectores estratégicos. Los minerales críticos son ingredientes esenciales en la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos y tecnología de defensa. Desde ese ángulo, posicionar a Colombia como proveedor tiene sentido económico.
El problema es que el país llega a esta carrera con una desventaja estructural seria. Colombia ha construido históricamente su economía extractiva sobre tres pilares : oro, carbón y esmeraldas. Tiene yacimientos de cobre y níquel, sí, pero carece de algo fundamental : una cartografía detallada de los recursos estratégicos de su subsuelo. No sabemos bien qué hay, dónde está ni en qué cantidad. Comprometerse a abrir ese subsuelo antes de conocerlo bien es, como mínimo, imprudente.
Para mí, este es el punto más débil del acuerdo. Prometer acceso preferencial sobre recursos que no han sido evaluados en profundidad deja a Colombia en una posición negociadora muy débil frente a inversores que sí cuentan con sus propios estudios geológicos.
El Amazonas en el centro de la disputa
La cláusula sobre modificación de normas ambientales y sociales es la que genera más alarma entre ecologistas y comunidades indígenas. Colombia alberga una porción significativa de la cuenca amazónica, uno de los ecosistemas más frágiles y biodiversos del planeta. Flexibilizar los estándares de protección ambiental para facilitar permisos mineros en esas zonas no es solo un riesgo ecológico : es una apuesta que ya ha salido muy cara en otros países de la región.
Perú lo vivió en la década de 2010, cuando la presión por los permisos acelerados generó conflictos sociales graves en zonas como Cajamarca. Las comunidades locales pagaron el precio de decisiones tomadas en capitales lejanas con intereses muy distintos a los suyos.
En Colombia, el riesgo se multiplica porque el conflicto armado no ha desaparecido del todo. Zonas ricas en minerales coinciden con territorios donde aún operan grupos armados, lo que convierte la explotación acelerada en una receta para tensiones adicionales. El Ejército venezolano bombardeó recientemente posiciones del ELN bajo presión de Washington : la geopolítica regional se está reconfigurando con rapidez, y Colombia está atrapada en ese tablero.
Lo que ningún memorando resuelve es la pregunta de fondo : ¿quién decide qué se extrae, dónde y a qué ritmo ? Mientras esa respuesta la den en Washington antes que en Bogotá, el debate sobre soberanía minera seguirá siendo urgente, y la presión de la sociedad civil colombiana sobre este acuerdo, completamente justificada.
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