La reciente eliminación de Oliverio Isaza, conocido como “El Terror”, ha destapado una compleja red de conexiones entre exfuncionarios policiales, empresas de seguridad privada y grupos criminales en Colombia. Este suceso, ocurrido el 22 de febrero de 2025, ha puesto de manifiesto un sistema de corrupción que facilita armamento y documentación legal a organizaciones delictivas como el Clan del Golfo.
La caída del “Terror” revela un entramado criminal sofisticado
El abatimiento de Oliverio Isaza por fuerzas militares colombianas mientras regresaba de una celebración ha expuesto un esquema criminal alarmante. El operativo militar que acabó con la vida del narcotraficante reveló que este criminal, responsable de sembrar el caos en el noroeste del país, contaba con certificación oficial como escolta de seguridad privada.
Esta credencial le otorgaba el privilegio de portar armas legalmente, una situación que ha encendido las alarmas en las autoridades colombianas. La investigación posterior desveló que Isaza no representaba un caso aislado, sino que formaba parte de una red criminal sistemática que utiliza empresas de seguridad como fachada para suministrar armamento, municiones y salvoconductos a grupos ilegales.
El presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse sobre este descubrimiento a través de la plataforma X, señalando que “la muerte de Isaza revela un nuevo hecho de corrupción política y criminal. Muchas empresas de seguridad son en realidad las fachadas de bandas multicriminales”. Esta declaración presidencial subraya la gravedad de una situación que amenaza los esfuerzos de paz en Colombia, donde las capturas de líderes guerrilleros y estos vínculos criminales complican el panorama de seguridad nacional.
El fenómeno de infiltración criminal en el sector de seguridad privada
La infiltración de elementos criminales en el sector de seguridad privada colombiano presenta características alarmantes que merecen análisis detallado. Las empresas de seguridad comprometidas operan como entidades legítimas mientras facilitan recursos a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más poderoso de Colombia.
Este fenómeno se manifiesta en varios niveles de operación criminal:
- Certificación oficial de criminales como guardaespaldas legítimos
- Provisión de armamento regulado a grupos delincuenciales
- Emisión de documentación legal que facilita la movilidad
- Infiltración de exmiembros de fuerzas de seguridad en redes criminales
- Establecimiento de empresas fachada con apariencia de legalidad
Las investigaciones han revelado que numerosos exoficiales de policía encuentran en estas empresas una vía para capitalizar sus conocimientos en seguridad, pero desafortunadamente algunos terminan estableciendo vínculos con organizaciones criminales. Este círculo vicioso perpetúa la violencia en regiones donde el Estado colombiano lucha por mantener su presencia efectiva.
| Tipo de infiltración | Modus operandi | Impacto en seguridad nacional |
|---|---|---|
| Empresas fachada | Operación legal aparente con vínculos criminales encubiertos | Alto – Legitimación de actividades ilícitas |
| Expolicías corruptos | Aprovechamiento de conocimientos y contactos institucionales | Severo – Compromete la integridad institucional |
| Certificación fraudulenta | Otorgamiento de credenciales a criminales conocidos | Crítico – Arma el crimen organizado legalmente |
Las repercusiones en comunidades afectadas por la narcoviolencia
En las zonas donde operaba Isaza, particularmente en el noroeste colombiano, las comunidades experimentan una realidad contradictoria. Las celebraciones fúnebres por la muerte del narcotraficante evidencian el control territorial y social que estos criminales ejercen sobre poblaciones vulnerables. Este fenómeno refleja la compleja relación entre comunidades empobrecidas y figuras criminales que, a menudo, suplen la ausencia estatal mediante economías ilícitas.
Las aldeas bajo control del Clan del Golfo viven en un estado de normalización de la violencia donde la línea entre protección y opresión se desdibuja constantemente. Los habitantes se encuentran atrapados entre la lealtad forzada a grupos criminales que ofrecen cierta estabilidad económica y el anhelo de una presencia estatal efectiva que garantice seguridad sin represalias.
El caso de Oliverio Isaza ilustra perfectamente esta dualidad: mientras sembraba terror como miembro del grupo narcotraficante más poderoso del país, simultáneamente ostentaba credenciales oficiales como escolta. Esta doble identidad refleja la penetración de elementos criminales en estructuras supuestamente diseñadas para brindar seguridad.
Desafíos para la seguridad nacional y perspectivas futuras
El descubrimiento de esta red de corrupción que conecta exfuncionarios policiales, empresas de seguridad y organizaciones criminales plantea retos significativos para Colombia. La infiltración criminal en el sector de seguridad privada representa una amenaza directa a los esfuerzos gubernamentales por restablecer el control territorial en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
El gobierno colombiano enfrenta una tarea monumental para:
- Identificar y desmantelar empresas de seguridad comprometidas con redes criminales
- Reformar los protocolos de certificación para escoltas y personal de seguridad
- Establecer mecanismos de supervisión más estrictos sobre armamento regulado
- Prevenir la infiltración de exmiembros de fuerzas de seguridad en organizaciones delictivas
- Fortalecer la presencia estatal en territorios dominados por grupos armados
Este escándalo representa una oportunidad para reevaluar el modelo de seguridad privada y su interacción con instituciones estatales. La transformación requerirá voluntad política para enfrentar intereses establecidos que se benefician del status quo, mientras se implementan estrategias integrales de desarrollo que ofrezcan alternativas viables a las economías ilícitas en regiones históricamente marginadas.
